A propósito del debate que se abre a partir de la entrega del informe de la Comisión Engel y los planteamientos que realizará la Presidenta, El Líbero reedita dos artículos que rebaten la tesis de prohibir aportes privados a la actividad política.
Publicado el 24.04.2015
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A continuación se exponen dos ensayos escritos por la abogada y MBA y PhD (c) en Economía, Eleonora Urrutia, sobre el financiamiento de la política.

La inmoralidad de los límites al financiamiento privado de la política

Publicado el 11 de octubre de 2014.

Decía Karl Popper: “La creencia en la existencia empírica de conjuntos o colectivos sociales, a la que podríamos llamar colectivismo ingenuo, debe ser remplazada por el requisito de que los fenómenos sociales -inclusive los colectivos- sean analizados en función de los individuos, sus acciones y relaciones entre ellos”.

Somos una sociedad de personas libres, anteriores a la existencia del Estado con derechos inalienables que nadie -especialmente a quien conferimos el monopolio del uso de la fuerza- puede restringir siempre que no dañemos la vida o la libertad de otras personas. Sobre la base de este acuerdo voluntario que fue evolucionando y permitió pasar del tribalismo a la civilización –hoy de más de siete mil millones de personas– es que nos imponemos un Estado y a los actores políticos que lo representan. Es de la esencia de este sistema que no se pueda impedir expresarnos libremente y menos cuando estas restricciones son impuestas por los propios interesados -los políticos o burócratas en ejercicio- quienes están al servicio de las personas, son pagados por ellas y no debieran poder imponer su voluntad en la esfera de la libertad de las personas.

Así lo reconoció inicialmente Estados Unidos, y a poco de sancionar su primera Constitución aprueba en 1791 la Declaración de Derechos conocida como Bill of Rights, cuya Primera Enmienda declara el derecho a la libertad de expresión prohibiendo que el Congreso apruebe cualquier ley que coarte el derecho de cada individuo a expresarse libremente. Esta enmienda ha tenido diversas interpretaciones judiciales. En la más reciente, Mc Cutcheon v. Federal Election Commission (2 de Abril 2014) la Corte sentenció que los límites fijados por la Federal Election Campaign Act (FECA) de 1971 sobre cuánto puede donar una persona a un candidato, a partidos políticos y a comités de acción política combinados respectivamente en un período de dos años conocido como el “ciclo electoral”, violaba la Cláusula de Libertad de Expresión de la Primera Enmienda de la Constitución. El juez John G. Roberts Jr, que expresó la opinión mayoritaria sentenció que “no hay derecho más básico en nuestra democracia que el derecho a participar en la elección de nuestros líderes políticos”(…) “Seguramente muchos ciudadanos estarían encantados de ver menos comerciales sobre los logros de un candidato o de otro atacando a sus adversarios”, escribió, para agregar más adelante: “El dinero en la política puede, a veces, parecer repugnante para muchos, pero también lo son muchos de los actos que tan vigorosamente defiende la Primera Enmienda. Si ella protege la libertad para quemar nuestra bandera, para realizar desfiles nazis y permite protestas en funerales –a pesar de la profunda ofensa que pueden causar tales espectáculos– debe proteger también los discursos o financiamientos privados de campañas sin límites y a favor de cualquier candidato, aún si existiera oposición popular”.

En los últimos tiempos y en concordancia con la creciente interferencia de los gobiernos en la vida de los ciudadanos se ha difundido la idea de parte de los propios interesados -los políticos- que las campañas deben financiarse con fondos públicos y que debe ponerse límites a las donaciones particulares.

Además de la tremenda inmoralidad que significa que los propios interesados en ganar un cargo o banca financien su elección con el dinero de nuestros impuestos o con cargas sin compensación a los medios de comunicación, las leyes de financiamiento público de campañas políticas, al socavar elecciones competitivas dañan la democracia misma. La evidencia demuestra que restringir la cantidad de fondos que se pueden recaudar de los ciudadanos sólo ayuda a los políticos en el cargo, quienes son más conocidos que sus desafiantes porque se convierten en figuras públicas que se adueñan de las acciones hechas con nuestras contribuciones. Estas leyes fomentan también incordios como el de los nueve candidatos de la última elección presidencial de Chile, algunos de los cuales no representaban a nadie.

Ejemplo del cinismo que se esconde tras el falso ideologismo de la lucha contra la corrupción en las campañas políticas es la Enmienda de los Millonarios de la leyMcCain-Feingold que levantaba los límites de financiación cuando aparecía un competidor que podía financiarse a sí mismo. Si la esencia de la ley era evitar la presunta corrupción debieron recordar que ésta se deriva de un acuerdo quid pro quo que vincula donaciones con acciones particulares de un político en ejercicio. Quien usa su propio dinero para financiar su campaña no puede ser auto corrompido. Y además los candidatos que emplean su propio dinero reducen su susceptibilidad a las presiones de coacción.

Pero además hay otro tema moral: ¿Por qué obligar a los contribuyentes a financiar con sus recursos a partidos que no quieren financiar? ¿Cómo obligarlos a pagar por las banderitas y panfletos de candidatos que no sólo no votarán sino con quienes están en las antípodas del pensamiento?

Las regulaciones sobre financiamiento de campañas no atacan la corrupción simplemente porque las contribuciones en campaña no corrompen a los políticos. En un artículo de 2003 en el Journal of Economic Perspectives, tres académicos del MIT relevaron más de cuarenta estudios publicados entre 1976 y 2002 y encontraron que en tres de cada cuatro casos las contribuciones de campañas no tuvieron efectos significativos o los tuvieron de signo opuesto. Para corroborarlo hicieron su propio estudio que también concluyó que los votos de los legisladores dependen de sus propias creencias y de las preferencias de sus votantes y de sus partidos (recordemos que en Estados Unidos el sistema electoral es por circunscripción uninominal por lo que la dependencia de los candidatos de sus votantes es determinante). Y en consecuencia las contribuciones en dinero no tenían ningún efecto en la conducta del legislador electo. En lugar de ser contraintuitivo parece lógico que los legisladores no quieran traicionar sus principios políticos o los de su electorado por una contribución de campaña. Después de todo son los votos y no los pesos los que se colocan en las urnas y no tiene mucho sentido contrariar a los votantes por una contribución que sólo puede ser usada para tratar de conquistar nuevamente a esos mismos votos.

Las llamadas reformas al financiamiento de las campañas políticas nos distraen de la verdadera fuente de potencial corrupción -el gobierno ubicuo, aquel que todo lo quiere presenciar y que vive en continua intromisión. Con creciente énfasis en las últimas décadas la mayoría de los gobiernos fomentan la corrupción porque ejercen sus cada vez más vastos poderes sobre todo aspecto de la vida de los individuos. Esto nada tiene que ver con el financiamiento privado de las campañas políticas.

El problema que se está viendo -y quizás esto explique el fallo de la Suprema Corte de EE.UU. de abril pasado- es que los sistemas representativos están sufriendo de la discapacidad que significa un sistema político no competitivo. La política tiene cada vez elecciones menos competitivas y aunque es razonable la reelección, ésta se exacerba con las ventajas del financiamiento público.

Si fueran necesarios cambios en el financiamiento de las campañas lo primero que debería pasar es que los políticos electos sean desvinculados de la redacción de estas regulaciones y de las del sistema electoral. De allí la importancia de defender el derecho inalienable de cada individuo para expresarse y apoyar sin restricciones y con su esfuerzo a quien considere más idóneo para el cargo en el que lo va a representar. No habrá ninguna mejora en la competencia política y calidad de las instituciones democráticas hasta que el zorro deje de ser el guardián del gallinero.

Financiamiento de la política, dos temas controvertidos

Publicado el 9 de noviembre de 2014.

En el artículo “La inmoralidad de los límites al financiamiento privado de la política” argumentamos acerca de las falacias que rodean la necesidad del financiamiento público o mixto de campañas y en particular demostramos que las regulaciones sobre el financiamiento de campañas no atacan la corrupción porque las contribuciones en campaña no corrompen.

Existen dos aristas particulares que requieren valor para tener una posición ecuánime dado el insólito avance logrado por los políticos en avergonzar con ellas a la sociedad: las donaciones anónimas y los aportes de empresas, y de ellos trataremos aquí.

Hasta hace algunos años en las democracias existentes el voto era “cantado” o a voz alzada. Como un gran avance del siglo XX se optó casi universalmente por convertir al voto en privado, aunque a los políticos les guste llamarlo secreto. Es en la privacidad del cuarto oscuro donde cada ciudadano puede emitirlo de acuerdo a su conciencia y sin que nadie lo presione para cambiar de opinión.

Si se celebra como un gran avance que el voto sea privado y a nadie se le ocurriría volver al voto “cantado”, ¿cuál es el problema con las donaciones anónimas y cuál es la diferencia que existiría con el voto? Raramente se aborda esta pregunta. El discurso está dominado por grupos que se oponen a este tipo de donaciones aduciendo que este dinero llevaría al escándalo. Tratar de argumentar a favor de las donaciones anónimas es ser acusado de corrupto. El propio lenguaje del debate es tendencioso contra el argumento de la anonimidad aún antes de que se hayan presentado los hechos.

Lo que justifica la existencia de las donaciones anónimas es lo mismo que justifica el voto privado: el manto de privacidad que debe rodear un derecho tan básico como lo es el de apoyar y elegir a quien quiera que lo represente. Tengo el derecho de mantener en privado el cheque firmado para apoyar a un político o a una idea tanto como lo tengo para el voto emitido en una urna. Y esto es así porque revelar las donaciones en campaña –del mismo modo que obligar a revelar el voto- equivale a trazar la ruta para que las personas en el poder o grupos inescrupulosos tomen represalias contra aquellos que donaron o votaron a otros candidatos. Si este argumento pareciera irreal, recordemos que se ha repetido innumerables veces en el pasado y de ahí la importancia que cobró el voto privado. Y sigue siendo motivo de represalia aún en democracias estables en cuanto se deja de lado la anonimidad. Por caso, es interesante leer la concurrencia especial del juez Thomas de la Suprema Corte de los Estados Unidos en el fallo del 2010 Citizens United, Apellant v Federal Election Commission a propósito de lo sucedido en el plebiscito a realizarse en California en simultáneo a la elección presidencial del 2008. Argumentando a favor de la importancia de mantener la anonimidad de las donaciones, lista numerosos ejemplos de personas que con motivo de dicho plebiscito y por apoyar la opción de mantener el matrimonio heterosexual, fueron amenazadas en su persona y sus familias, afectados sus negocios hasta el punto de tener que cerrarlos, agredidos físicamente y en su propiedad e incluso asesinados cuando fueron publicadas sus donaciones -de montos tan bajos como USD $100- dada la obligación en California de publicarlas, supuestamente para mejor información del público.

Para los que argumentan que por vía de la reserva de las donaciones existirían intereses externos y espurios que pudieran dañar nuestra sociedad, es bueno recordar a Pericles en su Discurso Fúnebre -431 AC, final del primer año de la Guerra del Peloponeso-, quien enumerando las causas que habían engrandecido a Atenas y permitido un estadio nuevo de libertad y progreso impensado hasta ese momento, menciona como esencial “tener nuestra ciudad abierta al mundo… aunque los ojos de algún enemigo pueda ocasionalmente aprovecharse de nuestra libertad”.

En estos tiempos en que el poder político alcanza cotas de intrusión inéditas y lo hace bajo el sistema que más presume de respetar los deseos de los ciudadanos – la democracia – es el gobierno el que debe encontrar las razones para cercenar aún más nuestra privacidad y libertad y – sin invertir la carga de la prueba ya que las restricciones las están haciendo e imponiendo los propios interesados – demostrar su necesidad.

Las empresas son asociaciones voluntarias de personas para producir bienes y servicios. A diferencia del estado no tienen poder para obligar que alguien trabaje para ellas, invierta en ellas o compre sus productos. Por ser personas tienen el derecho de expresarse libremente. Que la libertad de asociación está unida indisolublemente a la libertad de expresión es un hecho plasmado en diversos textos constitucionales y declaraciones universales. Incluso la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso NAACP v Alabama tiene dicho que la libertad de asociación es una parte esencial de la libertad de expresión porque, en muchos casos, las personas sólo pueden comprometerse efectivamente en la defensa de un discurso o idea cuando lo hacen en asociación con otros.

Con el devenir del tiempo las empresas han visto limitada su libertad de expresión al restringirse su derecho a aportar a partidos o políticos en campaña, a la par que se les han impuesto cargas públicas sin las que los gobiernos no existirían, como la recaudación de impuestos. Estados Unidos no ha sido ajeno a este proceso y dado que el mundo tiene fijado los ojos allí sus malos ejemplos han cundido rápidamente en estas latitudes. Pero a diferencia nuestra tienen también principios intocables que terminan imponiéndose sobre las aberraciones políticas. Ya vimos como el falloMc Cutcheon v. Federal Election Commission de abril de 2014 eliminó los límites para las donaciones individuales en campaña. Pero anteriormente en el fallo de 2010 Citizens United v FEC antes mencionado la Corte estableció que las corporaciones y sindicatos tienen las mismas libertades que los ciudadanos para expresar su opinión y como el dinero es esencial para diseminar un discurso o una idea política, limitar la habilidad de una corporación para gastar dinero en difundir una idea política es inconstitucional porque cercena la habilidad de sus miembros de asociarse y expresarse libremente. Recordemos además que los límites que operaban para las empresas era para aportes a candidatos individuales ya que existen los PAC´s (Comités de Acción Política) y Super PAC´s a los que las empresas o individuos pueden donar sin límites para gastar en campañas a favor o en contra de candidatos.

Si se analiza lo que ocurre con los gastos en campaña a nivel estadual en donde hay cuatro estados que permiten que las empresas donen sin límite, catorce que lo prohíben y el resto que lo permiten dentro de ciertos límites, se constata que no se ha podido encontrar ninguna evidencia empírica respecto que los estados que permiten las donaciones anónimas e ilimitadas tengan votos parlamentarios sesgados o pro empresa.

Entrar en la discusión de quién debe aprobar el gasto electoral en una empresa es inconducente. Siendo organizaciones voluntarias quien decide participar verá si los mecanismos de información de la empresa son adecuados a sus propósitos. La obligación de actuar a través de la Junta de Accionistas es una manera encubierta de impedir la privacidad, cuando existen muchas materias más importantes que este órgano puede decidir no analizar, como el nombramiento del gerente general.

Estas consideraciones sobre el derecho que tienen ciudadanos y empresas de apoyar a quien quiera también son válidas para los sindicatos siempre que mantengan y refuercen su voluntariedad como corresponde a toda asociación libre de personas.

Libre expresión y libre asociación son esenciales al ser humano, anteriores al estado y por ello rige el principio que cada individuo puede hacer todo lo que no está expresamente prohibido. Lo inmoral es que quienes están sujetos al voto ciudadano dicten reglas que les convengan y limiten derechos tan básicos sin demostrar evidencia que lo justifique y considerando al caso auto evidente. No hay inmoralidad en el financiamiento privado pero sí la hay en el financiamiento público, por la grave lesión que provoca al obligar a los contribuyentes a hacerse cargo de la divulgación de ideas que no comparten. Si existiera un problema con la actual forma de financiar las campañas políticas, no puede enmendárselo creando otros más graves en lugar de reforzar instituciones compatibles con una sociedad de hombres libres que buscan pacíficamente su prosperidad.

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI /AGENCIAUNO