La tesis de la titular del Trabajo, Ximena Rincón, y del vocero, Marcelo Díaz, se impuso a las posiciones de los ministros de Interior y Hacienda, Jorge Burgos y Rodrigo Valdés, respectivamente.
Publicado el 07.06.2016
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“Lo que la Presidenta nos ha pedido y lo que hemos hecho en la reunión con los presidentes de los partidos es explorar la posibilidad de impulsar una reforma constitucional que nos permita hacernos cargo de los efectos del fallo del Tribunal Constitucional”, afirmó ayer el ministro vocero de gobierno Marcelo Díaz, a la salida del tradicional comité político en La Moneda.

El anuncio tomó por sorpresa a los líderes de la Nueva Mayoría (NM), según dicen asistentes al encuentro. Esto, debido a que hasta hace algunos días el panorama era totalmente diferente, ya que el gobierno, tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que suprimió varios elementos de la reforma laboral, apostaba por mantener el veto supresivo para eliminar del proyecto la adaptabilidad laboral y el quórum para formar sindicatos, además de una ley corta.

Sin embargo, tal como explicó Díaz, el hecho fue una determinación de la Presidenta Michelle Bachelet, quien no había tomado una determinación clara al respecto durante todo este proceso. En la NM comentan a este medio que la Mandataria optó por esta vía para cautelar el espíritu original de la reforma laboral. Sin embargo, influyentes fuentes del oficialismo revelan que también se quiso hacer un gesto a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) con el objetivo de evitar un nuevo conflicto con el gremio.

Fue a principios de mayo -tras el anuncio del gobierno de implementar veto presidencial y ley corta para enfrentar desfavorable fallo del TC a la reforma laboral- en que hubo un importante encuentro de los ministros del comité político y la titular de Trabajo, Ximena Rincón, además de los equipos técnicos. Durante esa reunión se evidenciaron  las posturas internas del comité político con respecto al veto a la reforma laboral. Por un lado, los ministros de Interior y Hacienda, Jorge Burgos y Rodrigo Valdés, respectivamente, apostaban por una ley corta sin veto. Y, en la otra vereda, estaba Rincón y el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, quienes apostaban por veto y ley corta.

En ese momento la apuesta del gobierno era presentar un veto supresivo y una ley corta. De hecho, el debate que marcó el panorama en la NM durante el mes de mayo fue el contenido de la ley corta.

Sin embargo, esta propuesta nunca fue acogida por la totalidad de las bancadas de la Nueva Mayoría, sobre todo por la DC. En el partido afirmaron que era contradictorio presentar un veto, ya que se podía volver a foja cero. Por esto, la bancada de senadores de ese partido acordó plantear un proyecto de reforma constitucional para revivir la perdida titularidad sindical. “Hay acuerdo en proponer una reforma que permita que la negociación colectiva sea un derecho de los trabajadores que se ejerce a través de los sindicatos”, comentaban algunos senadores de la DC. Sin embargo, esta propuesta no fue totalmente acogida por el Ejecutivo y este hecho reavivó nuevamente las diferencias internas del comité político en torno a la manera de destrabar la reforma laboral.

Las principales discrepancias se dieron principalmente entre Valdés y Rincón. Un cambio constitucional de esta envergadura requería de un quórum de 2/3, es decir, 80 diputados y 25 senadores. De esta manera, a la Nueva Mayoría le faltarían 13 votos en la Cámara y 4 en el Senado, por lo que el titular de Hacienda afirmó que esta propuesta era poco viable. De hecho, Valdés afirmó que “cualquier cambio constitucional en esa materia requiere de dos tercios, por lo tanto veo muy difícil tener una mayoría para aquello. Es lamentable”.

La postura de Valdés tuvo buena acogida al interior del gobierno. De hecho, en el tradicional comité político del pasado lunes 22 de mayo, los ministros les informaron a los líderes del oficialismo que no habría un cambio a la Constitución para destrabar la reforma laboral. Sin embargo, el panorama cambió en sólo dos días y se evidenciaron nuevamente las diferencias al interior del gabinete.

Esto, debido a que pasado 25 de mayo la ministra Rincón en entrevista con T13 Radio, afirmó que el Ejecutivo no descartaba cambio a la Constitución para destrabar la reforma laboral, imponiéndose a la tesis planteada por Valdés . “Sobre la reforma constitucional. uno no puede descartar algo que es iniciativa del Parlamento, nunca se pierde la esperanza de tener los votos”, dijo la titular del Trabajo.

Marcha de la CUT: factor clave en la determinación del Ejecutivo

Los dichos de Rincón se fueron materializando con el paso de los días. Y, según dicen influyentes fuentes del Ejecutivo, la marcha de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) que se realizó el pasado 31 de mayo fue un factor clave para que la Presidenta, finalmente, se inclinara por un cambio constitucional.

En esa oportunidad la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, planteó la idea de analizar la posibilidad de enviar una reforma constitucional y de esa forma reponer los artículos que fueron rechazados. “Aquí se tiene que luchar por una nueva constitución, por un cambio estructural para que los trabajadores tengamos derechos, principalmente en el tema de la titularidad sindical, que ha sido boicoteado por los empresarios y por el Tribunal Constitucional, un tribunal político y no un tribunal realmente de justicia”, afirmó Figueroa.

Si bien el ministro Valdés ayer valoró la decisión, insistió en la complejidad de contar con una reforma laboral en el corto plazo. “Espero que el debate no se eternice y por lo tanto no vamos a congelar la reforma, pero sí queremos explorar el camino que nos parece más adecuado para tener la máxima certeza jurídica posible para todos, para los sindicatos, empleadores, para el Gobierno”, explicó el titular de Hacienda.

FOTO: AGENCIA UNO