Arturo Fermandois plantea que dicho proyecto de ley elimina la libertad de asociación entre personas naturales, principio que está consagrada en la Constitución.
Publicado el 26.04.2016
Comparte:

La reforma laboral que impulsa el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet vivió ayer una jornada clave con la exposición de 46 personas en el Tribunal Constitucional, que alegaron en contra y en favor del proyecto de ley que aprobó el Congreso.

La audiencia pública comenzó a las 9 horas y cada exponente tuvo 10 minutos para hacer ver sus puntos de vista ante los ministros presentes. Entre ellos lo hizo el abogado constitucionalista Arturo Fermandois, quien derrotó al gobierno en diciembre pasado en el proyecto de ley que establecía la gratuidad en la educación a través de una glosa y no una ley.

En un histórico fallo, el TC acordó “acoger la pretensión de inconstitucionalidad por 6 votos a 4 y por 7 votos a 3 en uno de ellos (triestamentalidad), en función de la alegación de discriminación arbitraria formulada por los requirentes”, que había presentado Fermandois.

En este caso, la impugnación presentada por la reforma laboral por senadores de la UDI y RN tiene cuatro probables violaciones a la Constitución: la titularidad sindical, la extensión de beneficios, la información sobre remuneraciones y la obligatoriedad de negociación colectiva con sindicatos interempresa.

El ex embajador de Chile en Estados Unidos detalla a “El Líbero” el corazón del argumento jurídico que utilizó en su defensa para demostrar por qué, en su opinión, es inconstitucional la reforma laboral.

-¿Cuáles son sus argumentos jurídicos en contra de la reforma laboral?

-Este proyecto de ley, más que fortalecer a los sindicatos en forma inconstitucional y obligar a la afiliación forzosa -lo que prohíbe la Constitución-, más que golpear la libertad de esa indicación, que es siempre voluntaria según la Constitución, tiene otro aspecto relativamente nuevo. Y es que este proyecto al hacer desaparecer los grupos negociadores está golpeando el derecho de asociación, está extinguiendo una agrupación de personas ya existentes que persiguen un fin lícito, que son ciudadanos habilitados y que solo pueden ser eliminados en caso contrario a la moral, el orden público o la seguridad del estado, pero jamás al perseguir un fin lícito.

-¿En qué condición quedan entonces los grupos negociadores?

-El proyecto es inconstitucional porque actualmente los grupos negociadores en las empresas en que existen sindicados pueden negociar también colectivamente, pero al prohibírseles en este proyecto negociar colectivamente,  se les está eliminado como agrupaciones de personas y eso es totalmente contrario a la Constitución, que favorece la creación de agrupaciones y personas que persigan fines lícitos.

-¿Por qué?

-Porque el derecho de asociación no es solo para personas jurídicas, que permite crear sindicatos, sino para agruparse informalmente en grupos de ciudadanos que persiguen fines lícitos. Es como prohibir los grupos de consumidores que quieren defender los derechos de los consumidores. Así como hay asociaciones de consumidores, la ley no puede favorecer agrupaciones más formales como las asociaciones de consumidores o de sindicatos extinguiendo, de pasada, grupos lícitos ya existentes en la sociedad. Ese es el centro de mi alegato.

-¿Es el argumento de mayor relevancia, respecto de los otros invocados?

-Es un ángulo distinto, y creo que tiene más posibilidades jurídicas, por lo que debiera hacer caer cuatro articulados de la reforma, establecidos en el artículo 303  que plantea que “negociación colectiva es el procedimiento a través del cual uno o más empleadores se relacionan con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para tal efecto, o con unos y otros, con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado, de acuerdo con las normas contenidas en los artículos siguientes. La negociación colectiva que afecte a más de una empresa requerirá siempre acuerdo previo de las partes”.