Debemos agradecer que la Ilustrísima Corte Suprema de Justicia haya decidido “hacerle la pega” a la Cancillería, introduciendo un mínimo de juridicidad a su incomprensible política internacional de Derechos Humanos y por lo menos obligar a una gestión ante la Organización de Estados Americanos.
Publicado el 20.11.2015
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La noticia no deja de impactar: el hecho de que haya tenido que intervenir la Corte Suprema de Justicia para que el gobierno de la Nueva Mayoría mueva un dedo para detener la flagrante violación de los Derechos Humanos de los presos políticos en Venezuela, suma otra arista a la mala gestión en política exterior. Lo advertimos en esta misma columna al comentar el comunicado que emitió la Cancillería en su momento, al conocerse la sentencia contra Leopoldo López, con una pieza magistral de lo que la Real Academia Española de la Lengua define como “cantinflear”, es decir: “hablar de forma disparatada e incoherente y sin decir nada”. En abierta contradicción a la reacción del gobierno en esa oportunidad, tres ex Presidentes hicieron declaraciones urgiendo la adopción de una línea clara para condenar los atropellos del régimen chavista en Venezuela. Hay muchos temas que admiten diversas opiniones, pero casos tan groseros como la situación de los Derechos Humanos bajo el régimen de Nicolás Maduro tocan principios que no se transan. Pero la Cancillería, como si oyera llover…

A quien conduce la política exterior poco y nada le importaron las opiniones de expertos nacionales e internacionales, el testimonio de víctimas y sus familiares, analistas y observadores independientes. Ni siquiera quisieron escuchar las de los ex mandatarios de su propia coalición, sobre un tema urgente y delicado. Que hubiera tenido que intervenir la Corte Suprema para que el gobierno acepte la idea de que los Derechos Humanos se protegen en virtud de una jurisdicción universal, es una vergüenza. Más aun, si se ha proclamado profusamente la noción de que la protección de los derechos fundamentales es una prioridad de su gestión.

Pero no todo lo explica la incompetencia. En este caso, el asunto es más grave aún, pues la negligencia que se ha instalado en la Cancillería para no actuar en defensa de los derechos básicos y fundamentales de los perseguidos en Venezuela, se alimenta en la decisión política de dejar los asuntos de Derechos Humanos en manos del Partido Comunista (PC). Ello explica la incorporación del ex embajador Eduardo Contreras a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, tras su controvertida gestión “diplomática” en Uruguay. Para todos los efectos prácticos, el PC pareciera tener un “poder de veto” similar al que ejercen los miembros permanentes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con la diferencia que en la ONU ese poder se reparte entre cinco potencias, admitiendo la posibilidad de equilibrios y transacciones. En cambio el poder de veto del PC en el gobierno, no tiene contrapesos y siendo una clara minoría, el PC se impone por sobre la mayoría ciudadana. Es el caso de la política seguida en relación con el gobierno de Maduro y que se aplicaría de manera generalizada a los países de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), de no mediar la demanda boliviana contra Chile en la Corte Internacional de La Haya.

En este punto surge un factor que aparece invariablemente cada vez que se analiza la gestión de este gobierno, en sus diversas aéreas de acción. Ese factor no es otro que el de la extrema ideologización, que prevalece como un denominador común que distorsiona toda la acción gubernamental, incluida la política exterior. Esa excesiva ideologización ha conducido al gobierno a profundizar los errores en su acción internacional, pues las visiones sectarias le han llevado a una lectura parcial y equivocada de lo que se puede prever y anticipar en la conducta e interacción con los actores más relevantes a nivel vecinal, regional y mundial.

Debemos agradecer, entonces, que la Ilustrísima Corte Suprema de Justicia haya decidido “hacerle la pega” a la Cancillería, introduciendo un mínimo de juridicidad a su incomprensible política internacional de Derechos Humanos y por lo menos obligar a una gestión ante la Organización de Estados Americanos. Hay que señalar que los países del ALBA se han restado a la acción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por lo tanto las gestiones que haga el Gobierno de Chile ante la OEA no garantizan que el pomposo, pero devaluado “Sistema Interamericano”, pueda ejercer algún tipo de acción concreta y efectiva en favor de los perseguidos en Venezuela. Pero en contraste con el inmovilismo negligente que ha demostrado la Cancillería de Chile hasta la fecha, cualquier gestión es buena, si lo que está en juego es nada menos que la plena vigencia de los Derechos Humanos, en un país que acogió a miles de asilados chilenos, defendiendo precisamente, esos derechos.

 

Jorge Canelas, Cientista Político, Embajador (r).

 

FOTO: JORGE FUICA/AGENCIAUNO