Anteayer, a tres kilómetros de la ciudad de Los Sauces en La Araucanía, se vio el resultado de años de pésimas políticas para el manejo del terrorismo y la violencia en el sur de Chile: un agricultor debió defender su vida de quienes lo atacaron, con resultado de muerte para dos de los asaltantes, un tercero que huyó herido, y el mismo agredido con dos balas de grueso calibre en un brazo, herido mientras el resto del grupo de violentistas huía del lugar en una camioneta robada en otro “hecho delictual” el domingo anterior en la cercana localidad de Pailahueque.
Los atacantes muertos eran parte de un grupo que actuó impunemente a las 5 y media de la tarde, encapuchados y organizados, y ambos tenían amplio prontuario policial. Uno de ellos, Luis Marileo Cariqueo, fue condenado a 10 años de presidio por el asesinato del parcelero Héctor Gallardo Aillapán en Ercilla, en septiembre de 2012, e inexplicablemente se le otorgó la libertad condicional en noviembre del año pasado, a pesar de haber participado en una huelga de hambre, de haber sido castigado por golpear a un gendarme y de no haber cumplido ni siquiera la mitad de su condena.
El contingente policial en el lugar de los hechos la noche del sábado era enorme, pero al transitar por los caminos de la zona después de retirarnos del lugar no nos cruzamos con ningún vehículo policial ni menos con un punto de control. Ya el domingo anterior, cuando se produjo el robo de cuatro tractores y la misma camioneta que se usó este sábado en Los Sauces, el helicóptero solicitado a Carabineros no voló hasta avanzada la tarde por supuestas condiciones meteorológicas adversas (en un día totalmente despejado). La investigación del hecho quedó en manos de Carabineros, aun cuando las pesquisas por el robo de tractores y la famosa camioneta está en manos de la PDI. ¿No sería lo lógico que la misma entidad investigara los dos hechos, dado que están relacionados?
La prensa logró filmar y fotografiar la escena del delito en Los Sauces sólo después de la presión ejercida por quienes estábamos en el lugar y después de más de cuatro horas. ¿Y la libertad para informar, dónde quedó? A pesar de todo lo anterior, las autoridades de Gobierno han clasificado el hecho como un “lamentable hecho delictual”. No puedo dejar de pensar que si no hubiésemos estado varios testigos en el lugar esa noche por varias horas a lo mejor lo ocurrido ni siquiera habría trascendido a la opinión pública, o de frentón habría sido tergiversado. Basta ver cómo poco después del ataque los dos atacantes han sido erigidos como nuevas víctimas de la represión al pueblo mapuche en medios indigenistas y cómo seguramente los próximos días tendremos diversas manifestaciones a favor de estos jóvenes, que son parte de esa generación cooptada por quienes los tienen convencidos de defender una supuesta causa a cualquier costo, usando métodos que incluyen la violencia y el asesinato, todo en pro de una ideología que usa el nombre “mapuche” para justificar sus acciones.
Lo sucedido es la crónica de una muerte anunciada, pues se veía venir el día en que un agricultor se defendería a balazos de un ataque a su predio: Werner Luchsinger lo hizo y murió por ello. Ignacio Gallegos tuvo mejor suerte. Pero la violencia no terminará mientras los Gobiernos sean tuertos e ineficientes para enfrentarla. Ya sea por afinidad o por temor al costo político y a la opinión pública internacional, los Gobiernos hasta hoy han sido cómplices en una situación que está fuera de control. ¿Hasta cuándo?
María Gloria Naveillán Arriagada, secretaria ejecutiva Asociación Gremial de Agricultores Victoria-Malleco
FOTO: MANUEL ARANEDA/AGENCIAUNO