Tras una exposición que duró poco más de 30 minutos, el Presidente de la ANFP logró que se discutieran por más tiempo las modificaciones a la Ley de Violencia en los Estadios que propone el Gobierno y que se aclararan de mejor manera diversos puntos, como las nuevas competencias de los intendentes y las sanciones a los clubes que incumplan la norma.
Publicado el 30.09.2014
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Tres horas duró la sesión de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, que analiza las modificaciones que propuso el Gobierno a la Ley de Violencia en los Estadios. Estaban invitados el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán; el Intendente Metropolitano, Claudio Orrego; el subsecretario de Prevención del Delito,  Antonio Frey; el jefe de Estadio Seguro, José Roa; el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, y el presidente de la ANFP, Sergio Jadue.

La exposición de la máxima autoridad del fútbol era la más esperada, tras la declaración pública de la ANFP que consideraba “sancionatorio, intervencionista y ambiguo” el proyecto, donde además se acusaba que el organismo podía sufrir sanciones por parte de la FIFA y la Conmebol -como suspender la Copa América del próximo año- si es que se aprobara tal como estaba redactada la propuesta del Ejecutivo.

El primer punto ganado por el Presidente de la ANFP fue quitarle la suma urgencia al proyecto, argumentando que con esos tiempos -15 días- no queda margen para la discusión: “No existe premura de legislar apresuradamente” dijo Jadue. Y la respuesta vino de inmediato. El diputado UDI Celso Morales, miembro de la comisión, señaló que “le hemos pedido al Gobierno que retire la suma urgencia al proyecto, ya que no se puede legislar bajo presión una iniciativa tan importante para el deporte”.

Jadue llegó a la comisión que preside el diputado DC Jaime Pilowsky, acompañado por el Secretario General de la ANFP, Nibaldo Jaque; el Secretario Ejecutivo, Oscar Fuentes, y por sus asesores jurídicos. La idea era argumentar jurídicamente las disposiciones de la  FIFA y la Conmebol,  con respecto a las sanciones que podría sufrir el fútbol chileno, si se aprobaban las indicaciones que aumentaban las atribuciones de las autoridades del Estado. En su exposición, Jadue señalaba que los intendentes “no pueden tener injerencia en asuntos deportivos, como suspender un determinado partido (potestad que le corresponde al árbitro) o reprogramar los encuentros”.

En este punto, el diputado Pilowsky aclara: “La ley dice que el intendente podrá suspender un partido, sólo cuando esté en riesgo la seguridad o el orden público y puede pedir que se reprograme, también por motivos de seguridad”. Al respecto, el intendente metropolitano señaló que “no estamos interesados en gestionar el fútbol. El único objetivo es perfeccionar la ley y erradicar para siempre a los delincuentes que se disfrazan de hinchas. A mí no me interesa tener atribuciones omnipotentes. Me interesa tener atribuciones reguladas, para que en casos extremos, poder tomar las medidas que resguarden la seguridad de las personas. Prohibir el fútbol, no es una manera de mejorarlo. Hay que tener herramientas intermedias. Y si hay que redactar mejor algunos artículos, no hay problema. Lo importante es que los clubes cumplan, que los hinchas también lo hagan y que la autoridad, dentro de sus atribuciones, resguarde el bien común”. Otro punto ganado por la ANFP, ya que ese tema era el de mayor preocupación por parte de los dirigentes: “Así es que en esos dos aspectos, quedamos muy tranquilos”, señaló Jadue.

Aumento de las multas a los clubes

Otra modificación a la Ley de Violencia en los Estadios que cuestiona la ANFP, es la ampliación de las multas en caso que los clubes no cumplan con sus obligaciones de seguridad en los estadios. El Jefe de Estadio Seguro, José Roa, explicó que el 75% de las obligaciones de los clubes actualmente no tiene sanción, “por lo que la modificación plantea que toda responsabilidad reciba un castigo si no se cumple, y que sea gradual según el nivel de complejidad del partido y de la categoría. Con la nueva ley las multas pueden llegar a las 1.000 UTM”.

En este punto el diputado DC Matías Walker fue más duro con la ANFP: “La chiva de la suspensión de la  Copa América no se la traga nadie. Acá hay una reacción pequeña por parte de los dirigentes del fútbol, porque estamos pidiendo aumentar las multas en caso de incumplimiento de las medidas de seguridad. En vez de verlo como una oportunidad para que las familias vuelvan a los estadios, los dirigentes del fútbol lo ven como una amenaza”. El parlamentario defendió aún más la propuesta del Gobierno: “Si hoy estuvieran vigentes las modificaciones propuestas a la ley, el partido entre Barnechea y Colo Colo, donde hubo serios incidentes, no se hubiese autorizado. Bajo la nueva ley el club local, en este caso Barnechea, podía haber demandado al club visitante, Colo Colo, ya que fueron sus hinchas los que provocaron esos lamentables hechos de violencia que dieron la vuelta al mundo. Las sanciones en ese caso, podrían haber llegado a las 1.000 UTM, que es lo que le molesta a la ANFP”.

Jadue responde que los dirigentes del fútbol están de acuerdo con las multas a los clubes: “Cuando los dirigentes deban responder por omisión, o porque hicieron las cosas mal, deben pagar multas. Pero no se pueden hacer responsables a los clubes de hechos ejecutados por terceros”.

Una vez concluida la reunión, quedó la sensación de que las voces de la ANFP van a ser escuchadas con detención por parte de los parlamentarios. El diputado Celso Morales, lo dejó claro: “Este proyecto no es definitivo tal como entró. Debe ser modificado”. Y así lo entendió Sergio Jadue: “Ellos me dijeron que este es un proyecto de ley totalmente perfectible y nos pidieron colaboración en su perfeccionamiento. Todas las observaciones son hacia un proyecto y no una ley. En ese sentido, me voy muy conforme”.

 

FOTO: CARLOS PARRA / ANFP.