El presidente del Tribunal Constitucional trabajó en La Moneda entre los gobiernos de Aylwin y el primero de Bachelet. Entre otros cargos, fue subsecretario de la Segpres de Frei-Ruiz Tagle y jefe de la División Jurídica de dicho ministerio hasta 2009, cuando la Mandataria lo propuso en el TC en reemplazo del DC Jorge Correa Sutil.
Publicado el 28.04.2016
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Cuatro eran los puntos de la reforma laboral que impugnó la oposición ante el Tribunal Constitucional. Ganó en uno y en la mitad de un segundo.

Los dos capítulos y medio en que se impuso la postura del Gobierno se decidieron 5-5 con el voto dirimente del presidente del TC, Carlos Carmona, ex subsecretario y director jurídico de la Segpres en los gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, quien lo  nombró en dicho organismo en 2009 en reemplazo del DC Jorge Correa Sutil.

Tribunal rechaza la titularidad sindical

Según el dictamen informado ayer por el secretario de dicho tribunal, la titularidad sindical –bastión relevante de la reforma apoyada por la CUT- fue declarada inconstitucional por seis votos a favor y cuatro en contra.

El argumento que primó fue que la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores, que puede expresarse por igual a través de un sindicato o con la mediación de grupos negociadores, lo que está consagrado en la Constitución como el derecho de asociación.

Este punto fue destacado especialmente en una entrevista que dio a este diario el martes el abogado Arturo Fermandois, quien afirmó que el proyecto del Gobierno Bachelet al “hacer desaparecer los grupos negociadores está golpeando el derecho de asociación, está extinguiendo una agrupación de personas ya existentes que persiguen un fin lícito, que son ciudadanos habilitados y que solo puede ser eliminados en caso contrario a la moral, el orden público o la seguridad del estado, pero jamás al perseguir un fin lícito”.

El otro triunfo opositor se dio parcialmente en el acápite de la extensión de beneficios para los trabajadores por 6-4, respecto del pleno derecho de los nuevos inscritos a un sindicato, lo que infringe igualmente la libertad de acogerse o no al sindicato. Ello, porque un grupo negociador también permite acceder a los beneficios adquiridos.

El resto del capítulo que se refiere a los trabajadores antiguos fue rechazado con una votación 5-5, que se dirimió con el voto de Carlos Carmona, ya que como presidente en caso de empate su voto decide.

Respecto del acceso a la información de la remuneración del trabajador al que puede acceder el sindicato o grupo negociador se resolvió 8-2 que no es inconstitucional, pero sí hubo un debate respecto de la autorización o no del trabajador, donde hubo empate de cinco votos, pero Carmona volvió a inclinar la balanza en favor del Gobierno.

También hubo empate 5-5 en el cuarto capítulo, referido a la negociación interempresa, y el voto del presidente Carmona le dio luz verde al proyecto.

El debate fue intenso, duró desde la mañana hasta las 17 horas, porque se analizó cada capítulo en profundidad, dado que el expediente del caso tenía alrededor de mil fojas.

Los  ministros acordaron no dar a conocer cómo votó cada quien para poder tener tiempo para fundamentar jurídicamente sus decisiones en el fallo completo, que se hará público antes del 9 de mayo próximo.

Carmona, el jefe jurídico de la Concertación

“Es un tipo muy trabajador y experto en sus temas, pero tiene un defecto: es muy poco neutral, no sirve para ser juez. Es tan cercano a Bachelet que hará todo lo que esté a su alcance para que se saque adelante el programa”. Así describe un abogado que lo conoce desde hace años, al actual presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Carmona Santander, quien alcanzó gran figuración pública en abril del año pasado cuando aprobó el proyecto del Ejecutivo que puso fin al lucro, el copago y la selección.

Si bien no es una figura muy conocida por la ciudadanía, en el mundo de la política y del derecho administrativo no hay quien no sepa de él. Carmona tiene 54 años y gran parte de su vida profesional la ha desarrollado en el Estado y en la academia.

A fines de los 80 trabajó con Carlos Huneeus en el CERC y luego fue secretario personal de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Se tituló de abogado en la Universidad de Chile en 1990 y entró a trabajar a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en el gobierno de Patricio Aylwin. Ahí estuvo en la División Ejecutiva y posteriormente en la División Jurídica.

Quienes lo conocen desde esa época señalan que llegó a la Segpres “como un abogado más” y que fue forjando su camino desde adentro. Pero su nivel de influencia se acrecentó cuando Frei fue electo Presidente.

En 1995, ya estaba como jefe de la División Jurídica, transformándose en un hombre clave para el gobierno, pues llevaba el timing de la agenda legislativa y por sus manos pasaban todos los proyectos de ley del Ejecutivo. Las mismas fuentes señalan que cuando llegó a tal posición sacó a varios “históricos” de la división y comenzó “a formar” a muchos abogados jóvenes que hoy lo ven como una especie de “maestro”.

El 13 de agosto de 1999, cuando ya faltaban pocos meses para que Frei terminara su gobierno, fue designado como subsecretario de la Segpres. Ahí permaneció hasta el 11 de marzo del año siguiente, cuando el recién asumido Ricardo Lagos nombró a Eduardo Dockendorff en ese cargo. Carmona volvería a la jefatura de la División Jurídica de la Segpres y de ahí no abandonaría esa oficina hasta el año 2009.

Los 20 años ininterrumpidos que pasó en la Segpres son el sustento de la suerte de mitología que se ha tejido alrededor de su figura. Se dice que estaba en el “inventario” de La Moneda y que en el oficialismo lo apodan “La República”, pues es la persona que más sabría sobre materias de Estado en el sector.

Bachelet eligió a Carmona en detrimento de Correa Sutil

Corría abril de 2009, y la Presidenta Michelle Bachelet nombraba a Carlos Carmona como integrante del Tribunal Constitucional por nueve años, en reemplazo de Jorge Correa Sutil. La decisión de la Mandataria no estuvo exenta de polémicas, pues el ex subsecretario de Interior de Lagos –que había llegado al TC en 2006 a cumplir el período del renunciado Juan Agustín Figueroa– esperaba ser ratificado por Bachelet.

Según se comentaba por esos días, la suerte de Correa se habría sellado el 1 de septiembre de 2008, cuando votó en contra del crédito pedido por el gobierno al BID para financiar el Transantiago. Desde ese día, tanto Bachelet como Carmona –que en su rol de jefe de la División Jurídica debía lidiar permanentemente con el TC-, vetaron el nombre de Correa.