Se incluyó un email que vincularía a una autoridad nacional del Gobierno con una actividad comercial de la empresa de la nuera de la Presidenta.
Publicado el 26.02.2015
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Hasta Chillán viajaron los fiscales de la Región de O’Higgins que investigan eventuales delitos de negociación incompatible, violación de secretos y tráfico de influencia de la empresa Caval -propiedad de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon-,  para interrogar durante seis horas al demandante Sergio Bustos Baquedano.

Los persecutores realizaron el operativo el sábado y se quedaron con alrededor de 800 correos electrónicos que tiene el computador personal de Bustos sobre los negocios de Caval. El demandante está en medio de un juicio laboral reclamando el no pago de su sueldo, indemnizaciones y premio por $230 millones, y que ayer tuvo una audiencia preliminar con la empresa en que no hubo acuerdo.

En el largo interrogatorio con los fiscales, Sergio Bustos relató todas las actividades que hizo para la empresa entre mayo de 2013 y julio de 2014, como las tasaciones comerciales y ventas de los predios de 44 hectáreas de Santa Elena, Santa Cecilia y San Diego, en la comuna de Machalí; las negociaciones con el síndico de quiebras y con los bancos Itaú, Santander, BCI, Scotiabank y con el Banco de Chile, que  le prestó a la empresa $6.500 millones, tras una reunión entre Andrónico Luksic y Sebastián Dávalos, que le costó su salida del cargo de director sociocultural de La Moneda, y una  intervención pública de la Presidenta Bachelet.

Bustos entregó en detalle el nombre de las personas con las que se relacionó durante 14 meses, los negocios que hizo Caval al intentar vender los terrenos antes siquiera de haber conseguido el crédito para comprarlos, las reuniones y los asistentes que pidió a nombre de los socios Natalia Compagnon y Mauricio Valero, los correos que intercambió con la secretaria de Luksic pidiendo la reunión con Dávalos, entre otras informaciones relevantes para la causa.

Entre los correos entregados, están los de Victorino Arrepol, asesor comercial de Caval, que reconoció que la sociedad de Compagnon tenía una deuda de $1.000 millones en abril de 2014, y que una sociedad mexicana había ofertado comprar los predios por $27 mil millones, pero condicionado al cambio de uso de suelo de agrícola  a urbano, que de haberse concretado le habría dejado ganancias por $20 mil millones a la empresa de la nuera de la Mandataria.

Incautación de documentos en Machalí

El interrogatorio es parte de la amplia investigación que está haciendo el fiscal regional Luis Toledo, quien ayer incautó varios documentos y planos del Departamento de Obras de la Municipalidad de Machalí, que tienen que ver precisamente con el frustrado cambio de uso de suelo, que rechazaron la Seremi de Vivienda y Urbanismo y el Gobierno Regional del Gobierno de Piñera.

El alcalde de este municipio nos ha recibido, y nos ha hecho entrega de gran cantidad de información, por lo que la diligencia de incautación se califica como exitosa. Lo que se pretende establecer con la recopilación de este material, son las fechas en que comenzaron las gestiones, los destinos de uso de suelo, las proyecciones que tiene el eje Machalí-Rancagua, lo que puede ser de utilidad para la investigación”, explicó el fiscal.

La autoridad, además, recibió una carpeta del síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín con toda la documentación y negociación sobre la venta de los predios de Machalí a Caval en enero de 2014, y conversó con éste por teléfono, quien quedó a disposición de Toledo para nuevas declaraciones en caso de ser requeridas.

La investigación está nutrida también con los archivos de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de O’Higgins sobre la propuesta de cambio del uso de suelo. Por lo que la investigación completa consta de varios tomos con todos los documentos recopilados en menos de 10 días de trabajo, luego de que Toledo fuera designado por el Ministerio Público para investigar la denuncia que presentaron parlamentarios de RN.

Bustos entregó polémico correo que involucraría a una autoridad de Gobierno

Entre los 800 correos requisados a Bustos, está uno que menciona a una autoridad nacional del actual Gobierno vinculado con otra actividad comercial de Caval –que no es el negocio de Machalí-, pero cuyo nombre ni actividad ha querido revelar el demandante.

Ayer al salir del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, Bustos se limitó a decir que “la fiscalía tiene la información. Todo le entregué, incluyendo ese mail”.

Su abogado Rodrigo Lillo aseguró que el correo fue enviado a su representado por un empleado de Caval pero que hay muy altas probabilidades de que el correo no sea fidedigno. Él desconoce si la Fiscalía lo usará como prueba en la investigación judicial, aunque aclaró que no lo presentará en la demanda laboral que lleva en contra de la empresa.

De hecho, el juicio quedó para el 6 de abril próximo, donde las partes presentarán testigos y los documentos probatorios necesarios para defender sus posturas. Lillo adelantó que podrán presentar hasta 50 correos para probar que sí hubo relación laboral con Caval, vínculo que niega la empresa.

Los testigos que concurrirán serán Javier Andrés Levín Contreras, María Luisa Valenzuela Illanes, Sol Herrero Wendel y Victorino Arrepol Garrido.

FOTO: ALVARO COFRE/AGENCIA UNO