Tras la contundente victoria de Sebastián Piñera en la elección de diciembre de 2017 y la debacle electoral de la centroizquierda, quedó demostrado que la gran mayoría de los chilenos no quería de ninguna manera bajarse del tren del éxito ni repudiaba la búsqueda de acuerdos y consensos que le den estabilidad a nuestro desarrollo. De esa manera se definió también la tarea fundamental del nuevo gobierno: la construcción de nuevos pactos y consensos que le permitan al país superar el ambiente de confrontación y reiniciar su marcha hacia el desarrollo.
Publicado el 28.02.2018
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La anomalía chilena

Hasta la década de 1960 Chile fue considerado, de la misma manera que Argentina pero por razones opuestas, como un caso anómalo que contravenía las teorías que ligaban la consolidación de la democracia con un cierto grado de desarrollo económico y social. Como Arturo y Samuel Valenzuela apuntan en un importante ensayo de 1983 sobre la democracia chilena publicado en Estudios Públicos: “Entre los casos divergentes más destacados se cuentan dos en América Latina: el de la Argentina, donde la falta de democracia se contrapone con el alto grado de modernización de la sociedad; y el de Chile, que en muchos estudios aparecía como uno de los países más democráticos del mundo, pese a su categoría de país relativamente ‘subdesarrollado’ en cuanto a indicadores socioeconómicos.”

Así, por ejemplo, a mediados de la década de 1960 la calidad democrática del sistema chileno era considerada, en el índice elaborado por Kenneth Bollen, como superior a la de países como Estados Unidos, Francia y Alemania Federal a pesar de que el ingreso per cápita chileno no llegaba, en paridad de poder adquisitivo, ni a la mitad del de aquellos países (sin ese ajuste el ingreso per cápita estadounidense era en 1965 5,5 veces mayor que el chileno).

Esto no fue, sin embargo, obstáculo para que pocos años después, en septiembre de 1973, Chile experimentara un espectacular colapso democrático y la instauración de un régimen militar que duraría hasta marzo de 1990. Con posterioridad a ello, Chile volvería a convertirse en un notable ejemplo de estabilidad democrática en el contexto latinoamericano, pero esta vez coincidiendo con un pujante desarrollo económico y un progreso social sin precedentes. Este conjunto de circunstancias ha hecho de Chile un caso de especial interés dentro de los estudios sobre la democracia, poniendo en duda muchas de las “verdades” generalmente aceptadas sobre la democracia y sus premisas.

Estado e instituciones

El desarrollo comparativamente temprano y estable de la democracia chilena está indudablemente relacionado con una evolución institucional bastante única en el contexto latinoamericano. Las diversas confrontaciones internas que siguieron a la independencia (oficialmente jurada en febrero de 1818) fueron resueltas en un tiempo relativamente breve que tuvo su punto final con la batalla de Lircay en abril de 1830. Esta “primera anarquía” dio paso a lo que Gonzalo Vial en su historia de Chile ha llamado “consenso autoritario”, bajo el cual se edificó un Estado centralista, fuerte y cada vez más profesionalizado que de allí en adelante ha jugado un rol clave en la historia chilena, al punto de justificar la afirmación que hiciese Mario Góngora en su célebre Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile, acerca de que, en nuestro país, “el Estado es la matriz de la nacionalidad: la nación no existiría sin el Estado, que la ha configurado a lo largo de los siglos XIX y XX”.

En muchos sentidos se trataba de una restauración sui generis, que restableció, a su manera, el principio fundante del orden colonial. Las ideas y la obra de Diego Portales fueron decisivas a este respecto y quedan bien resumidas en las siguientes palabras de Alberto Edwards, tomadas de su clásico ya nonagenario La fronda aristocrática en Chile:

“La obra de Portales fue la restauración de un hecho y un sentimiento, que habían servido de base al orden público, durante la paz octaviana de los tres siglos de la colonia; el hecho, era la existencia de un poder fuerte y duradero, superior al prestigio de un caudillo o la fuerza de una facción; el sentimiento era el respeto tradicional por la autoridad en abstracto, por el poder legítimamente establecido con independencia de quienes lo ejercían. Su idea era nueva de puro vieja; lo que hizo fue restaurar material y moralmente la monarquía, no en su principio dinástico, que ello habría sido ridículo o imposible, sino en sus fundamentos espirituales como fuerza conservadora del orden y de las instituciones.”

Durante el resto del siglo XIX los gobiernos civiles se sucederían unos a otros parsimoniosamente, en una continuidad que sólo conocería una breve pero importante excepción: la guerra civil del año 1891 entre las fuerzas del parlamento y las del presidente José Manuel Balmaceda. En ese contexto, el consenso autoritario-conservador inicial fue evolucionando hacia un “consenso oligárquico” más amplio, que además permitió la incorporación creciente de los estratos medios a la escena política, con la fundación del Partido Radical en los años 60, e incluso, hacia fines de la década de 1880, de estratos más populares nucleados en torno al Partido Demócrata encabezado por Malaquías Concha (y en el cual militó Luis Emilio Recabarren). Al mismo tiempo, la reforma del sistema electoral de 1874 limitó la intervención de gobierno de turno en las elecciones y eliminó los requerimientos censitarios, ampliando el derecho a sufragio a todos los hombres adultos (de 20 años o más en el caso de los casados y 24 en el de los solteros) que supiesen leer y escribir. Con ello se dobló el electorado, que hacia finales de siglo llegaría a representar entre un 15 y un 20 por ciento de la población masculina en edad de votar, lo que ponía a Chile entre los países más avanzados en esta materia.

Se trata, sin duda, de un desarrollo anómalo desde el punto de vista de una región dominada por sus caudillos militares, los enfrentamientos violentos entre distintas fracciones de las élites dirigentes y la fragilidad institucional. Esto no deja de sorprender en la medida en que Chile compartía muchos de los rasgos socio-económicos del resto de América Latina, en particular en lo referente a sus profundas desigualdades y el predominio del latifundio, que lo distanciaban tanto de aquella “igualdad de condiciones” que Alexis de Tocqueville describió con asombro en su obra clásica sobre la democracia estadounidense (La democracia en América).  Sin embargo, su fortaleza estatal-institucional, así como la ausencia de élites regionales capaces de cuestionar con éxito la primacía de Santiago, lograron darle un cauce preferentemente institucional a las pugnas dentro de los grupos dirigentes, estableciendo ciertos consensos o pactos implícitos que garantizaron la contención del impulso “frondista” o disgregador connatural de las élites latinoamericanas y su espíritu señorial premoderno.

Este desarrollo anómalo no sólo tuvo su eje en un Estado fuerte de corte moderno así como en un sólido principio de legalidad, sino que promovió el surgimiento de una cultura política legalista, centrada en torno a las organizaciones partidarias, las ideas y los procesos electorales, en vez de, como era común en casi todo el resto de América Latina, en torno a caudillos civiles o militares y sus clientelas. Por ello mismo, el caudillismo, el populismo y el uso de la violencia han sido fenómenos si no totalmente ausentes al menos esporádicos en la historia política de Chile.

El complejo siglo XX y la debacle de la democracia

El fundamento estructural “no tocquevilliano” de la sociedad chilena, con sus tensiones sociales latentes o abiertas, no dejó sin embargo de hacerse sentir, especialmente durante el siglo XX bajo la presión de un acelerado incremento demográfico, una urbanización aún más acelerada y el surgimiento de un movimiento obrero radicalizado así como de partidos políticos de inspiración marxista-revolucionaria. Pero, a pesar de ello, los conflictos pudieron mantenerse, exceptuado el período que se inicia en 1924 y culmina con la “segunda anarquía” de 1931-1932, dentro de los cauces institucionales establecidos hasta la espiral de radicalización y el estallido de la “tercera anarquía” que condujo al gran colapso democrático de 1973 (recurriendo nuevamente la terminología de Gonzalo Vial).

Esta evolución supuso un reacomodo y ampliación de los consensos y pactos fundantes de la institucionalidad chilena, pasando así del orden oligárquico del siglo XIX a la “república mesocrática” de mediado del siglo XX y de la época liberal-exportadora de “desarrollo hacia afuera” a aquel modelo fuertemente proteccionista y estatista de “desarrollo hacia adentro” (según los conocidos conceptos de Aníbal Pinto) que sería simbolizado por la poderosa Corporación de Fomento (Corfo) y la figura del Estado empresario.

Esta orientación hacia los consensos y pactos, así como a su acomodo evolutivo, se rompió abruptamente en la década de 1960 como consecuencia de la rápida radicalización política que se propagó por toda América Latina en la estela de la Revolución Cubana de 1959. En pocos años, la democracia chilena se transformó de una arena de negociaciones y compromisos en el escenario de un enfrentamiento crucial entre orientaciones ideológicas que buscaban, cada una a su manera, una refundación del país sobre bases completamente nuevas, dando así inicio a lo que Mario Góngora denominó “la época de las planificaciones globales”. En este contexto, se fortalecen las tendencias marxistas que descartaban la “democracia burguesa” y consideraban imprescindible el uso de la violencia para alcanzar sus objetivos revolucionarios. En suma, la democracia chilena había dejado de ser una democracia de consensos o pactada para transformarse en una de carácter plenamente confrontacional.

Con el ascenso al poder de Salvador Allende en noviembre de 1970 se radicaliza dramáticamente el escenario confrontacional. El aparato del Estado y las instituciones democráticas, así como los medios de comunicación, la sociedad civil y la economía, se transforman en escenarios de un enfrentamiento sin cuartel que fue destruyendo, inexorablemente, los fundamentos mismos del orden cívico y la democracia. Ya antes del golpe militar de septiembre de 1973 se había producido el colapso de la civilidad, así como del Estado de derecho y de la tan célebre institucionalidad chilena. De su democracia apenas quedaba aquel cascarón resquebrajado y cada vez más vacío que fue definitivamente sepultado manu militari el 11 de septiembre de ese fatídico año.

Transición a la democracia y voluntad pactista

Este rápido desarrollo hacia el golpe de Estado de 1973 en lo que fue la democracia más antigua, reputada y estable de América Latina nos muestra claramente la amenaza latente para el orden social en general y para la democracia en particular que existe, tal como lo advirtió Tocqueville, en sociedades atravesadas por profundas desigualdades y tensiones sociales. Esta fue la principal lección aprendida por las fuerzas políticas que condujeron, con magistral sabiduría, el retorno de Chile a la democracia después de más de 16 años de gobierno militar. Ese fue el fundamento de su decidida “voluntad pactista”, tan bien representada por la figura de Patricio Aylwin, que hizo posible una transición ordenada y pacífica a la democracia.

Surgió así una “democracia pactada” o de consensos que, de acuerdo al modelo estudiado por el politólogo holandés Arendt Lijphart (que él llama “consociational democracy”), se basa en una serie de acuerdos constitucionales que le dan un fuerte resguardo a la minoría y aseguran la estabilidad de las principales reglas del juego político exigiendo amplias mayorías, y por ello pactos, para su eventual modificación. Pero más importante que los pactos formales y los mecanismos constitucionales fue la voluntad de las élites dirigentes chilenas de evitar un desarrollo confrontativo que pudiese reproducir la trágica evolución que llevó al golpe militar del 73. Ello hizo posible, junto a una pujante economía de mercado cuyos fundamentos fueron puestos durante la dictadura militar, que Chile experimentara las mejores décadas de su historia, con avances muy notables en todos los terrenos.

Del malestar del éxito al triunfo de Sebastián Piñera

Sin embargo, a partir de las grandes movilizaciones del año 2011 se abrió un desarrollo político que hizo temer que los mejores años de la democracia pactada perteneciesen al pasado y que las tendencias hacia la división y la confrontación volviesen a imperar. La sorpresa fue entonces general y mayúscula. Lo que ocurría parecía ser inexplicable, pero no lo era y ni siquiera se trataba de algo único. En parte, se trataba de un proceso natural de agotamiento de los viejos pactos y de las fuerzas que los sustentaron. Esto fue muy evidente en el caso de la centroizquierda, que en pocos años pasó de la exitosa Concertación a la nada actual. Pero se trataba también de la combinación de dos tipos de descontento o malestar, ambos bien estudiados y nacidos del enorme progreso alcanzado por el país.

El primero tiene su motor en el aumento desbordante de las expectativas propio del rápido progreso. El segundo expresa un cambio valórico profundo que asumió la forma de una fuerte confrontación generacional. Esos dos tipos de descontento apuntan, en cuanto a sus conclusiones políticas, hacia lados opuestos, pero era fácil confundirlos y de esa manera malinterpretar, como ocurrió bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, lo que quería la mayoría del país.

El primer tipo de malestar, aquel que ya en los años 50 del siglo pasado se asoció a la así llamada “revolución de las expectativas crecientes”, puede llegar a ser especialmente prominente en un país como Chile que en un tiempo tan corto deja la pobreza absoluta tras de sí, ve surgir amplias capas medias y experimenta una revolución educacional sin precedentes que en tres décadas multiplica por diez la cantidad de estudiantes de la educación superior. Una situación así pone de golpe al país ante la paradoja de la pobreza relativa, por la cual el sentimiento de pobreza puede incrementarse al mismo tiempo que la pobreza se reduce drásticamente. La pobreza absoluta trata de la lucha por las cosas más elementales para la vida, mientras que la relativa trata de todo aquello que uno puede desear pero no obtener, y esto último crece de manera exponencial cuando podemos levantar la vista de lo más apremiante y nuestros horizontes se amplían por el mayor acceso a la educación y a los medios de comunicación. Por ello puede crecer la frustración y el descontento a pesar de nuestros progresos, no menos cuando sabemos que otros sí pueden gozar de todo aquello que nos falta. La conclusión de ello es que se quiere recibir aún más de los frutos del progreso. No es que uno quiera bajarse del tren del éxito, sino viajar en primera clase.

El segundo tipo de descontento conduce a la conclusión opuesta y también es bien conocido. Es aquel que, por ejemplo, experimentó Europa occidental en 1968. Fue el año en que la primera generación de europeos nacidos después de la guerra, la generación de la paz y el progreso, se alzó contra la mejor Europa que se halla conocido. Su revuelta no fue contra la pobreza ni el fracaso, sino todo lo contrario. Tal como en el caso de Chile, su descontento estaba propulsado por un sorprendente “malestar del éxito” o del progreso.

En el fondo, se trata de cambios valóricos drásticos producidos por un gran progreso que en poco tiempo transforma las condiciones de vida de una sociedad de manera radical. Eso es lo que había pasado en la Europa de la posguerra y también en el Chile posdictatorial. De esa manera se abrió, en ambos casos, un profundo abismo entre la generación de los padres, crecida bajo duras circunstancias (profundas crisis económicas, pobreza, guerra, dictadura), y la de los hijos, formados bajo condiciones opuestas (prosperidad creciente, consumo de masas, paz, democracia). De acuerdo a los conceptos que Ronald Inglehart acuño para entender la revuelta juvenil europea del 68 (pero también aplicables a la “peace & love-generation” estadounidense) esas condiciones tan diferentes de vida dan origen a perspectivas valóricas y a preferencias opuestas, que van a entrar en conflicto debido a la excepcional rapidez del progreso. Lo que normalmente ocurre de manera evolutiva va por ello a asumir la forma de una aguda lucha intergeneracional, en la que una parte significativa de la generación joven cuestionará el conjunto del orden social existente.

En este contexto, la generación adulta representa lo que Inglehart llamó “valores materialistas”, propios de la dura lucha por la supervivencia, mientras que los jóvenes tienden a darle expresión a “valores posmaterialistas”, formados por una vida en que el bienestar básico se ve como algo normal y las preferencias tienden a direccionarse hacia “la buena vida” y la autorrealización personal. De esta manera se desvalorizan, o incluso desprecian, las luchas políticas así como conquistas materiales de los padres e igualmente el sistema social que las hizo posibles. Lo que ahora se quiere es una sociedad distinta, más humana, colaborativa, altruista e igualitaria, alejada del individualismo, el lucro, el mercado y la competencia. En otras palabras, lo que se quiere es bajarse –al menos por un tiempo– del tren del éxito alcanzado.

Ese fue el discurso que resonó en la Europa de 1968 y también en el Chile del 2011. Ahora bien, las consecuencias políticas de la revuelta juvenil van a depender enteramente de la forma en que la izquierda más moderada se relacione con la misma. En nuestro caso, los partidos de la ex Concertación optaron por subirse al tren del descontento radical, repudiando los compromisos y el espíritu de consenso en torno a los valores de la democracia liberal y la economía de mercado que habían fundado el éxito alcanzado, adoptando en su lugar una agenda confrontativa y refundacional. En fin, fue la alternativa de bajarse del tren del progreso la que imperó y formó la base del programa rupturista de gobierno de Michelle Bachelet.

De esa manera se inició un período de confrontación política y estancamiento económico que terminó con la contundente victoria de Sebastián Piñera en la elección de diciembre de 2017, la debacle electoral de la centroizquierda y el auge de la izquierda radical. Con ello quedó demostrado que la gran mayoría de los chilenos no quería de ninguna manera bajarse del tren del éxito ni repudiaba la búsqueda de acuerdos y consensos que le den estabilidad a nuestro desarrollo. De esa manera se definió también la tarea fundamental del nuevo gobierno: la construcción de nuevos pactos y consensos que le permitan al país superar el ambiente de confrontación y reiniciar su marcha hacia el desarrollo.