La recientemente dada a conocer encuesta del Centro de Estudios Públicos una vez más dejó en evidencia los temas que más le preocupan a la población. Subiendo del segundo al primer lugar y manteniéndose en los top 5 desde el regreso a la democracia, la seguridad pública sigue siendo prioridad para los chilenos. Adicionalmente, la encuesta menciona la nota que le ponen los chilenos al gobierno en su primer año de gestión en diversos temas, donde la delincuencia queda entre los últimos tres con una calificación de 2,9. A esto se le suma que un 55% de las personas consideran que la Presidenta Bachelet está gobernando peor de lo que esperaba y un 56% desaprueba la forma cómo está conduciendo su gobierno. Asimismo, la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), el mejor instrumento para medir la delincuencia en nuestro país, mostró un estancamiento en la reducción de la victimización.
En este contexto resulta interesante realizar un análisis respecto del discurso pronunciado el pasado 21 de mayo ante el Congreso Nacional y el país completo, donde la Presidenta y su gobierno dieron cuenta –en sus propias palabras– de “la marcha del gobierno y del momento histórico que vive nuestro país”.
Si bien era esperado que se le diera énfasis a las reformas estructurales tan anunciadas y recordadas por el gobierno –reformas educacional, tributaria y constitucional–, la ciudadanía, inevitablemente y tímidamente optimista, anhelaba un paso más allá. Lamentablemente ello no ocurrió. Sólo después de una hora y diez minutos de discurso la Presidenta mencionó el tema de seguridad pública, y prosiguió sin dedicarle más de tres minutos al tema prioritario para la población. De las casi 16.500 palabras expresadas por la Mandataria, menos de 200 fueron para contar qué se ha hecho o qué se pretende hacer para disminuir la victimización. Un 1,21% del discurso para 46 puntos de preocupación parecen insuficientes.
Pero el problema va más lejos. Porque no siempre importa la cantidad si viene con calidad. Pero lo que se dijo sobre seguridad ciudadana no estuvo a la altura de lo que esperan los chilenos. Por ejemplo, vuelve a destacarse el Plan Comunal de Seguridad Pública como un eje fundamental en este ámbito, pero hay buenas razones –al menos la evidencia del muy similar Plan Comuna Segura el cual, tras su mala evaluación, fue eliminado en 2011– para mantenerse escépticos respecto del real impacto de éste. Por lo demás, no conocemos estudios sobre el diseño, implementación y resultados esperados de este programa. Sabemos que las buenas intenciones en políticas públicas –en este caso, un mayor rol de los gobiernos locales en prevención– no sirven si no están basadas en evidencia.
Un segundo ejemplo se encuentra en la mención al “Programa 24 Horas”. Con todo, aquí hay un doble error: el Programa 24 Horas no es un programa, más bien un sistema de recopilación de información de Carabineros de Chile, el cual fue implementado durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet y ha sido eficiente y eficaz para el diseño y focalización de políticas. Pero la Presidenta no se refería a esto. Ella estaba hablando del programa Vida Nueva –específicamente la Terapia Multisistémica–, programa de prevención terciaria (para niños, niñas y adolescentes que ya han tenido contacto con la justicia) implementado durante el gobierno del ex Presidente Piñera y el cual ha sido bien evaluado y continuado durante esta administración.
Hoy, hay evidencia contundente y suficiente para sostener que la prevención (específicamente la secundaria, dirigida a niños, niñas y adolescentes que presentan factores de riesgo por lo que tienen mayor probabilidad de entrar en una senda delictual) es la mejor fórmula en el largo plazo para disminuir la victimización. Sin embargo, en el discurso sólo se mencionó para equipararla al control de la delincuencia, sin considerar que hoy se está ante un momento propicio para fortalecerla, ampliando los recursos destinados a la prevención y la cobertura de sus beneficiarios.
La seguridad es un derecho, y en una democracia representativa es el Estado quien debe asegurar que sus ciudadanos puedan convivir en paz. Si bien hemos avanzado considerablemente durante la última década en esta materia, los chilenos continúan exigiendo medidas que mejoren su calidad de vida y, hoy, su prioridad es la seguridad.
Pía Greene, experta en seguridad y ex asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO