No es Vargas Llosa el que abandona la izquierda como comúnmente se dice. Es la izquierda quien abandona los ideales de igualdad, transparencia y bienestar.
Publicado el 25.04.2016
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Los ochenta años de Vargas Llosa, recientemente celebrados en Madrid, permiten recordar lo difícil que es ir contra la corriente de lo políticamente correcto. El Nobel de Literatura tuvo la valentía, perteneciendo al mundo de las humanidades, de no acomodarse a la apología y admiración de la izquierda cuando el socialismo comienza a preconizar la censura por sobre la disidencia y la verticalidad por la diversidad. No es Vargas Llosa el que abandona la izquierda como comúnmente se dice. Es la izquierda quien abandona los ideales de igualdad, transparencia y bienestar por confundirse con la centralización del poder y pasa a abrazar el totalitarismo, el abuso, la destrucción de la economía y la cerrazón a toda crítica.

Uno de los comentarios que más se oyeron cuando en el 2010 se le otorga el premio de la Academia Sueca al escritor peruano fue, más o menos: “Admiro sus obras, pero no siempre comparto sus ideas”. Dicha así, la frase es extraña: si ni siquiera comparto siempre mis propias ideas, ¿cómo voy a compartir “siempre” las de otra persona? Pero en el fondo la salvedad alude a algo distinto: al hecho de que Vargas Llosa es considerado, en tanto que intelectual -es decir, en tanto que escritor que interviene con sus escritos en la cosa pública-, como un conservador, como un hombre de derechas, si no como un reaccionario o como un autoritario.

Tan desigual es el trato público -por no decir político- que nadie siquiera se imagina pidiendo disculpas por admirar la obra de Neruda, entre la que se encuentra la “Oda a Stalin”, cántico de alabanza al peor dictador de la humanidad, de acuerdo a los propios registros soviéticos: 1,5 millones de seres directamente ejecutados; 8 millones de muertos en el Gulag; entre 6 y 8 millones de muertos a causa de hambrunas provocadas sistemáticamente por Stalin en campos y ciudades con el objetivo de eliminar a “la burguesía” y a los kulaks; comunistas asesinados por su orden, cientos de miles, entre ellos toda la vieja guardia bolchevique; miles de “clínicas psiquiátricas” repartidas a lo ancho y largo de la URSS, horrendas sentinas donde iban a terminar sus vidas quienes se desviaban de la línea del Partido, línea que solía cambiar cada mes.

Tampoco nadie critica o se enrojece cuando exalta la letra de García Márquez, tan exacerbada por su postura totalitaria.

En el medio de esta realidad, la lección que nos deja Vargas Llosa es que la valentía es necesaria si se quiere ajustar a la verdad o desenmascarar la mentira. Finalmente ha sido Vargas Llosa el que ha tenido la razón. Los regímenes que criticó –parodias que como novelista retrata genialmente en Rafael Trujillo o Cayo Bermúdez- se caen por sus pies de barro y se desenmascara la opresión que escondían.

En el Chile de hoy, ante tanta avalancha de imágenes y filtraciones que alimentan la prensa satisfaciendo el afán de circo de los públicos masivos y su propensión natural a ver con regocijo cómo caen líderes, símbolos o ídolos, es muy difícil discrepar. Pero cuando se observa que los principios básicos del Debido Proceso y la esencia del Estado de Derecho se diluyen desdibujando hasta el olvido la figura de la república democrática, es casi una responsabilidad moral levantar la voz, aún a costa de no seguir la corriente y ser políticamente incorrecto.

Quizás el campo donde últimamente más se ha hecho notorio este avasallamiento de los derechos de las personas de parte de la autoridad es en los casos del financiamiento a la política, PENTA, SQM y otros que, a más de un año de haberse iniciado no dejan los titulares de los diarios y revistas. Pero, ¿acaso no es cierto que la corrupción usando dineros públicos es un hecho que moral y legalmente merece repudio? La respuesta es claramente sí, pero debemos ser capaces de discernir entre distintas situaciones y no forzar las instituciones y los procesos para lograr condenas que se le han prometido a la opinión pública pero que no guardan relación con el estado de derecho.

Estos casos son muy distintos a lo que se insinuaba en el llamado caso MOP-GATE y que concluyera, después de años, el 1 de julio de 2010 con las condenas conocidas. Allí se trató del desvío directo de fondos públicos del Ministerio de Obras Públicas. Estos fondos los administraba el gobierno y fueron dineros obtenidos coercitivamente -por el imperio de la fuerza ejercida sobre la ciudadanía bajo el nombre de impuestos. Por lo mismo estaban sujetos a reglas muy estrictas sobre su administración. Con ellos –y con los impuestos en general- sólo puede hacerse lo que la ley permite y destinarlos según estrictos protocolos presupuestarios. Sea que se utilicen en financiamiento a la política, para beneficio personal o algún uso no establecido en las normas pero que el encargado de disponer estimó conveniente para el interés público, ello está penado y lo ha estado desde el comienzo de los gobiernos representativos modernos.

La situación en nuestro país con estos sonoros casos también es muy diferente al escándalo Petrobras que se investiga en Brasil. Si bien lo que se acusa es el desvío de fondos de una empresa, se trata de una empresa que controla el estado brasilero, y que habría desviado dinero para favorecer a los gobernantes de turno, aparentemente también en lo que respecta a campañas electorales. Porque es una empresa que opera en el mercado, no tiene las mismas restricciones que la administración pública, pero se trata de dineros esencialmente de todos los brasileños. Incluso cuando se tratara de una empresa privada, si el accionista controlador la usara para su claro y único beneficio ello sería castigado. Y qué cosa más clara si fuera cierto lo que se dice de Petrobras, que se habrían usado los recursos de la empresa para favorecer al grupo que administraba el poder en Brasil.

De lo que ocupa a los fiscales, a la prensa y al público en Chile, directamente o por filtraciones dirigidas, no corresponde a ninguna de esas situaciones; es bien distinto tanto al MOP-GATE como a Petrobras. Lo que hemos conocido es que compañías privadas, sin ninguna participación del gobierno, han usado parte de sus recursos para financiar gastos que no han ido a parar a algún accionista en particular sino a terceros. Los receptores de esos recursos los habrían usado total o parcialmente en el financiamiento de campañas políticas. Más aún, en el caso que más tiempo lleva en la opinión pública, el de las empresas PENTA, se trata de dos accionistas únicos, ambos de acuerdo en hacer los gastos respectivos. En los demás casos la información es que la decisión fue tomada por quienes tenían facultades apropiadas y no hay indicio de beneficio personal. Es decir, en Chile hablamos de casos en los que los dueños de los dineros hicieron el uso que quisieron con ellos, sin perjudicar a terceros y para fines moral y legalmente lícitos. Qué más lícito puede ser apoyar a una causa política en la que se cree, qué más legal que defender el derecho a la libre expresión y asociación. En democracia pocas funciones públicas son más necesarias y suficientes que expresarse libremente a favor de las ideas con las que se comulga.

Es un principio básico de una sociedad libre que así como en la función de gobierno sólo puede hacerse lo que está expresamente permitido y en la forma en que ello lo está, y quien no actúa de esa manera tiene los castigos o penas correspondientes, para los privados rige el principio del imperio de la ley, concepto central para la organización de toda sociedad y que expresa la vieja aspiración, tan occidental, de impulsar gobiernos de leyes, en lugar de otros que andan sobre el lodazal de las decisiones impredecibles y arbitrarias de los que ejercen el poder. Esto exige que los ciudadanos adecuen sus comportamientos a reglas públicas (no secretas) e inteligibles, que gocen de un mínimo de estabilidad y que hayan entrado en vigor con anterioridad a las conductas que regulan, por los sujetos que el ordenamiento jurídico señala y según los mecanismos dispuestos al efecto. Y se resume en que para la conducta privada, todo lo que no está expresamente prohibido está permitido.

Frente al concepto del imperio de la ley, existe siempre una concepción contraria, que se resume en la idea de gobernar a partir de decisiones ad hoc, súbitas e imprevisibles, emitidas por la voluntad de quien tiene el poder; un orden en el cual el uso discrecional de la medida concreta sustituye a la ley general. En estos casos, no puede hablarse de regulación, sino tan sólo de órdenes o de medidas.

Si en el caso chileno actual, a diferencia del pasado MOP-GATE o del de Brasil no hay platas públicas involucradas ¿qué es lo que se quiere castigar y dónde estaba prohibido? Aparentemente el objeto del delito es el financiamiento a la política. Pero aquí caben dos preguntas: ¿es razonable impedir el financiamiento privado y en particular el de las empresas a la política? Y, ¿estaba prohibida esa conducta con las penas correspondientes antes de estos actos?

Existe amplia evidencia práctica y conceptual que en una sociedad democrática no es conveniente ni razonable impedir el financiamiento privado de la competencia por los cargos electivos. Para entender cómo ello es indisoluble de los principios básicos de una sociedad que no quiere ser totalitaria son interesantes las disquisiciones de la Corte Suprema de los Estados Unidos, sobre las que puede leerse en http://ellibero.cl/ideas-libres/archivolibero-la-inmoralidad-en-el-financiamiento-publico-de-la-politica/

Pero si impedir el financiamiento privado no es conveniente, lo que sí es peligroso es acercarse al monopolio del financiamiento público por las graves consecuencias que ello tiene para la libre competencia de las ideas. Chile acaba de legislar al respecto y es sintomático del poco convencimiento y respeto que existe del Estado de Derecho lo expresado por Eduardo Engel, Presidente del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, conocida como Comisión Engel, cuando hace poco indicó que “La agenda de probidad no habría avanzado de igual forma de no haberse conocido los hechos que se están investigando, a veces gracias a filtraciones”. ¡Qué mejor ejemplo de la mentalidad de los totalitarios o simplemente iluminados que creen que el fin que ellos estiman superior justifica los medios! A pesar de la fama y popularidad del juez federal Sergio Moro que investiga el caso Petrobras en Brasil, la Corte lo reprendió por la filtración de que era responsable, ante quien debió disculparse. El Estado de Derecho al menos en ese aspecto está mejor defendido en ese país que en Chile.

Pero a pesar de lo discutible que es impedir el financiamiento privado a la política ¿no será el caso que ello estaba expresamente prohibido al momento que se ejecutaran los supuestos actos y sus penas establecidas? La mejor prueba de que no era así es que en ninguno de los procesos actuales se conoce que invoquen una ley contra el financiamiento político ni que mencionen sus penas. Al contrario, la legislación vigente al momento de los hechos ocurridos no establecía penas aflictivas y consideraba la prescripción de un año para lo actuado y los delitos conexos.

El salto que se ha dado para poder imponer a los privados un castigo que no estaba expresamente establecido rompiendo con ello una vez más el debido proceso ha sido ampliar de hecho las facultades de Impuestos Internos en el ámbito penal. No es extraño que cuando Chile perdía sus libertades en el pasado o cuando otros países del continente se han deslizado hacia el totalitarismo, las instituciones preferidas para lograr amedrentar y forzar los objetivos políticos de quienes detentan el poder han sido las facultades discrecionales que se justifican amparándose en la necesidad de obtener recaudación tributaria, vía impuestos aduaneros o similares. Los gobiernos -todos- son esencialmente cínicos, porque saben que actúan con interés de parte y no por amor a la cosa pública salvo muy escasas excepciones que no vemos en nuestro país; por lo mismo prefieren cobrar impuestos indirectamente a través de terceros, especialmente las empresas a quienes de paso endilgan todos los males, en lugar de dar directamente la cara al contribuyente. Si los políticos tuvieran la conciencia tranquila que están haciendo un servicio público, dirían sin resquemores cuánto cuesta el servicio que nos están prestando. Pero ello no es así. Justamente para esconder cuánto cobran para financiar sus actividades, aprueban reglas esencialmente complejas –las tributarias y afines- y los servicios de recaudación tienen facultades interpretativas vagas.  Pese a ello, que los burócratas de los impuestos puedan llevar al plano penal y discriminadamente unos u otros actos debería representar un abismo. El crear por analogía es un instrumento de control tributario, establecido especialmente en dicho código como lo son la factura y el concepto de falsedad ideológica; se trata de piruetas que tendrán graves consecuencias para el Servicio de Impuestos Internos, para el objetivo final de recaudación y desde luego, para el país. Ya no se entiende por qué con unos actúa de una forma y con otros de otra y cómo es que en unos casos se equivocan presentándose después de las fechas de prescripción mientras que en otros llega bien a tiempo. En esta materia la opinión del ex director del SII Ricardo Escobar ha sido clara y contundente cuando dijo que la institución actúa de modo temerario al perseguir conductas que las leyes no sancionan penalmente, pero no ha querido ser oída.

Vale la pena destacar también que el hecho que algunas personas se vean obligadas a buscar acuerdos judiciales, presionadas por filtraciones y show mediáticos en las escalinatas de tribunales que afectan a sus familias, no significa que efectivamente haya existido delito. Por el contrario es una muestra del tremendo retroceso que el país está experimentando, al igual que sus pares del hemisferio, en la protección de sus libertades. Con las debidas proporciones las confesiones que lograba Stalin eran obtenidas por este mismo medio.

Como decíamos al comienzo, es muy duro ir contra lo políticamente correcto, pero es un imperativo moral hacerlo aun a costa de ser una voz aislada. Los bullados casos PENTA, SQM y otros son muy distintos y diferentes a lo que vivimos con MOP-GATE o a las investigaciones de Petrobras. Romper principios básicos del Estado de Derecho y del debido proceso para pretender castigar a unos más duramente que a otros, con o sin causa no es éticamente justificable. Aprovechar el ambiente para dañar al adversario político y cambiar las reglas del juego democrático es aún peor. Desgraciadamente si hoy no se reacciona se caerá muy abajo y costará mucho recuperarse. Lo que deberíamos tener claro como sociedad es que lo que hace posible el imperio de la ley y la consiguiente limitación jurídica del soberano es la incorporación, en la ética social e individual, de la sabiduría que el ideal de la justicia y la libertad lleva consigo. Es, por lo tanto, indispensable una práctica colectiva fundada en la educación pública respecto de las exigencias morales y jurídicas que implica el ejercicio efectivo del poder. Si la sociedad civil no hace sentir esa demanda, las autoridades tendrán siempre la tentación de gobernar por medidas que atiendan su propia conveniencia inmediata, haciéndonos sentir que todo depende de una concesión graciable de su voluble determinación.

Ya nos regaló un diálogo esclarecedor al respecto Lewis Carroll en su siempre recordada Alicia en el país de las maravillas:

– Cuando uso una palabra -dijo Humpty Dumpty con desdén- ella significa exactamente lo que quiero que signifique.

– La cuestión es -respondió Alicia- si puedes hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.

– La cuestión es -contestó Humpty Dumpty- quién tiene el poder. Eso es todo.