El poder de los fiscales es inmenso. Todo lo que se necesita es un allanamiento a un hogar o negocio, un arresto de alto perfil, o una acusación anunciada en las escalinatas de un tribunal y la vida de una persona puede cambiar para siempre. Adiós a la reputación. Adiós al trabajo. Adiós a los amigos.
Publicado el 14.10.2015
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Lavrenti Beria, jefe de la KGB de Joseph Stalin denotó con esta frase una de las características más típicas de la Unión Soviética –y una de las que más la alejaba del Estado de Derecho- la de sus leyes penales tipo bandoneón, que podían ser ajustadas para calzar casi cualquier objetivo disidente.

El totalitarismo es un régimen político donde la libertad está seriamente restringida y el estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones. Los regímenes totalitarios son dirigidos por un partido político que pretende ser, o se comporta, como un partido único y se funde con las instituciones del Estado. Exaltan la figura de un personaje que tiene un poder ilimitado que alcanza todos los ámbitos y se manifiesta a través de la autoridad ejercida jerárquicamente. Impulsan un movimiento de masas en el que se pretende encuadrar a toda la sociedad con el propósito de formar una persona nueva en una sociedad perfecta y hacen uso intenso de la propaganda y de la represión.

Muchos creen que el totalitarismo puede ser bueno si sus dirigentes también lo son. Sin embargo, la historia ha demostrado que los dirigentes serán siempre lo peor entre lo peor porque el mismo proceso de selección de líderes excluye a los buenos. Para imponer los fines colectivos a los individuales, los dirigentes deberán coaccionar a un enorme porcentaje de sus súbditos, que se resistirán, en ocasiones violentamente, a ceder sus propiedades o cantar loas al régimen. Para imponerse, esa coacción tomará las formas del encarcelamiento, la tortura y el asesinato. Sólo podrán dirigir, por tanto, aquellos que estén dispuestos a tomar esas medidas, es decir, los peores elementos de la sociedad.

Hanna Arendt es de las más destacadas escritoras sobre el totalitarismo occidental. La tesis que mantiene sobre el totalitarismo es conocida: la disolución y corrupción de las organizaciones, grupos y clases sociales que forman el entramado de la sociedad civil conlleva la aparición de movimientos de masas que ocupan su lugar con una nueva lógica: la de la fuerza y el poder, la de la total ausencia de límites y escrúpulos políticos o morales. Cuando ello ocurre, el individuo aislado y desarraigado, el pequeño comerciante, el profesor o el obrero pasan a convertirse en masa; a partir de ese momento darán rienda suelta a todos los demonios del hombre: la atracción por el delito y el mal, la realización de prejuicios ancestrales, la entrega de la voluntad y el entendimiento al nuevo jefe político.

Y éste sea quizás el punto más interesante del totalitarismo. Ver a Maduro gritar ante multitudes en plan energúmeno como si los ciudadanos fueran imbéciles es difícil de entender. Pero no se trata de un fenómeno nuevo.

Cristo fue condenado por el pueblo. Cuando Pilatos le confía a la multitud: “Me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo, pero yo le he interrogado delante de vosotros y no he hallado en este hombre ninguno de los delitos de que le acusáis. Ni tampoco Herodes, porque nos lo ha remitido. Nada ha hecho, pues, que merezca la muerte. Así que le castigaré y le soltaré”, la muchedumbre grita a unísono: “¡Fuera ése, suéltanos a Barrabás!” (el asesino). Tres veces repitió lo mismo Pilatos y las tres veces el pueblo gritó contra Cristo: “¡Crucifícale, crucifícale!”.

En el mismo sentido van los juicios de Salem, las audiencias seguidas para castigar delitos de brujería en el actual estado de Massachusetts en el siglo XVII. Más de ciento cincuenta personas fueron detenidas y encarceladas por acusaciones de sus propios pares sólo basadas en rumores; cerca de veintinueve personas fueron ahorcadas o lapidadas. La última persona quemada por brujería formalmente fue Anna Göldi (Suiza 1782), rehabilitada públicamente por el Parlamento de Glaris en 2007. A pesar del fin oficial de los juicios por brujería satánica, hubo ocasionales asesinatos de los acusados de brujería en Dinamarca (1800), Francia (1830), Polonia (1836) e Inglaterra (1863).

Probablemente miramos esas historias como del pasado. Pero la necesidad de buscar culpables por presuntos delitos difusos provocados por el ánimo particular de una sociedad en un momento dado es tan consustancial a la existencia del hombre que, en otras formas, es de ocurrencia hoy. Cuando se acusa de traición o conspiración contra la revolución en Cuba y Venezuela se está haciendo esencialmente lo mismo. Cuando en la Argentina o Ecuador se eligen individuos por sus opiniones para investigarlos aduanera, cambiaria o tributariamente, no se hace algo distinto. Cuando en Estados Unidos el ente de control tributario selecciona a grupos políticamente afines al Partido Republicano para escudriñarlos especialmente incursiona por el mismo camino.

Por tratarse de fuerzas ínsitas en la naturaleza humana, y siguiendo a Arendt: “Puede ser erróneo suponer que la inconstancia y el olvido de las masas significa que se hallan curadas de la ilusión totalitaria; lo cierto puede ser todo lo contrario”. El virus totalitario está aquí desde hace siglos y ha venido para quedarse.

Incluso en países que han logrado contrarrestar estos impulsos tiránicos como los Estados Unidos de Norteamérica, aparecen cada vez más frecuentemente ejemplos en los que las autoridades, alejándose de los principios del estado de derecho -como el federalismo, el juicio por jurado, el juicio sumario, la cosa juzgada– someten a los ciudadanos a un escrutinio arbitrario sea porque van detrás de imponer su opinión ideologizada, por su ambición de obtener quince minutos de fama, porque tal o cual ley no es de su gusto político, y así les hacen enfrentar el terror de convertirse en delincuentes por actos legítimos de su vida cotidiana.

Caso interesante es la investigación que realizara el fiscal Schmitz sobre los grupos conservadores de Wisconsin que apoyaban al gobernador republicano Walter Scott, juicio que terminara en julio pasado con una contundente decisión de la Suprema Corte de ese estado quien calificó a la teoría que esgrimía la Fiscalía respecto de la ley de financiamiento de campaña de “inconstitucional” y “sin bases ni en la razón ni en la ley”. Por años, los fiscales llevaron adelante una repugnante investigación contra los simpatizantes del gobernador Scott invadiendo su privacidad con acosadores actos que fueron desde la vigilancia de cuentas de correo electrónico y el allanamiento de hogares con el uso de las fuerzas de seguridad incautando computadoras, libros y cheques hasta citaciones con la fuerza pública exigiendo ciento de miles de documentos e insistiendo en la obligación de guardar silencio, incluso frente al propio abogado defensor de la víctima. Llegaron al extremo, en el allanamiento a la casa de un contribuyente del Club para el Crecimiento de Wisconsin, a cargo de un fiscal y seis policías armados y en la que sólo se encontraba un menor de 16 años, de imponer la obligación al adolescente de guardar secreto de los objetos incautados frente a sus propios padres!

La gente del estado a menudo se preguntaba qué estaban investigando. Pero como la misma Corte estableció, era una pregunta incorrecta. No se trataba del qué. Se trataba del quién. Y el quién eran los aliados del republicano Scott Walker, oponente político de los demócratas Chisholm, Fiscal de Distrito y Landgraf, su principal asistente.

El caso de Scott Walker es atingente para Chile. Curiosamente no se encuentra en ninguna disposición de nuestro cuerpo legal la prohibición de financiar actividades políticas. Más aún, hace a la esencia misma de nuestra democracia que nadie nos pueda impedir expresarnos libremente, en particular cuando se trata de actuar en favor de una u otra opción de gobierno que serán las que van a limitar nuestros derechos. Por lo mismo, si el legislador hubiera querido hacer del financiamiento a la actividad política una actividad ilícita lo hubiera planteado expresamente, estableciendo casos y penas.

La única sanción en el tema de financiamiento de campañas es la mención del artículo 55, apartado 5 de la ley 19.884 de financiamiento de la política que establece que “El plazo de prescripción por las faltas, infracciones o delitos, establecidos en esta ley, incluidos los delitos conexos a ellos, será de un año contado desde la fecha de la elección correspondiente”. Por lo tanto, de haber habido delitos conexos en los casos en que la fiscalía se encuentra investigando estarían prescriptos. Esto ha llevado a decir a la ex Presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú, que (los casos del financiamiento político) “…están prescritos. Entonces para mí es una cosa de ciencia ficción. No sé por qué no se aplica la norma. No lo entiendo” (sic).

Sin embargo desde hace más de un año, casi diariamente las tapas de los matutinos anuncian querellas de la fiscalía nacional por supuestas irregularidades en el financiamiento de campañas, se ha destruido un grupo económico de los más importantes del país, se ha roto la confianza en una de las instituciones que más injerencia tiene en la vida de los chilenos – el SII –, se han perdido meses y millones de pesos del dinero de los contribuyentes en investigar presuntos delitos inexistentes olvidando los delitos contra las personas y la propiedad, se han entrometido en la vida, la libertad y la propiedad de muchos chilenos y, peor aún, mancillado su honor sin importar si hay causa o no. Todo en nombre de delitos que no existen. ¿Por qué pasa esto en Chile? ¿No éramos un país institucionalizado, alejado de la barbarie populista que exhiben alguno de nuestros vecinos?

Pareciera que han confluido las razones equivocadas. En primer lugar la opinión pública, como con Cristo, ha buscado un culpable de “abusos” y desigualdades” que algunos medios periodísticos y políticos irresponsablemente azuzaron y luego no supieron manejar. Sobre este ambiente satanizado se montaron los fiscales, quizás para lograr sus propósitos ideológicos o personales –sus propios quince minutos de fama vernácula-, quizás convencidos de la necesidad de cambiar el sistema de financiamiento electoral. Recordemos que el poder de los fiscales es inmenso. Todo lo que se necesita es un allanamiento a un hogar o negocio, un arresto de alto perfil o una acusación anunciada en las escalinatas de un tribunal y la vida de una persona puede cambiar para siempre. Adiós a la reputación. Adiós al trabajo. Adiós a los amigos. Esto, incluso, antes que se tenga la oportunidad de defenderse en una corte de justicia. Y una vez que se descubre cuánto va a costar defenderse, también se descubrirá que se enfrenta una posible ruina financiera. Frases como “Los @fiscalesdechile corriendo la barrera de lo posible. Cada vez menos intocables” apoyan esta hipótesis.

Finalmente, existió un escenario de conveniencia política. Grupos con un interés ideológico perfilado creyeron ver la oportunidad para liquidar al principal partido, la UDI, que defendía la institucionalidad lograda en los últimos 30 años en Chile y que ellos pretendían destruir, y de pasada también borrar a candidatos que competían dentro de su propio sector en un escenario centrista, como Andrés Velasco. Probablemente hasta el entonces ministro del Interior Peñailillo simpatizó con la idea, aunque más tarde terminó cayendo en su propia trampa.

Tan tendenciosa ha sido la gestión de la Fiscalía Nacional que durante el 2015 el combate a los delitos contra la vida y la propiedad ha estado fuera de la agenda del fiscal nacional: sólo el 0,3% de sus declaraciones han sido sobre la delincuencia mientras que el 70% de sus esfuerzos se destinaron a abordar los casos Penta y SQM sobre financiamiento político. El resultado es el tremendo incremento de delitos con portación de armas de fuego: balean helicópteros de carabineros y civiles con municiones de guerra; encapuchados incendian camiones de cargas y buses con pasajeros en la carretera Norte – Sur; amedrentan, extorsionan y roban faenas forestales con numerosos trabajadores y sus familias, todo ello cuando es un secreto a voces que existe actualmente vinculación entre las FARC colombianas y el Partido Comunista chileno.

A este respecto es también poco feliz la percepción de la fiscalía. Acerca de los delincuentes dirá un mediático fiscal que “son personas muy depredadas socialmente, con cero educación, familias mal constituidas y en muchos casos con padres que han estado encarcelados. En estas condiciones adversas, la comisión del delito viene a ser una consecuencia desgraciada de lo que les tocó vivir”. Esto es una falta de respeto a la gran mayoría de pobres que no son delincuentes sino arduos trabajadores, quienes más luchan día a día por superarse y que por lo demás son las principales víctimas de los delincuentes!

La realidad termina siendo bastante parecida a lo que imaginaron algunos. Porque aunque los fiscales no logren probar ningún delito, los políticos de la derecha, cuidadosos de su reputación y formales en sus campañas, no van a obtener de ahora en más ni un peso de financiamiento privado y varios de ellos han quedado recluidos en sus hogares o condenados al ostracismo público, mientras que la izquierda, que se siente moralmente superior a cualquier banal acusación de un fiscal, se financiará con cualquier método, en particular usando el dinero del erario público. Pero además, la izquierda utiliza un tipo de propaganda que llama mucho la atención y no requiere mayores fondos – cortan calles, pintan lugares públicos, tiran molotov caseras, toman colegios – mientras que estos métodos por convicción están estrictamente descartados para quienes creemos en la libertad. Esto sin contar que judicialmente – y por mucho – los más afectados son los políticos, candidatos y donantes de la derecha. La izquierda parece haberse financiado con la multiplicación de panes y peces en la doctrina de la fiscalía nacional.

En el camino, y como no encontraron delitos para querellarse pese al tiempo y dinero gastados, los fiscales decidieron presionar a otra institución, el Servicio de Impuestos Internos buscando supuestos delitos tributarios de los que anclarse para continuar su lucha. Inicialmente se encontraron con que el SII, no porque se lo gritara por los diarios un fiscal, iba a salir corriendo a presentar una querella. Para poder hacerlo el artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario, exige que el que emite, facilita, manufactura, fabrica un documento tributario falso lo haga para permitir que otro cometa un delito tributario. Esa es la condición que pone la ley. Sin eso, el que está emitiendo la boleta, la factura, no comete un delito tributario. Puede cometer una infracción, otra falta, pero no delito tributario. Siguiendo al ex Director de Impuestos Internos de Michelle Bachelet, Ricardo Escobar, “en el caso del financiamiento político es muy poco probable que se den las condiciones que exige la ley para que haya el delito tributario. La verdad es que todavía no entiendo cómo siguen con tanto entusiasmo en este caso” (sic). Con los días sin embargo la institucionalidad del SII se fue resquebrajando y, volviendo a viejas prácticas del pasado, se reinstauró el uso de la ley penal en blanco – práctica que se creía erradicada de nuestro país – como un comodín para amenazar con prisión a los enemigos. Es de esperar que el daño causado a esta institución no se profundice, se vuelva a los carriles institucionales y que prime la sensatez como en similar situación en Estados Unidos.

Si lo que preocupa al fiscal es la presunta corrupción en política habría que recordarle que la corrupción se deriva de un acuerdo quid pro quo –algo por algo- que vincula las donaciones con acciones particulares de un político en ejercicio. Que esto sea difícil de probar no habilita a los fiscales a ejercer presión sobre otros órganos del estado. Los fiscales no han podido presentar ninguna evidencia a la fecha, escuchas telefónicas, evidencia flagrante, nada -que convierta los hechos de financiamiento de la política en un acto explícito quid pro quo-.

Desistir de mostrar el tejido conectivo entre el quid y el quo es notable porque todas las donaciones en campaña política están destinadas a influenciar en algún nivel. Pero para que haya corrupción se requiere que exista prueba de un intercambio flagrante, tangible, específico de un acto oficial por un objeto de valor. Esta es la tradición jurídica que ha existido en nuestro país y así también lo tiene dicho la doctrina sostenida por la Suprema Corte de Estados Unidos en Skilling v US (2010), Citizens United v FEC (2010) y Mc Cutcheon v FEC (2014).  La acusación de nuestros fiscales que existe corrupción por el mero hecho de registrarse un aporte de dinero a ideas o a candidatos políticos, aplicada consistentemente, convertirá a todo candidato o político chileno en un delincuente. Los fiscales podrán tratar de enervar enjuiciamientos selectivos para intimidar a ciertos políticos de permanecer en la política, pero eso no deja de convertir a esas acusaciones en ilegítimas e ilegales y, si existiera el estado de derecho no deberían prosperar. Pretender que el sistema judicial evalúe las razones que tuvieron los parlamentarios para votar en fuero público, sujeto al control político de los votos, es terminar con la democracia.

Este cambio en la impronta de trabajo de la fiscalía nacional pareciera encajar como un rompecabezas con las demás disrupciones institucionales que, en tiempo récord, ha llevado a cabo este gobierno – reforma tributaria, reforma política, reforma laboral, reforma educativa, próxima reforma constitucional. La imagen que aparece cuando se calzan estas piezas es un gobierno que actúa montado en una retroexcavadora. Algo parecido a lo que fue pasando en la última década y media en nuestra región. Y cuando esto sucede se está a metros de caer primero en el populismo y luego en una dictadura al estilo Venezuela de la dupla Chavez – Maduro, incluyendo sus presos políticos.

El populismo -que desprecia el orden legal, pretende eliminar los contrapesos institucionales, enmascara los desastres que provoca, doblega la crítica, corrompe y degrada el espíritu público y se encarga de reescribir constituciones para acomodarlas a los antojos de los diferentes líderes de turno- es el nuevo totalitarismo del siglo XXI para Latinoamérica. Pero más interesante que analizar qué es y qué efectos provoca – basta para eso cruzar la cordillera – es más novedoso analizar por qué se está abriendo camino en Chile y ya lo ha hecho en casi toda la región. Preguntémonos por qué permitimos el abuso político que representa el avance de esta tradición. El problema no es el populismo, la corrupción o la falta de preparación de nuestros políticos que siempre va a existir, sino nuestra incapacidad como ciudadanos para detectar estos engaños y levantarnos en defensa ante el atropello de nuestros derechos, nos esté tocando de cerca o no. En una democracia de ciudadanos críticos y libres, todas esas patologías políticas tendrían más dificultades para intoxicar nuestras emociones y deseos. Quizás deberíamos concentrar nuestro afán en facilitar a las nuevas generaciones información neutral y suficiente y dotarlos con capacidades sociales y políticas que les permitan ser autónomos y con recursos ponderados para asegurarse la libertad de elegir con criterio. Seguiríamos siendo egoístas, tendríamos intereses contrapuestos, pero, sin duda, un sentido común mejor fundamentado.