La nueva directora del Sename militó junto a la Mandataria en la corriente “almeydista” del socialismo, y sacó al fiscal Gajardo del caso SQM apenas 48 horas después de que aparecieran los primeros vinculados de la Nueva Mayoría.
Publicado el 19.07.2016
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Ayer en La Moneda, cinco años y medio después, se volvió a repetir un encuentro público entre la Presidenta Michelle Bachelet y la ex fiscal regional Solange Huerta, pero en circunstancias muy diferentes al que ocurrió el 28 de diciembre de 2010.

En esa ocasión, la cita fue en la casa particular en La Reina de la entonces directora de ONU-Mujer, quien declaró ante la entonces fiscal del caso 27F en calidad de testigo durante seis horas.

Ayer, sin embargo, Bachelet se reencontró con Huerta pero en calidad de jefa, ya que oficializó su nombramiento como directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), en medio de una de las peores crisis que atraviesa la institución y de la interpelación que enfrentaría la ministra de Justicia, Javiera Blanco.

Bachelet y Huerta, socialistas “almeydistas”

La ex fiscal regional metropolitana dijo que su nuevo cargo es el “más difícil y bello” en sus 20 años de carrera profesional: “Es un desafío país y agradezco que hayan considerado mi nombre”; y la Mandataria destacó sus cualidades y aseguró que los casos de muertes y abusos de menores “que hemos conocido no se pueden tolerar. Es un problema sistémico que se arrastra hace muchos años”.

Bachelet y Huerta, además, tienen en común haber pertenecido al Partido Socialista y a la misma corriente “Almeydista”, que estuvo liderada por Clodomiro Almeyda y que se ubicaba en los años 80’ como el ala más izquierdista del partido. Huerta tuvo activa participación en el partido mientras fue estudiante de derecho de la Universidad de Chile a fines de los 80’.

Todos los seres humanos tenemos historia, tenemos pasado y, además, no voy a arrepentirme de mi historia o de mi pasado porque me siento profundamente orgullosa de lo que he sido toda mi vida. Pero para tener claridad, cuando uno toma ciertas opciones otras se quedan atrás, y ese es el tema de la prescindencia política. Mis decisiones siempre fueron y van a ser técnicas y no políticas”, afirmó en una entrevista a El Mercurio en enero pasado.

La exculpación de la fiscal Huerta a Bachelet en el 27-F

Desde que la ex fiscal le tomó declaración a Bachelet por el 27F siempre la excluyó de cualquier tipo de responsabilidad en las muertes por la fallida alarma de maremoto.

En diciembre de 2010, Huerta afirmó que “revisamos la información y, conforme a todo lo que hemos revisado hasta ahora, no existe una declaración pública por parte de la ex Presidenta Michelle Bachelet descartando el maremoto. Lo que existe es un llamado general en el sentido de que, de haber réplicas, la gente suba a los lugares altos”.

Al iniciar la indagatoria, las miradas apuntaban a que Bachelet había señalado en los medios que no ocurriría un maremoto en las costas del país, e incluso, había declaraciones de varios testigos que la sindicaban, y decían que una radioemisora argentina incluso había difundido un mensaje en que la Presidenta descartaba un eventual desastre pero, de acuerdo con lo que pudo establecer Huerta, eso nunca ocurrió, según publicaron distintos medios en diciembre de 2010.

En enero de este año, Huerta volvió a explicar  por qué no imputó a Bachelet y argumentó que “si los funcionarios públicos que tenían el deber de tomar decisiones ese día y de actuar conforme a los protocolos hubiesen actuado conforme a su deber, se habría evitado muy probablemente la mayor cantidad de muertes”.

La ex fiscal añadió que Bachelet, “como muchos otros, era un testigo. En la primera etapa, cuando determinamos que acá podía haber delito, y partimos definiendo responsabilidades, lo primero que hicimos fue estudiar los cuerpos normativos, dónde estaban las responsabilidades. Y estas se radicaban desde el ministro del Interior hacia abajo. La Presidenta no está dentro del Plan de Protección Civil“.

En cambio, los culpables, a su juicio, fueron la ex directora de la ONEMI, Carmen Fernández, y el ex subsecretario de Interior, Patricio Rosende, entre otros, pero para quienes tampoco hubo condena porque la causa terminó con una salida alternativa y sin siquiera pedir perdón a las víctimas, tal como exigían los familiares. Rosende debe pagar $80 millones, Fernández $40 millones, el ex jefe del Centro de Alerta Temprana, Johaziel Jamett $5 millones y dos ex funcionarios del SHOA $40 millones cada uno.

El juicio ostenta el récord de ser el más extenso desde que partió la reforma procesal penal, le costó $300 millones al fisco, tuvo 671 testigos, 70 peritos y miles de documentos pero ningún condenado.

“La sanción penal no siempre soluciona un conflicto de este tipo, menos un terremoto de estas dimensiones”, dijo el fiscal José Luis Pérez Calaf que reemplazó a Huerta. Sin embargo, para el abogado querellante Raúl Meza, es “inaceptable la falta de reparación, de justicia y de daño moral que ha significado el acuerdo para las víctimas”.

El nombramiento del que la ex fiscal Huerta se arrepintió

El miércoles 18 de febrero de 2015 la fiscal nacional (s), Solange Huerta, generó una conmoción pública cuando sacó de la investigación de SQM al fiscal Carlos Gajardo, y puso al fiscal Andrés Montes, hijo del senador socialista Carlos Montes, apenas 48 horas después de que surgieran los primeros involucrados en financiamiento irregular de la política de la Nueva Mayoría: una asesora del senador PS, Fulvio Rossi, y el hijo del diputado DC Roberto León.

“La decisión se fundamenta en la complejidad y extensión que muestra esta indagación, lo que aconseja su dirección separada por parte de un fiscal regional”, informó Huerta, quien reemplazaba al fiscal nacional Sabas Chahuán que estaba de vacaciones en México.

La decisión recibió fuertes críticas de todo el espectro político. En RN, su vicepresidente señaló que era un “ataque frontal a la institucionalidad, es escandaloso y vergonzoso. Mire qué curioso que justo cuando el fiscal Gajardo estaba encontrando una línea investigativa que apunta a gente de la Nueva Mayoría, la Fiscalía Nacional se da cuenta de que el caso es muy complejo y que hay que dividirlo”.

Incluso, el propio senador Montes calificó de “inadecuado” el cambio de fiscales, porque sólo genera “suspicacias y desconfianza”; y el diputado Giorgio Jackson dijo que la decisión de Huerta era “difícil de entender y genera suspicacia justo en el momento en que se ven involucrados dos personeros de la NM”.

El fiscal Gajardo le renunció a Huerta, quien le pidió tiempo, y tuvo que salir a acallar los rumores de que dio un “golpe blanco”. “No tengo ningún antecedente de que se le haya quitado el piso a la investigación o de que se haya dado un golpe blanco. Cuando uno está en la Fiscalía investiga sea quien aparezca en la investigación, si no nos dedicamos a otra cosa, sino no estaríamos en este trabajo”, agregó.

Pero tan pronto volvió Chahuán de sus vacaciones tomó el caso Penta y SQM y volvió a poner al fiscal Gajardo.

Esa decisión aún le pena a la ahora directora del Sename, ya que en la entrevista de enero con El Mercurio dijo que había sido un error.

Esa fue una decisión, que mirada en tiempo y perspectiva, fue errónea. No hice una lectura adecuada de los cuestionamientos que eso iba a generar. Me equivoqué y de paso involucré a Andrés Montes, que es un excelente fiscal”, señaló Huerta.

En las redes sociales la catalogaron de “corrupta”, situación que calificó de “momento difícil desde lo profesional y personal. Me dolió que me trataran de corrupta”.

Huerta asumió el cargo en el Sename tres semanas después de que renunciara como directora de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar del Ministerio Público porque su esposo, también fiscal, Álvaro Pérez, fue objeto de dos sumarios administrativos en menos de un año.