Paula Daza, en entrevista con "El Líbero" detalla aspectos de la nueva Ley de Fármacos, desmitifica las cifras de VIH y señala cómo el Minsal abordará la interpelación al jefe de la cartera, Emilio Santelices.
Publicado el 22.04.2018
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La subsecretaria de Salud, Paula Daza, en entrevista con “El Líbero”, cuenta su visión sobre la interpelación que enfrentará en los próximos días, el titular de la cartera, Emilio Santelices.  Además, entrega detalles de los proyectos que se pretenden enviar al Congreso.

Cambios en el protocolo a la objeción de conciencia para el aborto, aumento de los casos de Sida y alistar los proyectos, como Ley de Fármacos II, son algunos de los temas que han copado al Ministerio de Salud.

-¿En qué consistirá la nueva ley de fármacos anunciada tras la reunión de gabinete?

-Vamos a enviar indicaciones para mejorar la Ley de Fármacos II. El objetivo es mejorar el acceso de las personas a los medicamentos y disminuir el precio de estos. Generalmente, quienes más gastan en medicamentos son las personas más adultas y más vulnerables. Nos hemos centrado en el tema de la prescripción. Hoy en día, la receta médica, la mayoría de las veces, tiene una indicación de fantasía, que vendría siendo el nombre comercial del medicamento. El nombre genérico, en cambio, permitirá que la persona tenga acceso a poder comparar medicamentos más baratos y de mayor calidad.

Se está trabajando en tecnologías para que las personas, a través de una aplicación, tengan acceso a comparar. Al haber mayor competencia, va a permitir que los precios bajen”.

-¿Hay plazos establecidos para este proyecto?

-Vamos a mandar las indicaciones probablemente en unas dos semanas más. Otro punto que es muy relevante es el tema de la transparencia. Vamos a obligar a un reporte de precios de todos los proveedores de medicamentos. A esto lo llamamos un observatorio de medicamentos. Esto va a establecer regulación de conflictos de interés y un normativas que van a obligar a los proveedores a mantener en línea la información, de modo que la gente también tenga acceso. Se está trabajando en tecnologías para que las personas, a través de una aplicación, tengan acceso a comparar. Al haber mayor competencia, va a permitir que los precios bajen.

VIH: “Si nos comparamos con otras poblaciones, nuestros indicadores no son alarmantes”

-En las últimas semanas se han  conocido las cifras de VIH en Chile. ¿Hay alguna estrategia concreta para acatar este problema?

-Si nos comparamos con otras poblaciones, nuestros indicadores no son alarmantes. Hay menor conciencia de seguridad. Hay una menor conciencia de riesgos en la enfermedad. En esta área debemos trabajar con el Ministerio de Educación. Los números que tenemos es que el aumento se ha dado principalmente en los más jóvenes, desde los 15 a los 29 años. Creemos que también la gente siente que esto es una enfermedad más crónica. La única manera de prevenir es cuidarse. Es un buen manejo, educación, y hay que tener un mejor acceso al diagnóstico.

-Se hablaba de aplicar un test rápido de VIH. ¿Eso se hará efectivo?

-Tenemos que cambiar la fórmula y que la persona tenga un acceso al test rápido de VIH y que eso pueda ser visible en todas partes.

Interpelación: “No la veo como una situación crítica o alarmante”

-¿Cómo piensan enfrentar la interpelación que se le hará al ministro Santelices por los cambios al protocolo de objeción de conciencia?

-El tema de la interpelación ha sido sobredimensionado. Creo que es una oportunidad para resolver las dudas que han ido surgiendo. Y para dar cuenta del protocolo y por qué se hicieron los cambios. Personalmente no lo veo como una situación crítica o alarmante. Para mí tiene una connotación distinta que la que le ha dado la oposición.

-Desde la oposición han dicho que el Gobierno ha pasado a llevar la ley con este protocolo, ¿cómo toma esta medida?

-El Gobierno no se está saltando la ley. La ley dice que las personas bajo las tres causales tienen derecho a acceder a una institución pública o privada para revisar las tres causales. Como ministerio nos tenemos que hacer responsables y dar cuenta de que los hospitales públicos tengan profesionales para dar respuesta a esta demanda. La ley está, el protocolo no tiene relación con la ley. Aquellas instituciones que son privadas y que tienen convenios económicos con el Estado, tienen la posibilidad de tener objeción de conciencia y ellos son los responsables de solucionar el problema y de hacerse cargo del costo de esa paciente. La ley no está en juego.