La igualdad ante la ley y el sistema representativo sobran si sus resultados se consideran viciados de antemano.
Publicado el 20.01.2015
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Afirma el gobierno, en su proyecto de reforma laboral, que a través de la huelga sin reemplazo, la titularidad sindical y el piso mínimo en la negociación, se podrá conseguir “relaciones laborales más modernas, justas y equilibradas”. Sorprende, eso sí, la ausencia de cualquier razonamiento que permita compartir esta afirmación; por el  contrario,  lo que se lee en el proyecto de ley, redactado en un estilo reñido con las Musas y las Gracias, son una retahíla de eslóganes que por carentes de contenido se copian y pegan en el texto sin alteración de su (sin) sentido semántico.

Si alguien poco dado a los matices sostuviera que las ideas de la reforma laboral son irrefutables, estaría diciendo la verdad, pues carece de ellas. Pero no es necesario ir tan lejos, los cambios que se pretende introducir –aunque salpimentados de palabrería-, responden –qué duda cabe- a una matriz ideológica que les insufla sentido. En las líneas siguientes, intentaré desbrozar las ramas que impiden ver el tronco conceptual de la reforma laboral, proporcionando una guía analítica sobre los errores de la misma y los peligros que encierra para el orden liberal.

La realidad muestra que los servicios del trabajo se transan como cualquier otro factor productivo (lo que es distinto a que la persona del trabajador forme parte del tráfico económico). A diferencia de lo que postulan los socialistas, el trabajo carece por sí mismo de valor. Por ello, cuando compramos los bienes finales nunca nos fijamos en cuantas horas de trabajo se ocuparon en él.

Es la búsqueda de beneficios (lucro) la que impele al empresario a demandar factor trabajo y, al hacerlo, pagar mejores salarios que sus competidores (si no fuere así, los trabajadores se irían con los otros demandantes). En el mercado, los salarios tienden a aumentar hasta el punto en que la esperada productividad marginal del trabajo se iguala con el precio de venta.

En un entorno de libertad, no es la legislación laboral la que mejora la situación de los trabajadores, quien sostenga tal ingenuidad debiera contestar: ¿qué mayor productividad crea la ley? Lo cierto, es que la productividad se encuentra ligada principalmente con el ahorro y la dotación de capital por trabajador (inversiones, maquinaria, herramientas). Los países desarrollados son ejemplo de ello.

Entonces, las intervenciones legislativas como las de la reforma (huelga sin reemplazo, titularidad sindical y piso mínimo en la negociación) sólo cobran sentido bajo aquellas ideologías que ignoran el rol del mercado en la retribución del trabajo, sustituyéndolo por relaciones de fuerza o “poder”. Una de estas ideologías es la socialista, según la cual las relaciones laborales responden a irreconciliables intereses de clase, y, otra, la intervencionista, proveniente de la economía política clásica (no socialista), según la cual los trabajadores en el mercado se encuentran en una permanente  desventaja (“desequilibrio de poder”) en relación al empleador, por lo que el Estado debe legislar a favor de ellos, “igualándolos”.

La idea de conflicto entre trabajadores y empleadores (impropiamente llamado “conflicto capital-trabajo”) en el proceso productivo representa el santo y seña del socialismo de todos los pelajes. Su base teórica fue la vieja “ley de hierro de los salarios”, según ésta los trabajadores, sin importar cuánto produjeran, siempre percibirían un salario de subsistencia, de allí que se hablara de “clase obrera” con intereses incompatibles con los de la clase propietaria. Luego, en El Capital, Marx perfeccionó la antigua noción de “explotación” (enunciada antes por William Thompson) con la errada teoría de que el valor proviene del trabajo, concluyendo que el trabajador durante su jornada produce más de lo que efectivamente se le remunera, quedándose el empleador (capitalista en el lenguaje de la economía clásica) con una “plusvalía” arrebatada al obrero (la fuente del interés del capital y del beneficio empresarial era la miseria de la “clase obrera”). La dictadura del proletariado, según Marx, suprimiría para siempre el abusivo régimen salarial.

El sindicalismo, aguachirle del socialismo, en cambio, defiende que los trabajadores conseguirán su emancipación de la opresión capitalista merced a la asociación entre ellos, ésta anulará los ingresos injustos que les arrebata la abusiva clase patronal. “La fábrica para quien la trabaja” es su grito de guerra, y la violencia de la huelga contra quienes no se unan, su arma de lucha. El sindicalismo, eso sí, no se encarga de aclarar qué ocurrirá cuando sus éxitos provoquen que los trabajadores-propietarios deban enfrentarse con otros trabajadores recién llegados que reclamen expropiarlos. Ideología apta para intelectos simples, sin embargo, su tesitura romántica (de débiles contra fuertes) le ha garantizado un lugar en el debate público: he ahí el proyecto de reforma laboral y su fetiche sindical.

Correspondió a la teoría económica (Böhm-Bawerk) demostrar que trabajo y capital son factores cooperantes. La posibilidad de emplear los factores específicos, como la tierra y el capital, depende de la disposición del factor inespecífico necesario en todos los procesos productivos, el trabajo. Consecuentemente, en el mercado, de existir un conflicto éste no se daría entre capital y trabajo, sino entre los oferentes y demandantes de un mismo factor. En el mercado de factores productivos, como ya se dijo, son los trabajadores quienes compiten entre sí por colocarse con un empleador, y los empleadores, a su vez, compiten por los trabajadores. El privilegio sindical de impedir el reemplazo de los huelguistas, tal como está en el proyecto de reforma laboral, se explica por la necesidad de excluir por la fuerza de la huelga a quienquiera que ose competirles.

La segunda fuente ideológica de que se nutre la reforma es la teoría del “equilibrio de poder negociador”. A propósito de ésta, impresiona que no se especifique qué se entiende por “poder negociador”, a pesar de las muchas alusiones al concepto. En una anterior columna referí que esta noción proviene de los economistas clásicos, de Adam Smith, sin embargo, fue Alfred Marshall, en sus “Principios de Economía”, quien la desarrolló.

Así, es necesario ir a los Principios a buscar el sustento a esta idea de la reforma laboral. Marshall opinaba que “el trabajo se vende a menudo en condiciones especialmente desventajosas, que nacen del grupo de hechos íntimamente relacionados entre sí”, uno de estos hechos era “que la potencialidad del trabajo es perecedera”, el segundo, “que los vendedores del mismo son generalmente pobres y carecen de fondos de reserva” y, el último, “que [los trabajadores] no pueden fácilmente retirar [el trabajo] del mercado”.

Sin embargo, las ideas marshallianas sobre la desventaja de los trabajadores y el correlativo “poder negociador” patronal carecen de base, al menos, por las siguientes razones: i. la “perecibilidad” se puede predicar no sólo del trabajo, sino también del capital y la tierra: si una máquina o un predio se dejan de usar por un día, los servicios que pudieron prestar se han perdido para siempre. ii. Que los trabajadores sean pobres y carezcan de reservas (una observación histórica más cierta en el s. XIX que hoy), implica que de contar ellos con tales reservas pondrían a disposición del mercado una menor oferta de trabajo, por ende, aquí se confunde “poder negociador” con una alteración de la curva de oferta, la que puede tener múltiples causas distintas de un equilibrio del “poder negociador”. iii. La facultad de “retirar trabajo del mercado” alude directamente a una práctica de restricción de la oferta de trabajo que sólo podría ser eficaz con un sindicato único y universal que la coordinara; aunque, por ser cooperantes los factores productivos, resultaría imposible que a largo plazo esta intervención pueda anular el interés, la renta y los beneficios empresariales, sin provocar desempleo y miseria para los propios trabajadores.

En resumidas cuentas, el formidable nivel de desarrollo alcanzado por Chile en los últimos 30 años se ha debido, en gran parte, a que los eslóganes del socialismo y el intervencionismo han gozado de poco crédito en la cotidianeidad de los trabajadores. Pero instalada en la opinión pública la idea de que sus ingresos no responden a las leyes impersonales del mercado, sino que a la arbitrariedad de la “clase capitalista”, y que sus condiciones mejorarán proporcionalmente a la fuerza (huelga) que ejerzan contra aquélla, será cuestión de tiempo para que se torne imposible la supervivencia del orden liberal. En efecto, la igualdad ante la ley y el sistema representativo sobran si sus resultados se consideran viciados de antemano. He aquí la peligrosidad ideológica de esta reforma; de cuantas llevamos, la peor de todas.

Jorge Martínez Rivera, Académico Facultad de Derecho Universidad de Chile: @MartinezRivera_