Los sistemas de reparto alientan la informalidad, fomentan el desempleo pues constituye un impuesto al trabajo –lo que golpea con especial intensidad a los jóvenes con baja calificación- y son abiertamente regresivos.
Publicado el 25.09.2016
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Detrás de la discusión sobre la conveniencia de un sistema de ahorro o de reparto como previsión para la vejez, se esconde el verdadero conflicto entre liberales y socialistas. Los socialistas acusan a los liberales de exaltar el individualismo extremo sobre los valores comunitarios, los que proclaman como los únicos solidarios.

Sin embargo el verdadero conflicto es entre acciones voluntarias y coercitivas. Y en este debate, como veremos, sólo puede ser solidaria la acción libre y voluntaria, jamás la coercitiva que es la que defienden los socialistas.

Por definición, sólo puede ser solidario aquello que es voluntario, ya que no se puede predicar la solidaridad de un acto realizado a punta de revólver. Si a la fuerza nos quitan parte de nuestras ganancias o nos obligan a dedicar parte de nuestro tiempo a cuidar enfermos, no estamos siendo más generosos o más solidarios por más que así obremos.

En este contexto cuando los socialistas hablan de acciones “comunitarias”, entendiendo por ello las compartidas por todos los miembros de una comunidad y por lo mismo calificándolas de “solidarias”, en realidad se están refiriendo sólo a actos coercitivos, ni compartidos ni solidarios. Desde la educación hasta la jubilación, pasando por la industria, el medio ambiente, la economía, la salubridad, la agricultura, sus voluminosas propuestas políticas implican impuestos, gastos, prohibiciones y mandatos. Esto no es un “todos juntos, comunitaria o solidariamente” sino un “aquellos con poder político nos imponemos sobre los que no lo tienen”. En efecto se puede apostar a ello: si es coercitivo, es porque no se trata de un valor común a todos. De otro modo, sería voluntario.

Entonces, una primera aclaración en torno al sistema jubilatorio en Chile. Sea de ahorro –como existe hoy- o de reparto -como plantean algunos- estamos hablando de un sistema que es coactivo ya que en nuestro país no existe la posibilidad de no ahorrar si se trabaja formalmente. El gobierno obliga a un mínimo de ahorro, nos guste o no.

¿Qué podría justificar la existencia de esa obligación de destinar parte del fruto del trabajo de la vida activa para financiar la vida pasiva posterior? ¿Si somos capaces de sacrificar consumo presente para adquirir un automóvil, una casa o cualquier otro bien, por qué  se nos debe indicar cómo encarar nuestra vida futura? ¿No parece indigno ser coactado sobre como conducir nuestra propia existencia?

Efectivamente es una falta de respeto al prójimo y un elitismo político que unos pocos se arroguen la facultad de disponer del fruto del trabajo ajeno bajo el falso supuesto de poseer mayor inteligencia y mejor conocimiento respecto de la previsión más conveniente del futuro que los que posee el propio interesado. Este modo de razonar pasa por alto las preferencias temporales de cada persona y supone que la jubilación constituye el único sistema para prever las necesidades del futuro, con lo que se descartan otros tipos de inversión como la inmobiliaria que, precisamente, ha sido una de las características más sobresalientes de la previsión en distintos países del mundo. Por otra parte, resulta paradójico que se considere que la gente es capaz de elegir gobernantes pero no lo es de prever su propio futuro.

Si el argumento es que hay que proteger a la sociedad de quienes no han previsto su futuro y se tornan una carga para sus semejantes, no debiera obligarse a todos sólo porque algunos se comportan de forma irresponsable. Más aún, no hay nada más moral que asumir la responsabilidad por los propios actos presentes y futuros, y la obligatoriedad del ahorro desincentiva tal responsabilidad.

Tampoco es argumento que exista un porcentaje marginal de la población que no puede asumir sus gastos en la vejez porque estas situaciones extremas admiten soluciones en su propio mérito, como la existencia de una pensión asistencial dirigida a los más pobres, financiada con rentas generales y en tanto permanezcan en tal condición.

Pero al menos en un sistema de capitalización individual, aunque sea de carácter compulsivo, se respeta el derecho natural al producto del propio trabajo y ahorro, aunque no en la forma y cantidad en que se habría hecho de no existir la obligación, ya que en tal caso ésta sería innecesaria. Hay consistencia entre el aporte de cotizaciones y el retiro para financiar la pensión precisamente porque los aportes constituyen propiedad. Y es este atributo, el ser considerada propiedad, el que le da la protección frente a la tentación de saqueo.

La propiedad privada es una extensión de la libertad humana, de la que el trabajo es su producto. ¿Puede entonces tener algo más legitimidad moral que el “disponer” de lo que se produjo con el trabajo propio?

Se enfatiza la palabra “disponer” que incluye la posibilidad de ceder, de donar voluntariamente a terceros lo propio, cualidad intrínseca de la propiedad. Lo que es muy distinto a ese fraude al lenguaje que constituye el mal uso que hacen los socialistas de la palabra solidaridad, por la que entienden “ceder o transferir, por medio de la coacción, el trabajo de otros”.

Esto es lo que hacen los sistemas de reparto y lo que los hace moralmente indefendible, entre otros argumentos. Nótese que ex profeso dejamos de lado los argumentos de la eficiencia, ya que los sistemas de ahorro son indiscutiblemente superiores desde un punto de vista de la eficacia y eficiencia económica. O puesto a la inversa, los sistemas de reparto alientan la informalidad, fomentan el desempleo pues constituye un impuesto al trabajo –lo que golpea con especial intensidad a los jóvenes con baja calificación- y son abiertamente regresivos porque quienes tienen relativamente menos medios, normalmente se incorporan por necesidad antes a la vida laboral y a la vez tienen una esperanza de vida relativamente menor.

Todo ello es poco comparado a la inmoralidad que implica tomar a la fuerza la propiedad de unos para darla a otros. Muchos estaríamos dispuestos a sacrificar eficiencia económica en pos de una moralidad superior. El punto es precisamente que no existe tal superioridad moral, por mucho que se la auto arroguen los socialistas.

La coerción, el uso de la fuerza de parte del gobierno de turno es lo opuesto a lo voluntario y es lo primero que destaca en estos sistemas, de modo que es una contradicción en términos hablar de sistemas “solidarios” de reparto, ya que por definición ésta es una cualidad voluntaria por la que se realizan acciones sin esperar nada a cambio. Para ser solidario debe ser voluntario, y nadie voluntariamente aporta a un sistema así. Por ello es que debe ser compulsivo.

Pero igual de inmoral es en estos sistemas que una generación ya adulta, que debió haber previsto la forma de encarar su futuro extraiga a una generación joven que se está formando, los recursos que no les devolverán jamás. Con la constante expansión de los estados, las insuficiencias fiscales se hacen siempre presentes, poniendo en peligro el buen fin del derecho adquirido. Se gasta hoy y se sabe que mañana no habrá. Los incentivos morales que se generan son perversos. No me encargo de ahorrar porque alguien se tendrá que encargar de mí. Y una vez adulto, no me importa qué pase con los jóvenes ni cuánto tengan que trabajar ya que de todos modos deben mantenerme aunque yo haya estado en su momento en una situación mejor. Tremenda enseñanza inmoral de una sociedad.

Pero quizás la característica más alienante que presentan los sistemas de reparto es que no existe propiedad del trabajador sobre los aportes realizados a lo largo de una vida laboral porque esos aportes no le pertenecen al que los gana sino al gobierno y políticos que deciden cómo gastarlos. En el mejor de los casos irán a los jubilados contemporáneos, pero de todos modos esos fondos no son propiedad del trabajador que los obtiene. No le pertenece el fruto de su propio trabajo. Le guste o no el gobierno se los saca y además dispone cómo gastarlo. Abundan los ejemplos, desde luego, en los que los fondos no han ido a parar a jubilados contemporáneos.

Las generaciones en todo el mundo resuelven desde hace milenios sus trances mediante viejas instituciones, como la familia y la herencia. El gobierno no sólo no soluciona los problemas jubilatorios sino que los agrava, precisamente porque las pensiones en un sistema compulsivo de reparto no se basan en ninguna solidaridad sino en la coacción: el poder obliga a los trabajadores a pagar las pensiones de otros, es decir, inventa y anima un conflicto que no tendría por qué existir: en una sociedad cada uno ahorraría para su propia pensión, sin descargar coste alguno sobre las nuevas generaciones, ni sobre las actuales y en forma paralela las familias se harían cargo de sus adultos mayores, lo que es una forma de devolver con solidaridad lo que esos mismos mayores nos dieron. Y siempre habrá margen fiscal para las soluciones extremas. Son los políticos los que crean el aprieto, precisamente porque bloquean la libertad y la responsabilidad individual.

Por eso quizá lo más llamativo sea escuchar a algunos políticos afirmar que la coacción política y legislativa se basa en la “solidaridad” lo que sólo es cierto si las relaciones sociales son libres. Las pensiones públicas no tienen nada que ver con eso: lejos de ser libres, son obligatorias. Es caricaturesco, si no grotesco, pensar que se basa en la solidaridad aquello que precisamente la anula.

FOTO:MARIO DAVILA/AGENCIAUNO