Pareciera que la principal fuente de poder en nuestra sociedad la detenta por lejos, el Estado y sus instituciones.
Publicado el 25.04.2015
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A propósito de bulladas denuncias de tráfico de influencias vinculadas a la política, a los negocios y al gobierno, el tema del “poder”, y sus conexiones entre el mundo público y privado, ha capturado nuevamente atención. Con el propósito de lograr un mayor entendimiento en este espinudo tema, me he preguntado sobre los orígenes posibles del “poder”, y sobre el tipo de condiciones que favorecen su ejercicio indebido.

En tal ejercicio, deliberadamente he omitido casos particulares, así como episodios de la coyuntura y sus estridencias. El ánimo es indagar sobre el origen y sentido de las grandes fuerzas en operación, en lugar de discutir en torno al detalle y la casuística.

Partiendo por adoptar alguna definición de poder, y siguiendo la que ofrece Moisés Naím en su libro “El fin del poder”, propongo que nos concentremos en el “poder sobre otros”, y lo definamos como la capacidad para que “otros” hagan o se abstengan de hacer algo.

Tal capacidad (o poder en adelante) puede ejercerse ya sea por medio de la convicción pacífica o por medio de la compulsión o la fuerza.

En una sociedad libre, donde no se permite el uso de la violencia física (o psicológica) entre particulares, las relaciones y acuerdos entre ellos, son esencialmente voluntarios. Podrá en algunos casos ocurrir que una parte tenga mayor capacidad de negociación que otra, pero, las dos al acordar algo, están también indicando que esa opción (la del acuerdo), era la mejor que ambos disponían. De lo contrario una de las partes no concurriría a tal acuerdo.

Así las cosas, parece lógico sostener que por existir la condición de voluntariedad o de mutuo acuerdo en las relaciones entre particulares, la capacidad de lograr que otros hagan o dejen de hacer algo (poder) tiene los límites de la conveniencia de todas las partes involucradas. Quizá alguien pudiera sostener que el que algunos tengan de forma natural o que desarrollen más capacidad que otros para inducir comportamiento voluntario, pudiera no ser deseable. Pero, cuidando de no caer en la trampa de validar el mal de la envidia ¿qué tendría de malo si todos ganaran? Tras la naturaleza voluntaria de los acuerdos y de las transacciones, actúan fuerzas naturales que penalizan o premian el mal o buen desempeño. Y en este tipo de contexto, las personas siempre pueden voluntariamente ejercer la mejor de las opciones que disponen. Mientras más libre y competitivo sea el ambiente, más opciones habrán disponibles y más virtuoso será presumiblemente para todos a la postre el desarrollo de nuestra sociedad.

Una situación distinta, que pudiera merecer atención, sería aquella mixta que contemplase vínculos entre el ámbito privado y público. Sin embargo, en ella, la clave de la propiedad o impropiedad de la relación queda en gran medida determinada por la calidad de las reglas que gobiernan la acción del sector público. Por ejemplo, si como consecuencia de tales reglas no hubiese, ni se percibiese beneficio en capturar “el favor” de personeros públicos no habría motivación para el cohecho. Asimismo, si las autoridades no tuviesen facultades para crear o aprovechar situaciones que les permita hacer abuso de poder tampoco habría motivación para el abuso de poder. Si no hay hacha, no hay nada que afilar.

Podemos convenir entonces que bajo estas circunstancias, el origen, y límite del poder, así como la consecuente propiedad o impropiedad de su ejercicio, quedarían determinados por el tipo y calidad de las reglas que determinan el ámbito de la acción del estado. Situación, que se comenta a continuación.

El Estado, a través de sus instituciones, tiene el monopolio legal del uso de la “violencia” y de la “coerción”. Tal situación tendría, en teoría por origen, una suerte de delegación de poder de parte de la ciudadanía. Pero esto último, con el propósito principal de evitar el uso de la violencia entre particulares y administrar justicia. Esta es su principal misión, procurar la seguridad y paz ciudadana.

A diferencia del tipo de poder sobre otros que se ejerce en el ámbito privado en que las relaciones son voluntarias, el Estado sí puede imponer su voluntad a los ciudadanos por medio de la coerción dentro de los límites que fija la Constitución. Amparado en el monopolio de la coerción, fija reglas de obligatorio cumplimiento (leyes), tiene la capacidad para regular, expropiar frutos de nuestro trabajo (impuestos), fiscalizar, sancionar patrimonialmente, privar de libertad a los ciudadanos, etc. etc. etc. ¿Qué tal? Así puestas las cosas, uno se pregunta, ¿qué otro hábitat podría ser más favorable al ejercicio impropio del poder y, eventualmente, la tiranía si la constitución fuese permisiva?

Por otra parte, y muy desafortunadamente, la ciudadanía ha sido y es testigo doliente de que la misión básica por la cual se le asignaron los poderes no pareciera interesarle mucho a nuestro paladín de la paz y la justicia. Al menos así lo sugieren los criterios de priorización que se deducen a partir de los hechos. En efecto, a pesar de la capital importancia de la tarea que en materia de seguridad y justicia ciudadana se le ha mandatado, el Estado parecería estar más ocupado estatizando y burocratizando la educación, subiendo y complejizando los impuestos, redistribuyendo de quién, quién sabe qué a quién (¿universidad gratis para todos?), regulando, actuando como empresario, etc. Todo ello, llevando al límite las atribuciones que le permite la constitución.

Recapitulando entonces, pareciera que pudiéramos concluir que la principal fuente de poder en nuestra sociedad, la detenta por lejos, el Estado y sus instituciones. Si así fuese, surgen en mi opinión, algunas interrogantes cuya respuesta pudiese dar alguna luz, para poder avanzar en la solución de esta cuestión del poder, y su uso indebido.

Entre otras, ¿cómo explicar el hecho de que el Estado pareciera abandonar sus tareas más esenciales, y paralelamente muestre inclinaciones a regular y abarcar todo lo que se pone por delante? Específicamente, ¿cómo entender su afán de intervenir directamente en actividades, que son propias del sector privado o de la sociedad civil, y en las que además, la evidencia sugiere que lo hace peor?

¿No estará inadvertidamente dejando de ser la instancia garante de la convivencia pacífica en nuestra sociedad y transformándose en un apetecido botín, fuente de poder y privilegios? ¿No será acaso posible que el crecimiento inorgánico de la actividad del Estado, se explique, por ser aquel un objetivo deliberado de algunos operadores variopintos de los mercados del poder? ¿No será que en lugar de buscar nuevas regulaciones ad hoc para combatir la corrupción y otros males, un nuevo énfasis en la política pública debiese ponerse en limitar juiciosamente, pero con más decisión y severidad el ámbito y atribuciones del estado y sus instituciones?

Pablo Ihnen de la Fuente, Ingeniero y Consejero Libertad y Desarrollo.

 

FOTO: DAVID VON BLOHN/AGENCIAUNO