El Estado es la única organización humana que medra con su fracaso, mientras más fracasa más recursos y poder le son concedidos. El peligro está en que pueda acapararlo todo. La justicia social puede ser una vía al totalitarismo.
Publicado el 07.11.2014
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Advertía Hayek en La Fatal Arrogancia cómo el adjetivo “social” tenía el poder de vaciar de contenido a cualquier concepto. Así sucede, por ejemplo, con la noción de justicia. Conforme a la añosa definición del romano Ulpiano, justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada cual su derecho y, por consiguiente, es eminentemente restaurativa: manda devolver lo suyo a quien hubiere sido injustamente despojado. Una vez aparejada del adjetivo “social” no solo queda desvirtuada sino que termina significando precisamente lo opuesto de su concepto original: una buena excusa para despojar a cada cual de lo suyo.

La noción de justicia social plantea dudas en dos planos o niveles de análisis, el práctico y el teórico. Desde el punto de vista de la praxis uno puede preguntarse por la eficacia y eficiencia de tal noción para alcanzar lo que con ella se pretende alcanzar. Porque la noción de justicia social no cumple una función puramente especulativa, no es tan solo un pretexto para la disquisición bizantina de intelectuales ociosos, sino que pretende justificar determinados cambios en la sociedad.

La idea de justicia social va unida a las ideas de igualdad material y redistribución de la riqueza, donde la redistribución es el medio de conseguir la igualdad material. La redistribución supone transferir riqueza desde los más ricos hacia los más pobres para de este modo igualarlos o cuando menos acercarlos en poder de consumo.

Para ello los defensores de la justicia social deben partir por renegar de una forma dada de reparto o distribución de la riqueza en la sociedad que se califica como injusta o no igualitaria. Se trata primeramente de poner en cuestión los títulos de legitimidad para poseer lo que se posee. Eso supone contar con un criterio de legitimidad. Corrientemente quienes defienden el concepto de justicia social recurren a un criterio de legitimidad que no pueda explicar la distribución actual, a veces es la propia igualdad u otro criterio como el mérito o la necesidad. Razonan del siguiente modo: La justicia exige que el reparto de la riqueza en la sociedad se haga en atención a X (donde X = criterio de legitimidad). Dado que la distribución actual de la riqueza no opera bajo X, la distribución actual es injusta o, “no justa” y por ende debe ser corregida. De aquí surge entonces una apelación a la sociedad, más precisamente a todos nosotros, a organizarnos de tal modo que se corrija este reparto injusto, que se re-distribuya la riqueza.

En su versión más radical este ideal demanda despojar a los privados de los medios de producción para que sea el Estado quien gestione toda la producción y reparta los frutos. En su versión más moderada la justicia social se satisface con quitarle parte de los frutos a los dueños de los factores productivos por la vía de impuestos. En ambos casos quien se encarga de todo es el aparato estatal utilizando como método persuasivo contra los egoístas la amenaza de coacción. Tal coacción sería legítima desde que nadie puede oponerle al Estado un título de legitimidad sobre lo que posee, porque lo poseído no se ha obtenido según X.

En el plano de la praxis surge una primera pregunta sobre la eficacia del Estado para conseguir la justa redistribución de la riqueza. Durante todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI hemos transferido crecientes cuotas de riqueza desde los privados al Estado y, si bien, algunos problemas parecen haberse resuelto por esta vía, el sentimiento general, el Zeitgeist, sigue siendo una profunda disconformidad con el orden de las cosas. No solo en Chile, sino también en Alemania o Suecia. Cabe preguntarse si la justicia social no será uno de esos “objeto de deseo inalcanzable” de que hablaba Lacan. De Jouvenel demuestra que no es cierto que baste con quitar a los más ricos de la sociedad para elevar significativamente el nivel de vida de los más pobres, sino que se requerirá también una mayor contribución de la clase media e incluso de la clase media baja, lo que en definitiva genera cuantitativamente mayor malestar que bienestar. El malestar de los que deben consentir una rebaja en sus condiciones de vida es más intenso que el bienestar de los que las ven mejoradas.

Pero incluso concediendo que el ideal de la justicia social pudiera haberse conseguido en algún lugar del mundo y, por tanto, concediendo que el Estado sea eficaz para conseguir la redistribución justa de la riqueza, surge una segunda interrogante ahora respecto de la eficiencia del Estado en la realización de ese fin. La pregunta puede formularse de manera muy concreta: cuánta de la riqueza que los particulares transfieren al Estado bajo amenaza de coacción queda atrapada en los engranajes del mecanismo y cuánta retorna a los privados para equilibrar diferencias. ¿El Estado hace un uso óptimo de los recursos que se le transfieren? ¿No podrían hacerlo mejor los privados por vías no coactivas? ¿Qué asegura que la distribución estatal sea virtuosa? Son preguntas que no contestan los adalides de la justicia social.

Desde el punto de vista teórico la noción de justicia social ha sido objeto de críticas fuertes por Friedrich Hayek, en toda su obra, pero especialmente en Derecho, Legislación y libertad, en el tomo que él denomina precisamente el Espejismo de la Justicia social. Resumiendo apretadamente la crítica de Hayek podríamos decir que en su opinión se trata de un sinsentido; de un peligro y de un engaño. El concepto de lo justo aplicado a los resultados del mercado sería absurdo según Hayek, porque el mercado no es otra cosa que la interacción de millones de sujetos que intercambian y por ende, la distribución de la riqueza resultante de ese proceso no es atribuible a ningún sujeto en particular sino a la interacción de todos, a innumerables concausas sin que nadie controle el fenómeno global. Hayek parte de la premisa de que el reproche moral solo puede hacerse al individuo respecto de conductas en las que participa con consciencia y voluntad. El concepto es inaplicable al mercado o a la sociedad, primero que nada, porque no son personas, vale decir, no son agentes morales,  y porque los resultados generales de la distribución en procesos de mercado no son previstos ni queridos por ningún individuo en particular y ninguno tiene una influencia determinante en el reparto general. Por tanto, cuando la gente se queja de la injusticia del “modelo” lo hace bajo la misma reacción emotiva que impulsa a considerar injusto que alguien sea fulminado por un rayo o que contraiga cáncer. Lo espontáneo o lo azaroso no se explica bajo la lógica de la justicia.

La justicia social es un peligro porque implica una progresiva transferencia de poder y recursos desde los particulares al Estado. Como nunca es suficiente para conseguir la igualdad deseada el Estado reclama más y más poder y riqueza desde los particulares. Por ejemplo, ¿cuánto se necesita para mejorar la educación? Se destinó millones de dólares durante el gobierno de Lagos y aporte que se duplicó durante el primer gobierno de Bachelet y hay consenso en que la educación sigue pésima. El Estado es la única organización humana que medra con su fracaso, mientras más fracasa más recursos y poder le son concedidos. El peligro está en que pueda acapararlo todo. La justicia social puede ser una vía al totalitarismo.

Finalmente la justicia social es un engaño porque lo que se obtiene a través de ella no es igualdad sino privilegio. Cada grupo de presión reclama para sí una cuota privilegiada de la producción social enarbolando las banderas de la justicia social. Tengo “derecho” a que tú financies mi bienestar es en buenas cuentas la pretensión que se oye hoy por todas partes. La necesidad o el deseo de algo se transforman en título suficiente para exigir derechos sobre el patrimonio y las rentas de los demás.

Si el objetivo de todos es que cada vez mayor cantidad de personas acceda a mayor cantidad de bienes y servicios, tal vez la vía no sea la redistribución coactiva del Estado, sino la creación de más bienes y servicios de cada vez mejor calidad y a más bajo precio para ponerlos al alcance de todos. Por tanto sería conveniente que nos centráramos en determinar bajo qué condiciones se crea más riqueza antes de pensar en cómo la repartimos.

 

Claudio Palavecino, Abogado y Profesor de la Universidad de Chile