Si esta reforma se hace en nombre de mayor justicia para los trabajadores, entonces no sé qué se está entendiendo por justicia, ni a que se refieren con “trabajadores”.
Publicado el 11.08.2015
Comparte:

“Lo esencial es que el empresario aceptará el salario que se le propone únicamente si sabe que el sindicato tiene poder suficiente para impedir el empleo de otros trabajadores”.

Con esa frase nos resume F. Hayek, premio nobel de economía, de lo que realmente trata la polémica reforma laboral o más bien sindical que se tramita en el Congreso.

Como bien explica Hayek, el salario de los trabajadores en un mercado libre, se fija por la oferta y demanda de su trabajo. Por consiguiente hay básicamente dos formas de que un trabajador vea aumentado su salario. La primera es que aumente la demanda por este trabajador, por ejemplo siendo más productivo. La segunda, si se disminuye la oferta de personas que realizan el mismo trabajo.

De esta forma, dado a que los sindicatos no aumentan la productividad de los trabajadores, incrementando la demanda por estos, la única opción que les queda es disminuir la oferta. Esto solo puede conseguir a través de poderes otorgados por el Estado, inconstitucionales desde el punto de vista de la igualdad ante la ley, en perjuicio de la empresa y el resto de los trabajadores que no tienen la fuerza estatal de su lado para encarcelar a sus empleadores por “malas condiciones de trabajo”.

Y así, como enuncia Hayek en la anterior cita, para que los sindicatos sean efectivos en el aumento  de los sueldos de sus afiliados, tienen que contar con el poder suficiente para eliminar la mayor cantidad de competencia externa al sindicato que exista. Esto quiere decir por ejemplo, que los afiliados sean muy difícilmente despedidos y que los costos de la contratación de nuevos empleados sean igualmente difíciles de compensar, perjudicando de esta forma a todos los nuevos trabajadores carentes de experiencia laboral, y a todo trabajador desempleado que necesite obtener un trabajo. A estas medidas se le suman políticas como las de sueldo mínimo, extensivos posnatales, y toda clase de “beneficios” otorgados supuestamente a los trabajadores, perjudicando así a las mujeres, jóvenes, inmigrantes y todos los trabajadores desempleados que estén en situaciones tan perjudiciales que el valor relativo de su trabajo no alcance a  cubrir los costos de estos “beneficios”.

El ideal de cualquier sindicato que tenga la intención de subir los salarios ideológicamente, sin ninguna consideración por la empresa en su totalidad, finalmente radica en tener el poder suficiente como para “expropiar prácticamente al propietario y casi obligarle a renunciar a las utilidades del negocio”, como sentencia el economista H. C. Simons. De esta forma obligar en cualquier momento al empleador a cumplir con la voluntad del sindicato, dañando no solo a los trabajadores externos al sindicato, sino que también robando legalmente a toda nuestra sociedad, a través de la subida de precios que el dueño se ve obligado a establecer con el fin de preservar su empresa.

Me parece del todo inconsecuente que si, como el mismo Marx explica, el trabajador es dueño de su “fuerza de trabajo”, el cual le vende a los dueños de los medios de producción (empleadores), puedan coludirse para fijar los precios de sus ventas. ¿No hay desde el punto de vista legal y ético un atentado de parte de algunos sindicatos en contra de la libre competencia, afectando a los compradores al igual que lo hicieron en su momento las farmacias? ¿Qué diferencia sustancial hay entre la colusión de, por ejemplo vendedores de pan y vendedores de “fuerza de trabajo”?

No me parece que la reforma laboral posea algún tipo de virtud en absoluto, más que el deseo compulsivo de algunos de obtener beneficios a costa del resto de la sociedad. Si esta reforma se hace en nombre de mayor justicia para los trabajadores, entonces no sé qué se está entendiendo por justicia, ni a que se refieren con “trabajadores”.