La alcaldesa pedirá mañana al concejo municipal la aprobación de un crédito por $7.793 millones para financiar obras sociales, pero el alza de impuestos impulsado por el Gobierno le dispara los costos tributarios en más de $1.163 millones.
Publicado el 20.10.2015
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Las reformas tributarias son siempre polémicas y generan tironeos. Sobre todo ésta, que es el primer paso de un pacto social distinto en Chile y no una cosa caprichosa de un Estado que quiere tener más plata. Es una apuesta al desarrollo sobre la base del capital humano”.

Esa fue la férrea defensa que hizo la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, el 16 de mayo de 2014, en una entrevista en La Segunda, a la reforma tributaria que dos semanas antes había ingresado al Congreso el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

La reforma, que recibió las críticas del sector privado y de la oposición, fue aprobada por el Congreso en septiembre de 2014 e impuso importantes alzas de impuestos a las empresas y a diferentes bienes y servicios.

El carísimo préstamo que Santiago no podría financiar

Uno de esos incrementos de impuestos se aplicará a partir del 1 de enero de 2016 en todas las “promesas de venta y los contratos de arriendo con opción de compra que recaigan sobre bienes corporales inmuebles realizadas por un vendedor”, según la circular 1835 del 14 de julio de 2015 del Servicio de Impuestos Internos.

Lo complejo para la alcaldesa Tohá es que la reforma tributaria obliga a que el leaseback o préstamo por $7.793 millones con el edificio Torre Santo Domingo 916 que quiere pedir el próximo año –en que se repostulará- para financiar una ambiciosa cartera de obras sociales, también deberá pagar el 19% del IVA por cada una de las 60 cuotas mensuales, que se suma al interés anual del 4%.

Esta obligatoriedad del pago de IVA  para Santiago hace prácticamente inviable dicho préstamo por lo oneroso que resultaría para las arcas municipales. Es decir, la alcaldía de Tohá debería pagar $1.163 millones sólo por concepto de impuestos, lo que supera, incluso, los $818 millones en intereses que pagará. Por lo que el préstamo de $7.793  millones le costaría realmente al municipio $9.774 millones.

Por tanto, las cuotas mensuales de $143 millones que estima el municipio de Santiago en el presupuesto de 2016 pasarían a $162 millones sólo por el incremento del IVA.

El municipio someterá esta iniciativa a votación en la comisión de Hacienda hoy a las 15.30 horas, y mañana la alcaldesa la tiene en tabla para la sesión del concejo de las 16 horas.

El complejo cronograma de Tohá es conseguir la aprobación del concejo municipal durante este mes, la aprobación de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda en enero de 2016, abrir la licitación del leaseback entre enero y marzo y firmar el contrato entre marzo y abril del próximo año.

Las obras sociales de Santiago que quedarían desfinanciadas

De no conseguir los recursos, el municipio no podrá financiar una serie de proyectos sociales como mejoramiento de cités, de salud, de mejoras urbanas en espacio público (Quiero mi Barrio), de consultorías en diseño de proyectos municipales, recuperación de inmueble patrimonial en el consultorio Ñuble, y el palacio Álamos, obras que superan los $2.557 millones.

Tohá tampoco tendría $1.000 millones  para destinar a presupuestos participativos, en que los vecinos deciden las obras que quieren para sus barrios. Por  ejemplo, el año pasado se hicieron platabandas, bajadas universales en las esquinas, iluminación de veredas, juegos infantiles, entre otras obras, en los históricos barrios de San Eugenio, Santa Elena y Balmaceda.

Santiago tampoco podría pagar fondos concursables por $519 millones, programas de platabanda y pavimentación de calzadas y aceras por casi $1.000 millones, infraestructura educacional por $307 millones, luminarias, infraestructura deportiva, seguridad vial y ciclovías por otros $657 millones.

La pelea política

Para conseguir el crédito, la alcaldesa de Santiago debe contar con siete de los 11 votos de los concejales, pero los cuatro de la oposición han mostrado su rechazo, al igual que la concejala Esperanza Alcaíno (hija del ex alcalde Raúl Alcaíno), lo que dejaría sin aprobación el millonario endeudamiento que comparten los cinco concejales de la Nueva Mayoría.

El concejal Felipe Alessandri (RN) ha argumentado públicamente su rechazo en que no está dispuesto a “regalarle ese dinero a la alcaldesa para su tan anunciada reelección, porque va a dejar endeudada a la próxima administración. Aquí se quieren pagar gastos corrientes… nos quieren pasar gato por liebre“.

La postura también pública de Alcaíno es que hacer un “leaseback en el último año de gestión de la alcaldesa para gastos corrientes no me parece solidario con la próxima administración“.