Si el actual gobierno quiere demostrar que es un gobierno pro-competencia, y no un gobierno corporativista, deberá dejar de lado el argumento del vacío legal, y adaptar la regulación para permitir el funcionamiento de una empresa que ha demostrado ser más que competitiva, y cuyo ingenioso sistema le está ganando a las anticuadas regulaciones estatales.
Publicado el 02.04.2016
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Ha sido noticia en las últimas semanas las manifestaciones de agrupaciones de taxistas contra la empresa de transporte Uber, quienes reclaman que la empresa con sede en California estaría realizando una competencia desleal. En una reciente entrevista publicada en La Tercera, se reveló que el Ministerio de Transporte no sólo solicitó el cese total de las operaciones de Uber en el país, sino que además afirmó que no los ayudaría.

Ante la situación, cabe preguntarse por qué Uber ha desatado el enojo del gremio de los taxistas y por qué ha tenido tanto éxito entre los consumidores. Taxistas en Nueva York, París, Buenos Aires y ahora Santiago se han manifestado en contra de la empresa. El principal motivo es que Uber no sólo les está quitando una porción relevante del mercado, sino que además está provocando una fuerte devaluación en el precio de las licencias o permisos que exigen los gobiernos para poder operar en el rubro. En Nueva York, se reporta una pérdida de hasta el 50% del valor de las licencias (que llegaron a costar por sobre el millón de dólares), las cuales en algunos casos se utilizaban como colateral para asegurar el pago de créditos de consumo, por lo que banqueros y prestamistas tampoco están contentos. En Chile, según un reportaje de El Mostrador, en 2014 el precio de una licencia se elevaba por sobre los once millones de pesos. En 2015 se congeló el parque de taxistas por un periodo de cinco años, lo cual generó expectativas al alza en el valor de las licencias ya existentes en el país, pero la llegada de Uber al país terminó provocando el efecto contrario.

Así, los taxistas alegan que los conductores de Uber también deberían pagar este costo, pues prestarían el mismo servicio que ellos. Sin embargo, no debemos caer en el error de catalogar a Uber como transporte público. Para poder hacer uso del servicio de Uber es necesario registrarse en el sitio web de la empresa, contar con una tarjeta de crédito, y con un celular smartphone con conexión a internet. Todo lo anterior dista del concepto de transporte público, pues mientras un taxi de techo amarillo puede ser tomado por cualquier persona que disponga de dinero en efectivo, el servicio de Uber tiene una serie de restricciones que jamás podría cumplir la totalidad de la población, siendo quizás la más ejemplificadora la necesidad de contar con una tarjeta de crédito, pues, para poder acceder a una línea de crédito, los bancos e instituciones financieras suelen exigirle a sus clientes ciertos requisitos (tener un cierto nivel de ingresos, historial de morosidad, etc.), lo cual automáticamente limita la cantidad de personas que pueden acceder al servicio. Además, el usuario de Uber que solicita un vehículo no le genera una obligación a nadie, pues los conductores pueden aceptar o rechazar el pedido (dado que es una transacción entre privados), mientras que el taxista que es requerido por un pasajero no puede negarse a transportarlo, precisamente por su carácter de transporte público.

Desde el gremio de los taxistas se alega también que Uber no prestaría un servicio de calidad, pues no estarían sometidos a las mismas regulaciones que ellos. Sin embargo, Uber presenta una serie de ventajas con respecto al taxi tradicional, que explican su éxito en todos los países donde se ha instalado la empresa. En primer lugar está la comodidad de pedir el servicio sin tener que salir a esperar suerte en la calle, sino que permitiendo al usuario esperar en la tranquilidad de su hogar, pudiendo visualizar exactamente en qué punto se encuentra el vehículo que lo recogerá (con el respectivo modelo, marca y patente del automóvil), recibiendo además el nombre y número telefónico del conductor. En segundo lugar, está el hecho de que entre conductor y pasajero no hay intercambio de dinero: como el sistema opera en base a tarjetas de crédito, las transacciones son virtuales (técnicamente el pago lo recibe Uber, que después de tomar una comisión del 20%, le deposita con posterioridad al conductor), lo que hace el viaje más seguro tanto para el conductor (que no porta dinero en su vehículo) como para el usuario, evitando por un lado robos y asaltos, y por otro lado evitando el ya clásico problema del vuelto en los taxis, que da lugar a las extendidas malas prácticas como los “cambiazos” de billetes o el redondeo hacia arriba de la tarifa. También, y quizás uno de los puntos más interesantes del servicio, es el sistema de calificaciones, donde tanto usuarios como conductores se evalúan mutuamente, permitiendo a Uber eliminar del sistema a los conductores con bajas calificaciones (se les exige un mínimo de 4,5 de un máximo de 5 para permanecer en la empresa), y a los conductores tomar sólo pasajeros que tengan una buena reputación, mejorando el trato entre conductor y pasajero. Otro punto a favor es que los conductores utilizan un GPS que les entrega por defecto el camino más rápido (aunque los conductores suelen preguntarle a los pasajeros si prefieren tomar otra ruta que ellos conozcan), y al final del viaje reciben en sus correos electrónicos un recibo con el detalle del tramo recorrido y el tiempo de viaje. Lo anterior ayuda a evitar sorpresas en la tarifa final, junto con una herramienta que le permite al usuario obtener una estimación de la tarifa, incluso antes de solicitar un vehículo. La tarifa se calcula por medio de un multiplicador (una simple operación matemática para calcular el costo según la distancia y el tiempo recorrido), previamente conocido por el pasajero y detallado en cada uno de los recibos, lo que evita cobros abusivos. Por último, la empresa exige que los vehículos de sus conductores tengan una determinada antiguedad, por lo que la mayoría son relativamente nuevos. Lo anterior no sólo implica mayor comodidad y seguridad (pues además cuentan seguros de accidentes), sino que también mejores estándares medioambientales en los vehículos. Sumado a esto, el hecho de que el sistema funcione en base a demanda evita que los conductores estén todo el día recorriendo las calles en busca de pasajeros, lo que no sólo hace que los costos (y precios) de Uber sean menores al del taxi, sino que también generen un aún menor impacto medioambiental.

Los gobiernos, en general, parecen estar del lado del gremio de los taxistas. Y es obvio; los taxistas son una fuente de ingresos para los gobiernos, y además cuentan con medidas de presión (tales como el bloqueo de calles y autopistas) que hacen que los gobiernos busquen su beneplácito. Así, los burócratas están buscando maneras de ampliar las múltiples e innecesarias barreras de entrada existentes (como las ya mencionadas licencias o permisos), que impiden la llegada de nuevos competidores, y a la vez, el avance tecnológico. Esto no tiene otro nombre más que corporativismo: gobierno y taxistas en contra de la competencia y del consumidor.

Uber presta un servicio de alta calidad y en muchos casos a un menor precio que el taxi tradicional (al menos en su versión económica, llamada UberX), siendo una alternativa para aquellos que pueden acceder al servicio. Si el actual gobierno quiere demostrar que es un gobierno pro-competencia, y no un gobierno corporativista, deberá dejar de lado el argumento del vacío legal, y adaptar la regulación para permitir el funcionamiento de una empresa que ha demostrado ser más que competitiva, y cuyo ingenioso sistema le está  ganando a las anticuadas regulaciones estatales.

 

José Pablo Manríquez Erices, Estudiante de Derecho