Julio Isamit, ex líder de la "Revolución Pingüina" de 2006, busca responder a la serie de artículos que el ex líder del movimiento estudiantil y hoy diputado por Santiago, Giorgio Jackson, escribió sobre la reforma educacional.
Publicado el 23.09.2014
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De corbata y camisa, pero con la chaqueta siempre sin abrochar. Así era Julio Isamit en 2006, entonces secretario ejecutivo del Centro de Alumnos del Instituto Nacional y uno de los líderes de la denominada “Revolución Pingüina”.

Ocho años han pasado desde esa época y el egresado de Derecho de la Universidad Católica y presidente de la fundación ChileSiempre, vuelve a la escena política para plasmar nuevamente su pensamiento respecto a uno de los principales proyectos de ley que se discute hoy en el Congreso: la reforma educacional.

Sin embargo, esta vez su motivación no fue salir a las calles a marchar, sino escribir un primer texto para refutar la serie de artículos “Los 12 nudos de la Reforma Educacional” elaborados por otro ex líder estudiantil, pero del movimiento universitario, el hoy diputado por el distrito 22 de Santiago Giorgio Jackson. La interpretación sobre lo que se entiende por “Libertad de enseñanza” es el primer punto que pone en discusión, citando la misma reforma constitucional de 1970 que invoca Jackson.

A continuación el “manifiesto” de Isamit:

“La lucha por una educación justa, libre y de calidad”

El debate educacional es, probablemente, el que genera mayores compromisos personales, involucra convicciones y sentimientos, se mezclan actores relevantes y que representan una gran diversidad de posiciones en la sociedad. Desde luego están los padres y los propios estudiantes, pero también son esenciales los profesores, los municipios y el Estado, los medios de comunicación y esas numerosas instituciones que durante mucho tiempo han estado involucradas en las tareas de enseñanza.

Las discusiones a veces tienen origen en ideas contradictorias, en otras hay factores culturales, así como también influyen aspectos como las historias personales o las formas de ver lo que es mejor para el país. Chile tuvo avances importantes en las últimas décadas, como lo destacó la presidenta Michelle Bachelet en su Mensaje del 21 de mayo de 2009: “El punto principal donde nos jugamos el futuro como nación en términos de desarrollo y de equidad, es la educación. Y el país conoce lo hecho: están las cifras de inversión, la cobertura escolar y pre escolar, la infraestructura, la alimentación, las becas, los textos escolares, la nueva subvención preferencial para los alumnos vulnerables. En fin, en los últimos años hemos avanzado sustantivamente en muchas dimensiones”.

Los progresos se han notado especialmente en cuanto a la cobertura educacional en todos los niveles (primario, secundario y universitario), con un gran impacto en las oportunidades para los diversos sectores de la población. Hay también algunos logros relevantes a nivel institucional, y hoy contamos con algunas de las mejores universidades de habla hispana en el mundo, así como se reconocen los avances en la ciencia y otros aspectos; en la enseñanza secundaria –aunque todavía deficiente– el país ha logrado alcanzar un lugar preeminente en América Latina. Un tercer elemento es el crecimiento de la inversión educacional por parte del Estado, que ha aumentado de manera sistemática, hasta alcanzar niveles históricos que se superan año a año.

Por lo mismo, el gran desafío en la actualidad es consolidar un sistema que permita avanzar de manera rápida y consistente en la calidad para todos los niños y jóvenes de Chile, que conserve la libertad de enseñanza y la diversidad de proyectos educativos como característica permanente de nuestra trayectoria educacional, y que incorpore más recursos al sistema, que faciliten contar con profesores de buen nivel y remunerados adecuadamente, que baje la carga del gasto de las familias en la enseñanza de sus hijos y amplíe las oportunidades de los más pobres. Chile vive hoy un momento crucial, por cuanto el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ha presentado una serie de proyectos que son parte de su reforma educacional, entre los que destacan aquellos que ponen fin al lucro, fin al copago y fin a la selección escolar. Contra lo que se hubiera supuesto hace un año, estas propuestas han generado discrepancias no sólo a nivel político (en la centroderecha e incluso al interior de la propia coalición de gobierno, de centroizquierda), sino también en la oposición social, especialmente la encabezada por los padres que sienten amenazado uno de sus bienes más preciados, como es la educación de sus hijos y la capacidad de elegir al respecto.

La visión de los padres no es nueva. De hecho, desde hace muchos años ellos se han manifestado claramente, prefiriendo la enseñanza particular subvencionada, y se ha producido una consistente opinión de parte de las familias en el sentido de elegir dicha educación e incluso con la disposición a realizar un pago mensual para la educación de sus hijos. Así lo señalan algunas encuestas y, más importante todavía, la experiencia práctica en Chile en las últimas dos décadas.Por eso en las manifestaciones sociales han aparecido algunas frases que podrían parecer duras, como “No te metas con mis hijos”, “Ministro no elija por nosotros” o “Mi colegio, mi elección”, por parte de los padres preocupados por los proyectos legislativos en trámite.

Es verdad que hace unos años el movimiento estudiantil logró convocar a miles de personas a protestar contra algunas injusticias del sistema educativo nacional y lograron sensibilizar a la población. Pero también es verdad que las manifestaciones en la calle se vuelven injustas si pretenden aplastar la libertad de los padres y el derecho a elegir la educación de sus hijos, así como a limitar el sistema educativo diverso que hoy existe en el país o a dificultar la creación de nuevos colegios. Porque hay ciertos consensos fundamentales en el debate educacional actual, como avanzar en la calidad en todos los niveles, o la necesidad de fortalecer la educación pública, pero también hay discrepancias relevantes que debemos tener en consideración, como la importancia de un sistema plural en proyectos y modelos educativos, el trato justo para las personas y la no discriminación por el tipo de educación que prefieran los padres o la mantención de la libertad de enseñanza.

Chile ha constituido su sistema educacional a lo largo de los siglos como fruto del esfuerzo del Estado y los particulares, de los profesores y de los padres de familia, de las instituciones de enseñanza y de los propios estudiantes. El acceso se amplió de manera considerable, lo que en parte es el resultado del compromiso de los distintos gobiernos que estaban convencidos sobre la importancia de la educación para el desarrollo social. Lo señalaba enfáticamente el presidente Ricardo Lagos en su Discurso del 21 de mayo de 2005: “Hoy, mi mayor orgullo, de cada diez jóvenes que están en la universidad siete, siete, es primera generación en su familia que llega a la universidad”. Yo he sido uno de ellos, y lo agradezco a mis padres, al colegio subvencionado al cual asistí en San Bernardo, y por cierto al Instituto Nacional, así como a la sociedad que ha generado más oportunidades para los chilenos.

Se trata de una dimensión solidaria que es parte de los principios básicos de una sociedad justa, que es nuestra aspiración: es decir, una comunidad en la que la educación facilite oportunidades para todos sus miembros, con especial preocupación por los más necesitados. Esto se funda en la convicción de que la enseñanza formal es un gran motor de desarrollo personal y de movilidad social, y de que es necesario que ningún talento se pierda en el camino por desidia o falta de acción del Estado y de la sociedad.

A comienzos del siglo XXI podemos decir con satisfacción que la educación ha sido efectivamente un motor de movilidad social, y que ha tenido logros como país, aunque también hay falencias que debemos corregir. Y debemos estar convencidos de que cualquier reforma educacional debe ser orientada a mejorar la calidad y a ampliar las oportunidades, especialmente de los que menos tienen. Las democracias modernas han logrado un gran bien que vale la pena preservar: la libertad, que ya no es vista como un privilegio, sino como un derecho del cual gozan todos los ciudadanos. La libertad de enseñanza es sólo una de las manifestaciones de ese avance, y por eso el Estado y la sociedad deben velar muy especialmente por conservarla y acrecentarla.

Negar esta situación, o incluso disminuir la libertad de los padres o las distintas posibilidades que tienen dentro del sistema, constituye un error y un claro retroceso histórico. Este derecho, que es propio de los padres, de los particulares e instituciones que crean proyectos educativos; es un derecho que se ha consolidado a través del tiempo, hoy se encuentra asentado, es parte de uno de los cambios culturales más importantes y positivos y debe ser la base de cualquier reforma educacional verdadera.

En esta serie de columnas procuraremos articular esta visión sobre la educación chilena, también hacernos cargo de algunas de las críticas que se han dirigido a nuestro sistema educacional, así como plantear ideas que contribuyan al progreso social y la consolidación de un sistema educacional justo, libre y de calidad para todos los chilenos.

Libertad de enseñanza

Uno de los conceptos que más le ha costado asimilar al Gobierno, y a los promotores de la reforma en general, es el de la libertad de enseñanza. Ni la clase política ni los teóricos de la educación previeron la reacción social, especialmente de los padres, en defensa de este derecho.

La libertad de enseñanza como idea clave de los sistemas educacionales de las democracias modernas tiene una larga historia. Ya los liberales clásicos, como Jefferson y Locke, advirtieron de la importancia de evitar la monopolización de la educación en manos del Estado. La formación e instrucción de los ciudadanos, entendían, era una labor que debía quedar entregada a las comunidades locales y a las familias.

Este principio adquirió una particular fuerza después de la dramática experiencia que sufrió la humanidad con los regímenes totalitarios durante el siglo XX. Tal como lo habían advertido los intelectuales del siglo XVIII, en el siglo pasado el nazismo y el comunismo pretendieron controlar todos los medios de educación formal y utilizarlos como herramientas serviles a su ideología. Frente a ese intento la respuesta unánime de las sociedades democráticas fue reforzar la libertad de enseñanza como un derecho básico, de ahí que fuera incorporada en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su artículo 18.

Chile no ha sido la excepción. Las primeras instituciones educativas de nuestro país nacieron al alero de la Iglesia Católica. Con el tiempo, en los primeros años de vida independiente de nuestra república se sumó el esfuerzo realizado desde el Estado; la creación del Instituto Nacional y otros liceos provinciales marca el inicio de una notable tradición de aporte de la educación pública al bien común. Así, desde sus comienzos nuestro sistema educacional se sustentó en una alianza entre iniciativas privadas y estatales, ambas con vocación pública y de aporte al país. Claro ejemplo de esto es la pluralidad de nuestro sistema universitario, donde en el siglo XIX destacan la Universidad de Chile y la Universidad Católica, y en el siglo XX un conjunto de iniciativas nacidas desde la sociedad civil y muchas universidades estatales regionales. En las últimas décadas se han sumado las universidades privadas, algunas de las cuales muestran una gran calidad y un claro sentido público.

El diputado Jackson bien nos recuerda como ese compromiso de larga data con la libertad de enseñanza fue reforzado con la reforma constitucional de 1970 (artículo 10 número 7) que la Democracia Cristiana (DC) impulsó en el marco del Estatuto de Garantías Constitucionales con el gobierno de la Unidad Popular para, en palabras del ex presidente Patricio Aylwin –entonces senador–, evitar “las más flagrantes violaciones a las normas de convivencia democrática en que suelen incurrir los regímenes políticos dominados por ciertos sectores totalitarios de inspiración marxista”. Tal vez por ello no son de extrañar las voces disidentes de la DC con la actual reforma educacional, que quizá temen o comprueban el renacimiento de esas visiones de extremo estatismo.

Nuestro sistema educacional actual reconoce la libertad de enseñanza como un derecho crucial del sistema educacional en una doble dimensión: (1) asegurando la libertad de elección de los padres y, al mismo tiempo, (2) garantizando la posibilidad de abrir y generar proyectos educativos.

Este reconocimiento es sin perjuicio de que, en la práctica, sean necesarias reformas urgentes que aseguren el ejercicio de esa libertad a todas las familias y no sólo a aquellas con más recursos. Este es uno de los aspectos en el que debiésemos centrar el debate y, por lo mismo, que su desarrollo lo dejo pendiente para una próxima columna.

Ahora debemos preguntarnos: ¿Cuál es la relación que existe entre asegurar el derecho a elegir de los padres y garantizar la posibilidad de abrir y administrar colegios? Para que la libertad de enseñanza de los padres tenga sentido es necesario que exista una oferta amplia y diversa de proyectos educativos. De lo contrario, en la medida en que se restringen las alternativas educacionales, menos opciones hay de que los colegios interpreten y representen el proyecto educativo en el que las familias desean formar a sus hijos.

Entendido esto queda claro para cualquiera por qué la “libertad de elección” de los padres no es contradictoria con la “libertad de admisión” por parte de los colegios. No hay una disyuntiva entre ambas, por mucho que quienes quieren burocratizar el sistema educacional nos digan lo contrario.

La libertad de elección es posible porque existen comunidades educativas distintas, que responden a visiones de mundo y de la educación que son diversas. Esa pluralidad no sería posible si las personas con vocación y pasión por la enseñanza no tuvieran la posibilidad de desarrollar el propio currículo, contratar profesores y en definitiva hacerse cargo de los colegios.

Es este el esquema que permite a cada uno de los actores educacionales desempeñar su papel en el proceso educativo respondiendo a su propia vocación y no como simples engranajes de un diseño burocrático. Los sostenedores como facilitadores y motores de la educación en sus comunidades que, por supuesto, merecen un reconocimiento social, los profesores como verdaderos maestros y no simples funcionarios, los padres como los primeros educadores y los estudiantes como personas responsables de su propia formación.

Contra la idea contraria ya nos advirtió nuestra poetisa y maestra de escuela, Gabriela Mistral, cuando nos dijo ‘…también pesó sobre mí el Estado docente, centurión que fabrica programas y que apenas deja sitio –como hurtado– para poner sabor al alma'”.

FOTO: PAUL PLAZA/AGENCIAUNO