Más allá de honrar el derecho al libre ejercicio de la iniciativa y voluntad de las personas en el mercado, donde prime la libertad de contratar, y el respeto al derecho a la propiedad privada, se requeriría por sobre todo, para la promoción de un ambiente competitivo, un mayor entendimiento, más fe y menos temor al libre ejercicio de la voluntad de las personas.
Publicado el 01.02.2016
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Como muchos, me considero un entusiasta partidario de la competencia y  de la libre disputabilidad de los mercados. Y sin embargo, con equivalente intensidad, también desconfío de la  legislación y las normas que normalmente regulan la competencia. ¿Cómo conciliar esta aparente contradicción?

En parte, por la evidente tensión que se produce entre el natural derecho al ejercicio de la libertad individual y, las restricciones que a tal ejercicio contienen las leyes y normas que típicamente regulan la competencia. También, porque inquieta la instrumentalización que se percibe de tal poder de coacción por parte de grupos políticos, económicos, u otros de interés diverso, incluso extremistas. El resultado práctico mirado en una perspectiva más de largo plazo, sospecho, no es del todo favorable a la competencia ni a la promoción de un ambiente económico funcional a nuestro desarrollo.

Desde el punto de vista de la “opinión pública”, es innegable que el tema  desata apasionadas reacciones, las que se exacerban (¿convenientemente?) cada vez que un nuevo hecho denunciado como contrario a la competencia es difundido por los medios de comunicación. El libreto es recurrente. Para prevenir nuevos episodios, la autoridad debiera regular e intervenir con más intensidad y severidad el comportamiento de las empresas.

Pero, en el ánimo de intentar promover un juicio más sereno,  invocamos a Sir Winston Churchill, quien sostenía que, tal opinión, la ya mencionada “opinión pública”, en la realidad sólo corresponde a la opinión “más publicada” (y no necesariamente la más ilustrada). Bien vale entonces la pena plantear visiones alternativas. Especialmente, si de competencia estamos hablando.

Convengamos como punto de partida que el mercado funciona por el deseo espontáneo y natural de los hombres de obtener respecto de una acción o esfuerzo, un resultado superior al esfuerzo invertido. La formación de capital físico y humano se basa en estas premisas. Por su parte, la mejor oportunidad para una ganancia la provee la producción de bienes y servicios que nuestro prójimo desea. De allí entonces que la ganancia mutua para las  partes involucradas que subyace tras transacciones y acuerdos libres y voluntarios,  representan la base moral de las ganancias. Desde luego, la correcta operación del sistema requiere el apego estricto a la libertad de comercio y al libre acceso a los mercados.

En tal contexto, y siguiendo la línea argumental de Sylvester Petro,  parece natural sostener que la competencia no es un modo de conducta que tenga que promoverse institucionalmente. “Se desarrolla natural y necesariamente entre personas libres que procuran sus propios intereses”.

Independientemente de cuales puedan ser sus objetivos o propósitos señor lector,  sea Ud. un abogado, atleta, médico, técnico automotriz o poeta, Ud. está en competencia con todos aquellos que tengan un objetivo igual o similar.  En consecuencia, si de promover la competencia se trata, el respeto de la libertad para contratar y la protección del derecho de propiedad privada representan los pilares institucionales fundamentales a proteger.

Habiendo convenido que en una sociedad “libre” moderna no es necesario promover deliberadamente la competencia, por responder  ella a actos espontáneos, cabría sí reflexionar en torno a situaciones, en las que su intensidad pudiera considerarse insuficiente.

Reconociendo la posible existencia de tales situaciones, la gran interrogante de fondo es si la solución ya tradicional de recurrir a la intervención y regulación conduce a una solución peor que la situación natural.

Pareciera por ejemplo, deseable sopesar con más rigor los riesgos que conllevan la peligrosa adicción que sufrimos de idealizar el funcionamiento práctico de diseños de ingeniería social y regulatoria. Tratándose del tema que aquí interesa esta inquietud es particularmente pertinente, porque como ya sugerimos, tras la bandera de la defensa de la competencia pueden esconderse poderosos intereses de grupos políticos, económicos o ideológicos. El riesgo de captura del proceso regulatorio, por intereses ajenos y en conflicto con los de nuestra sociedad, debiera poner un límite a nuestra ingenuidad, y llevarnos a establecer el peso de la prueba en la demostración previa y efectiva del mérito de la regulación.

A fin de intentar ilustrar el tipo de riesgos que conlleva la regulación de la competencia, consideremos el caso de la legislación Americana (principalmente contenida en el Sherman Act de 1890, y el Clayton Act de 1914).

Bajo tal marco legal, si una determinada compañía en EE.UU.  busca agregar valor a su actividad por medio de la fusión, o la adquisición de activos de otra, a priori las dos partes involucradas corren el riesgo de ser perseguidas en virtud de la legislación antimonopolio. Es decir, una iniciativa comercial perfectamente normal, es “candidata per sé” a ser declarada ilegal y objeto de persecución. El punto a subrayar aquí es que por carecerse de una regla única aplicable a todos los miembros de la sociedad (rule of law), en la práctica sólo puede darse una prosecución selectiva. Vacunados ya del candor y de la ingenuidad, parece natural aventurar que a la postre, los criterios de selección probablemente serán funcionales a incentivos políticos, económicos o ideológicos.

En el caso norteamericano, Petro sugiere que las víctimas esperadas son las grandes empresas ¡qué raro! , y la mejor ocasión para su prosecución, es aquella que sea políticamente más conveniente. Pero Petro también se pregunta: “¿Qué ocurrirá a la larga con un país en el que el éxito en el mercado sea la señal para obtener un botín político?”.

Hecha la prevención general sobre la ambigüedad y consecuente falibilidad que normalmente caracteriza la legislación que regula la competencia, centremos ahora la atención en la figura del monopolio y sus sucedáneos. Interesa por ejemplo, entender sus orígenes y tener alguna idea de su potencial impacto en la economía.

Nótese que cada uno de nosotros, en cierto sentido somos un monopolio. Somos controladores exclusivos de nuestros actos y de lo que ellos producen. Pero si soy capaz de producir algo único que es valorado y que nadie más puede replicar ¿qué de malo puede tener producir y comerciar libremente ese bien, tanto en cuanto cualquier otro pueda también intentar producirlo y venderlo?

Consideremos, ahora, un pequeño poblado rural donde se instala por primera vez una farmacia. Si bien es cierto que en un sentido literal sería (temporalmente) el único distribuidor de medicamentos en el pueblo ¿la consideraríamos un vil monopolio con toda la carga negativa que usualmente se le da al término? Pienso que no. Lo importante claro está es que no se limite la posibilidad de que otros puedan emularlo. Pero, respecto a la situación original, claramente hay mayores opciones y una ganancia para los miembros de la comunidad. Por su parte el emprendedor, queda disciplinado por el costo que representaba la situación de abastecimiento anterior (la mejor alternativa disponible), y por la potencial entrada de otros proveedores.

En la medida que crece el tamaño de los mercados (en nuestro ejemplo el tamaño y poder adquisitivo del pueblo) naturalmente se crean también oportunidades para que otros ingresen a los mercados y desafíen a los oferentes ya instalados. Hasta aquí no hay mayores problemas.

Pero quizá entonces el temor natural a los monopolios se asocie al tamaño.

Asumiendo por el momento la ausencia de  monopolios legales y privilegios gubernamentales, preguntémonos ¿cuán real y material podría ser en la práctica el impacto en los precios la operación de una gran empresa que abastezca una proporción significativa del mercado nacional de un producto, pero, bajo una condición en que prevalece la libre entrada a los mercados y amplia apertura al comercio exterior? Recordemos que el número de competidores de una industria no representa necesariamente una medida de poder de mercado en la medida que exista competencia potencial. Sugerentemente aflora de nuevo el rol clave que le cabe a la condición de libre entrada como elemento de política crucial pro competencia.

Pero aún en el supuesto caso que una empresa sea grande o dominante en un mercado nacional, e incluso con el poder para afectar significativamente el precio alterando la cantidad ofrecida (al menos por un tiempo), tal capacidad tampoco debiese ser confundida con el incentivo a llevar tal acción a efecto. Por ejemplo, Ud. tiene  capacidad para auto infligirse daño, pero no lo hace porque no le conviene. Los incentivos a los que están expuestos quienes disponen un cierto poder de mercado, establecen límites  reales a su comportamiento.

El “pecado” del monopolio se asocia a que produce y ofrece menos que lo que la oferta que prevalecería bajo una condición de competencia. La motivación del monopolio para  producir menos, nace de un costo que percibe por vender más, y que no es percibido en condición de competencia. El monopolista al vender una unidad más gana el precio asociado a esa mayor venta, pero como ese precio es algo inferior a aquel asociado a venta original, también considera como menor ingreso (o costo), el menor valor que representa vender todas las unidades anteriores en ese precio algo inferior. La empresa en competencia no percibe ese costo porque no tiene capacidad para afectar el precio. Todas las unidades se venden al mismo precio.

Como veremos más adelante la magnitud del perjuicio asociado al monopolio y prácticas afines, dependen de su origen. Aquellos monopolios que tienen por origen privilegios regulatorios o protección estatal, representan una mayor fuente de pérdidas para la sociedad. Pero antes, cabría una mención breve a los carteles y a los incentivos que los gobiernan.

Como es de amplio conocimiento, los carteles corresponden a  acuerdos entre productores para limitar la oferta e intentar sostener así un determinado nivel de precios de un bien. En este caso valen, en líneas generales, consideraciones similares a las del caso del monopolio, pero, con la dificultad adicional para los miembros de lograr los acuerdos y además honrarlos (suponiendo incluso que fuesen legalmente permitidos).  Desde luego, la eliminación o mitigación de la competencia en el mercado no elimina necesariamente la competencia. La lleva del mercado a la mesa de negociaciones. Por ejemplo, ¿cómo se dividen las cuotas de mercado y las ganancias?

Entre otros problemas que enfrentan los carteles cabría mencionar: i)  Lograr identificar la competencia relevante incluyendo productos sustitutos. ii) Asumir los costos asociados a lograr los acuerdos. iii) Evitar la entrada de terceros. iv) Asumir los costos de monitorear y castigar los incumplimientos y así mitigar el incentivo para obtener mayores ganancias que resultarían de reducir  secretamente los precios y captar una mayor proporción del mercado. Todos ellos, desafíos no menores y que además portan el gen de la auto destrucción.

Por ello, un elemento normalmente reportado como crítico para el éxito de esta práctica está asociado a la efectividad de las técnicas disponibles para monitorear el cumplimiento de los acuerdos. Paradojalmente, la regulación se menciona en EE.UU. como un apoyo funcional a tal propósito. ¡Qué le parece!

Pero,  ¿qué tipo de referencia tenemos respecto a la magnitud del daño estimado asociado a este tipo de prácticas?

Por ejemplo, Mc Closkey, para el caso de EE.UU ofrece en su libro de The Applied Theory of Price, un cálculo grueso por concepto de menor producción, cuyo valor se ubicaría en torno al 2% del ingreso nacional Americano.  Por su parte, Harberger en un artículo seminal, estimó ese costo asociado a la menor oferta en un valor significativamente menor.

Tal tipo de estimaciones persuadieron a muchos que las pérdidas en eficiencia no serían materiales.

Sin embargo, esas estimaciones se refieren sólo a la menor oferta, y no consideran el hecho que muchos monopolios tienen por origen privilegios legales y regulatorios. La conjetura natural es que la pérdida de recursos asociados a la captura de la renta de un monopolio legal es significativamente mayor (Mc Closkey estima en su ejercicio un valor cinco veces mayor).

Ciertamente las reflexiones anteriores no apuntan a ignorar ni restar importancia a la existencia de situaciones en que pudiera existir un cierto poder de mercado, a lo que si apuntan es a tomar conciencia de que la regulación como solución puede ser muy costosa y, a la importancia que tiene por sobre todo, poner el peso de la prueba a favor de la libertad y a procurar mantener una condición de libre entrada y disputabilidad de los mercados.

En suma, más allá de honrar el derecho al libre ejercicio de la iniciativa y voluntad de las personas en el mercado, donde prime la libertad de contratar, y el respeto al derecho a la propiedad privada, se requeriría por sobre todo, para la promoción de un ambiente competitivo, un mayor entendimiento, más fe y menos temor al libre ejercicio de la voluntad de las personas.