El discurso presidencial del 21 de mayo fue otro portazo a las tierras sureñas y su gente, otro gesto de indiferencia de la autoridad a una región con problemas severos.
Publicado el 28.05.2016
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El mensaje presidencial del 21 de mayo no sólo dio de qué hablar por su contenido (o por lo que derechamente no se mencionó), sino también por lo ocurrido en las calles de Valparaíso con los ya habituales disturbios y desmanes, los que en esta ocasión se caracterizaron por una violencia aún mayor que en años anteriores.

Pero vamos por parte. El discurso de Michelle Bachelet, tal como ha sucedido con otros mandatarios, se distingue, entre otras cosas, por ser una oportunidad en que se comunican nuevos anuncios, se ratifican otros y, en general, se bosqueja la ruta que seguirá el gobierno de turno. Es por tal motivo que muchos cobijábamos la esperanza (escasa, hay que reconocerlo, porque las señales de esta administración jamás han sido auspiciosas) de que la Presidenta consignara en sus palabras más de alguna mención a La Araucanía, región que, como sabemos, mantiene una cesantía considerable y altos índices de pobreza, además de la ya incesante violencia ejercida por grupos mapuche radicalizados.

Lamentablemente, aunque en definitiva no resultó para nada extraño, lo único relacionado con la IX Región fue el anuncio que la Mandataria hizo con respecto a la construcción de una ciclovía. El resto de los temas, esos que una mínima sensatez indica que requieren respuestas y soluciones prontas, lisa y llanamente fue olvidado o quizá omitido de manera deliberada. La Araucanía es permanentemente por atentados, con vehículos, maquinarias, iglesias y capillas quemadas, zonas donde es frecuente que los caminos sean bloqueados con árboles, Carabineros y civiles heridos, con campos y parcelas atacadas, incluso con grupos extremistas que abiertamente se adjudican estos hechos (como la CAM y Weichan Auka Mapu). Por ello, resulta entonces incomprensible y sospechoso que la Presidenta de Chile no haga ni una sola referencia a lo anterior.

Esto nos lleva a asumir que a la máxima autoridad no le interesan mayormente los graves problemas de nuestra querida región, o sencillamente “tiró la esponja” con respecto a La Araucanía, o derechamente no somos (o nunca fuimos) prioridad para su gobierno (o tal vez  ella no quiso tomar este “fierro caliente” y ha preferido desentenderse desde el inicio de su mandato).

Sea como sea, la ausencia de la IX Región en el discurso presidencial es otro portazo al ya herido rostro de estas tierras sureñas y al de su gente, otro gesto de indiferencia de las actuales autoridades y que nos hacen entender, con tristeza y a la vez impotencia, que así seguirá siendo en lo que queda de este gobierno. 

Por otro lado, como ya lo señalamos al inicio de esta columna, consideramos oportuno mencionar lo sucedido en las calles de Valparaíso durante este decepcionante mensaje del 21 de mayo. La violencia de aquel día, de la que todo el país fue testigo, es inaceptable, pero lamentablemente no resulta en absoluto extraña. En Chile los encapuchados hacen lo que quieren y bajo una impunidad casi completa. Bien lo sabemos en La Araucanía, donde periódicamente sujetos a rostro cubierto atacan en los campos y caminos rurales, como lo hemos reiterado ya tantas veces.

El sábado en la ciudad puerto murió Eduardo Lara, un guardia municipal de 71 años, como consecuencia de un incendio causado por una bomba molotov lanzada por encapuchados que participaban de las protestas en las calles. Desgraciadamente no sorprende, es casi una crónica de una muerte anunciada. La violencia ejercida por estos grupos minoritarios, y que muchas veces han sido defendidos incluso por algunos sectores con el muy mal pretexto de la libertad de expresión (y en otras ocasiones justificados como el resultado de la “represión” policial -el Instituto de Derechos Humanos lo repite a menudo-), debe ser tratada con la seriedad y firme disposición que el problema amerita y luego erradicada sin titubeos ni ambigüedades.

La muerte de Eduardo Lara en Valparaíso, así como también, por ejemplo, el crimen de los Luchsinger Mackay en La Araucanía, son hechos que comparten la misma génesis: violentistas sin ningún control. Y esta vorágine, este clima de inseguridad que estamos padeciendo, si no se detiene a tiempo, será aún más difícil de contener y extinguir (de lo que ya es) si las autoridades y la justicia siguen insistiendo en llamarlo delincuencia común.

No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice el refrán. Es por tal motivo que este gobierno, encabezado por la Presidenta Bachelet, desde hace mucho que necesita una urgente visita al oculista. De lo contrario, continuará tropezando y, de paso, llevará al país a un peligroso punto de no retorno al cual ya empezamos a dirigirnos, ése en el que los delincuentes, encapuchados y violentistas pareciera que tienen más derechos que los ciudadanos que lo único que quieren (y merecen) es vivir protegidos y sin miedo.

 

Alejandro Martini Iriarte, Movimiento Paz en La Araucanía.

 

 

FOTO:PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO