Esta acción cautelar se encuentra en el corazón de la actual Constitución Política –texto que se pretende eliminar y reemplazar por otro- no existiendo, a lo menos a nivel del público en general, un debate respecto a su permanencia.
Publicado el 18.02.2016
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Se cumplen 40 años desde el nacimiento del Recurso de Protección en Chile. El Acta Constitucional Nº3 de 1976 le da vida. No existe parangón equivalente en nuestro país de un mecanismo más eficiente y eficaz de protección de los derechos de las personas frente al Estado y frente a terceros que esta herramienta cautelar.

Se ha dicho que el Recurso de Protección ha sido “la innovación más importante incorporada por el derecho chileno” desde que surge como nación independiente, a diferencia del Transantiago, que fue catalogada como “la peor política pública que se haya aplicado en Chile”. No deja de ser relevante revisar quiénes son los autores de una u otra institución: el primero nace como una acción concreta de los que creen en una sociedad libre que quiere enfrentar los abusos y arbitrariedades de la administración en defensa de su autodeterminación; el segundo por los que creen en el estatismo como modelo de sociedad y que ven a las personas como partes del engranaje de las políticas que se quieren imponer de manera mesiánica.

Esta acción cautelar, que se conmemora este año, se encuentra en el corazón de la actual Constitución Política –texto que se pretende eliminar y reemplazar por otro- no existiendo, a lo menos a nivel del público en general, un debate respecto a su permanencia.

Por lo demás, es claro que no debe estar en la cabeza del futuro “constituyente” su mantención en los términos actuales, ni menos recuperar su genuino valor o notable aplicación por nuestros tribunales en la década de los noventa. Por el contrario, dado su origen, es predecible que no esté “el ambiente” para instar por el perfeccionamiento, buen uso e, incluso, mantención del Recurso de Protección.

El descrédito de este recurso viene de la mano con la ideología dominante y con la ingenuidad de los que, como suponemos con buenos propósitos, han y están participando en la construcción de una “Nueva Constitución”, que podrían ver en este recurso una herramienta concreta de limitación del poder, y al  que, ya desde hace algunos años, se le ha quitado el valor de antídoto contra la arbitrariedad estatal.

Las riquezas de esta herramienta de protección de las personas son muchas, y provienen de la concepción política-filosófica de los que le dieron origen, propia de una tradición de protección concreta a la persona y no de meras declaraciones (sobre este tema sugerimos ver lo que dijimos en una columna en este medio el 14 de enero recién pasado). Dijimos que “por perfecta que sea una declaración de derechos, estos resultan ilusorios si no se consagra los recursos necesarios para su efectiva protección”. En otras palabras, otorgar un derecho, conformándose con la mera declaración solemne, sin reconocer una acción jurídica eficaz para garantizarlo, son, únicamente, palabras sin contenido.

Cruzamos décadas del siglo XX sin tener una verdadera herramienta para proteger a la persona del Estado y de su discrecionalidad para actuar, quien, con la justificación de obrar velando por el bienestar general, hizo uso y abuso de dicha discrecionalidad incluso impidiendo la revisión judicial de sus propias actuaciones.

Por eso resulta incomprensible que no exista una mayor preocupación –o siquiera un debate- que inste a mantener esta acción que, por demostración empírica, ha sido la incorporación jurídica que más beneficios ha generado a quienes han tenido la necesidad de utilizarla (los recursos contra las Isapres, por ejemplo, lo demuestran).

Contrario a lo anterior, surge la defensa y hasta la reciente conmemoración como una “efeméride” plausible a “la peor política pública que se haya aplicado en Chile” como es el sistema de transporte de la ciudad de Santiago, al cual se le mantiene vivo de manera artificiosa, girando y girando contra el erario público.

La miopía de las autoridades no les permite ver en perspectiva: la defensa general de los derechos de las personas es mucho más importante que un diseño de transporte de una ciudad en particular. Parece que nos hemos acostumbrado a tener el “foco perdido”, ignorando lo medular, al seguir únicamente la costumbre de algunos políticos que ven, como hábito de conducta, vociferar en la medida del rédito de popularidad y no sobre lo significativo.

No es la idea de esta columna explicar el detalle jurídico del recurso de protección. Genuinamente cada persona sabe cuándo se afecta un derecho que emana de su naturaleza (como la vida, la libertad en todos sus ámbitos, la propiedad, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, entre otros).

Sin duda, a lo largo de estas cuatro décadas han habido avances y retrocesos en esta institución, pero hoy no hay debate respecto a su continuidad. Tampoco nuestra judicatura ayuda (sobre este tema sugerimos ver lo que dijimos en una columna en este medio el 1º de noviembre de 2015). El “estatismo judiciario” ha desvirtuado el recurso de protección, como herramienta de protección a la persona, al incorporar requisitos y exigencias que buscan limitar su ejercicio por la vía de una “norma interna” como es un Auto Acordado, lo que ha llevado a que hoy esté radicado en el Tribunal Constitucional el análisis de las garantías individuales de las personas, mediante un mecanismo distinto -necesario sin duda- pero más complejo como la denominada “inaplicabilidad”, que se aleja del objetivo inicial: brindarle a las personas una protección inmediata en las Cortes del país.

Nada más tentador para toda autoridad que no minen su feudo de poder, surgiendo, actualmente, una creciente traslación de los debates a los temas propios de la orgánica y engranaje del aparato estatal, en desmedro de instar por blindar a las personas de una herramienta accesible, rápida y eficaz para proteger sus derechos.

Sin esa arma, cualquier buena intención no pasará más allá, o cualquier nuevo derecho que se establezca, quedándose solo en el discurso o en la letra de una “Nueva Constitución” que, como ha sido la tónica de las Constituciones hechas por aquellos que ven al Estado como la solución a todo problema humano, se le garantiza escasa vida, más en un país de profunda tradición de la defensa de la libertad como es Chile. Con estas reflexiones, llamamos solo la atención del lector recordando el cumplimiento de 40 años de vida del Recurso de Protección. Esperamos que esta efeméride sirva para alentar el debate sobre su perduración en nuestro país.

 

Rodrigo Riquelme Yáñez, Abogado, Magíster en Derecho.

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO