La reforma en discusión, es que consagra el monopolio al eliminar de hecho la libertad sindical a nivel de la empresa y, además, intenta extender el monopolio a nivel de la industria.
Publicado el 09.03.2016
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En este mismo espacio, no hace mucho, comentamos sobre la competencia y la libertad. Señalábamos que en un contexto donde prevalece el respeto por la propiedad privada y la libertad para contratar, no es necesario promover la competencia por medios coercitivos. También indicamos que la mejor política pública pro competencia, consistía en mantener mercados libres y abiertos.

Lo anterior es válido para todos los mercados. Ya sean estos los de bienes y servicios que satisfacen a los consumidores finales, o los de los insumos claves, tales como los financieros y laborales.

Pese a lo anterior, hemos sido testigos, de cómo se persigue, demoniza y condena la actividad privada invocando prácticas no competitivas, y paralelamente, sin pudor, se legisla para consolidar monopolios en los mercados laborales. Quizá éste último, uno de los más peligrosos monopolios tratándose de una economía pequeña y abierta al mundo, como es el caso de la nuestra.

¿Cómo puede explicarse tal inconsecuencia?

A fin de abstraernos de la carga ideológica que normalmente conlleva el tema de la regulación laboral, intentemos ilustrar con un ejemplo sencillo lo que está hoy en discusión.

Supongamos que Ud. está evaluando un emprendimiento y requiere sólo contar con la colaboración de otra persona. Para ello, y utilizando una lúcida metáfora que me indicara un amigo, Ud.  “invita” a participar de “su” proyecto a un colaborador, ofreciéndole una compensación por su desempeño y servicios. Convendremos que si la “invitación” es aceptada, ello solo se podría explicar porque las condiciones ofrecidas son más atractivas que la mejor alternativa que dispone el invitado favorecido (de lo contrario habría ejercido aquella).

Consideremos ahora, que el emprendimiento es exitoso. Esto es, no sólo satisface una necesidad hasta ahora no cubierta, sino que también le permite a Ud. acceder a un satisfactorio margen. Hasta aquí vamos bien. Todos ganan.

Sin embargo, repentinamente su colaborador le comunica que desea abandonar el emprendimiento. Naturalmente, tras tal decisión, subyace la circunstancia de que la actividad alternativa a la que migra, cualquiera ella sea, le resulta más atractiva. El ejercicio de esta opción es perfectamente legítimo.

Obviamente, ante tal evento, Ud. evaluará cursar una nueva invitación a un tercero y continuar así con la marcha natural de los negocios. Ud. pensará; a nadie en su sano juicio se le ocurriría prohibir el reemplazo. Si el colaborador ejerce la opción de negar su trabajo conforme a los términos de la invitación, por la razón que sea, ¿qué justificación racional podría tener negarle a Ud. la opción de invitar a terceros?

Siguiendo con nuestro ejemplo, pero ahora, ateniéndonos al espíritu general de la reforma en discusión, el colaborador podría, amparado en la ley (coerción), negar su trabajo e impedir la opción de reemplazo a fin de exigirle a Ud. mejores condiciones que las contenidas en la “invitación”. ¿Tal bloqueo huele a monopolio, no le parece?

Sospecho que de prosperar este absurdo tipo de iniciativas, sólo cabría esperar que se curse un menor número de “invitaciones” en los negocios hoy existentes (mientras puedan sobrevivir). Por cierto  también cabría esperar una merma en el entusiasmo para el desarrollo de nuevos emprendimientos, y de las invitaciones que ellos conllevarían.

Quizá Ud. podría sostener que estoy simplificando en extremo la situación al considerar sólo un trabajador y no hacerme cargo de la forma de remunerar la productividad específica. Pero, la simplificación del número de trabajadores, es deliberada por cuanto otra novel contribución de la reforma en discusión, es que consagra el monopolio al eliminar de hecho la libertad sindical a nivel de la empresa y, además, intenta extender el monopolio a nivel de la industria.

En cuanto al tema de la productividad específica, soy particularmente escéptico que la forma de abordarlo sea por el viejo expediente de la coacción, y en especial estableciendo monopolios legales. Me parece que un ambiente de libre entendimiento, es mucho más proclive, a la consecución de un buen arreglo, y a una buena relación de las partes involucradas. De hecho, debido a que el entrenamiento específico es útil sólo en la empresa particular  (y no en otras), presumiblemente el empleador estará dispuesto a financiarlo, si el piensa que el colaborador no migrará tan pronto lo haya adquirido.

Personalmente, no tengo ningún prejuicio en que trabajadores se unan libremente en grupos de intereses afines para negociar sus condiciones, tanto en cuanto sea en un ambiente respetuoso de la libertad de las partes afectadas. Más aun considero indispensable para lograr un buen desempeño de la empresa, promover un ambiente que  fomente e induzca una virtuosa complementariedad. Pero así como una de las partes tiene la opción legítima de negar su trabajo votando con los pies (migrando hacia otras opciones), o con una huelga, parece por lo menos de mal gusto negarle al anfitrión que les cursó la invitación el derecho natural al reemplazo, transitorio, o permanente (según corresponda) con otros candidatos que si valoran la opción.

Por último, y volviendo a la interrogante de la inconsecuencia, en mi opinión personal, no hay razón válida en el contexto de una sociedad libre para establecer un monopolio legal como el que hoy se discute. La respuesta, al parecer, hay que buscarla en motivaciones ideológicas, interactuando con intereses de grupos de presión.

Como casi siempre ocurre en este tipo de situaciones, el club de los que están y pueden sacar partido de una transacción política, lo hacen a costa del desarrollo país, con el agravante de limitar las opciones de sus semejantes. ¡Que oda a la competitividad! , ¿y a la solidaridad?