La gestión que en el campo de seguridad ciudadana lleva a cabo hoy el Estado no puede calificarse sino de incompetente.
Publicado el 14.07.2016
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Considere las siguientes dos -ya familiares- situaciones:

La primera: Volviendo usted de su trabajo e intentando abrir la puerta de su casa, se le acercan inadvertidamente dos antisociales y le roban.

Segunda situación: El Estado le aumenta los impuestos. A partir de ese momento, usted debe transferirle una mayor parte del producto de su trabajo.

Supongamos, por simplicidad, que el valor del perjuicio directo causado por ambos actos es equivalente y que usted no percibe ni asigna ningún valor al uso que el gobierno dé al producto del mayor impuesto.

¿Qué elementos comunes cabría identificar en estas dos situaciones?

En ambos casos se aplica “coacción” –ya sea de hecho o potencial- para quitarle el producto de su trabajo. ¿Cambia la naturaleza de tal acto el que en un caso el agresor sean un par de antisociales y en el otro sea el gobierno?

Más de algún lector atento razonará que en una sociedad moderna -en la que el uso de la fuerza entre ciudadanos se proscribe en beneficio de una convivencia pacífica- los impuestos serían instrumentos necesarios para poder financiar la seguridad ciudadana y  la administración de la justicia. Y razón tendrían tales eruditos lectores, ya que, de hecho, la razón primera y esencial que justifica la existencia de un Estado, es la de monopolizar el uso de la fuerza para proveer seguridad, administrar la justicia, y ser así garante de una convivencia pacífica.

Normalmente el financiamiento de tal tipo de actividades se hace por la vía tributaria. Pero, por cierto, cabría prevenir que ello no quita que los impuestos sean, por razones tanto morales como económicas, un mal que es necesario dosificar y administrar con extrema prudencia y buen juicio. Con tales precauciones, uno esperaría una diligente y eficaz gestión por parte de las instituciones responsables.

Lo paradojal sin embargo -y aquí se cruzan nuevamente nuestros dos relatos-, es que el Estado no sólo se esmera en imponer tributos en evidente exceso respecto a lo requerido para cumplir ese mandato esencial, sino que además, hace mal la pega. La gestión que en el campo de seguridad ciudadana lleva a cabo hoy el Estado no puede calificarse sino de incompetente.

Las familias viven refugiadas en sus hogares –cada vez más de ellas buscan mayor autoprotección con alambrados eléctricos y rejas-, por su parte, los delincuentes reinan en la vía pública.  Como si fuera poco, los bienes públicos que usted financia con su trabajo son, con la complicidad implícita de instituciones del Estado, dejados a merced de antisociales. . .  ¡para ser destruidos! Porque pareciera, en la práctica, que el “derecho” a protestar en la vía pública incluiría aquel de  obstaculizar que las personas trabajen normalmente y justificaría la destrucción de dichos bienes públicos.

Es que en los tiempos que corren, los ciudadanos comunes están cada día más  perplejos ante la indolencia de quienes conducen el país, y claman por una urgente solución. ¿Y dónde están los responsables?. . . Silencio.

Lo más triste, claro está, es que los que más sufren son los más vulnerables, que tienen menos medios para protegerse, mientras que los que encabezan la lista de beneficiados son los anti sociales.