Este mediodía la Alianza presentó su requerimiento por el nuevo sistema electoral. Aún queda pendiente el relativo a Educación.
Publicado el 26.01.2015
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La Alianza anunció que presentará dos requerimientos ante el Tribunal Constitucional, uno por el proyecto de educación que pone fin al lucro, el copago y la selección, que fue aprobado el pasado jueves en el Senado y que ingresa a la Cámara a tercer trámite constitucional; y el segundo por el proyecto electoral que termina con el binominal, que fue presentado este mediodía por el senador Hernán Larraín (UDI). Según explican fuentes ligadas al derecho constitucional y que conocen el proceso, el escenario para la oposición ante el TC sería más favorable en educación, que en la reforma electoral.

Hace más de tres semanas el senador RN y miembro de la comisión de Educación, Andrés Allamand, está trabajando en la preparación del requerimiento ante el TC por el proyecto de educación, junto a su par UDI, Ena von Baer, al abogado constitucionalista y coordinador de Políticas Públicas del Instituto Libertad y Desarrollo, José Francisco García, y al abogado y profesor de Derecho Constitucional, Miguel Ángel Fernández. Según explican en la Alianza, el requerimiento -que  podría presentarse durante esta semana- tendría cinco “infracciones inconstitucionales”.

En primer lugar, una de las causales sería la prohibición de la selección, la que sería la “gran apuesta” de la Alianza para ganar en el TC. También se incluirían elementos relacionados con el arriendo de colegios y la prohibición a los establecimientos de cobrar una retribución, explican en la oposición.

Expertos en derecho constitucional afirman que existen “argumentos bastante sólidos”que pudiesen llevar al TC a discutir sobre eventuales elementos inconstitucionales del proyecto de educación. Sin embargo, explican que tanto el proyecto de educación como el electoral, contienen normas específicas que son orgánicas constitucionales, las que tratan sobre temáticas expresamente descritas en la Constitución y que requieren para ser aprobadas una mayoría especial, de cuatro séptimos de los parlamentarios. Estas normas son parte del control preventivo de constitucionalidad obligatorio ante el Tribunal Constitucional.  Esto implica que ambas reformas modifican distintas leyes que son orgánicas constitucionales. En el caso del proyecto de educación modifica la Ley General de Educación (LGE), que es orgánica constitucional, y el proyecto electoral cambia la ley orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios.

De esta manera, el Tribunal Constitucional igual debe revisar algunas normas de ambos proyectos, las que fueron votadas como orgánicas constitucionales en el Congreso, además de los requerimientos de la Alianza. Es durante la discusión del proyecto, en que el Senado y la Secretaría con los equipos técnicos del Congreso, en que se genera el debate para calificar diferentes normas como orgánicas constitucionales. En el caso del proyecto de educación, luego de un largo debate, algunas de las normas que quedaron en esta categoría para que el TC realice el control preventivo obligatorio, son en relación a la admisión y en la personalidad jurídica sin fines de lucro.

Proyecto de educación: “podría ir en contra de la libertas de enseñanza”

Con respecto a los elementos del proyecto de educación que la Alianza incluiría en el requerimiento, fuentes que conocen el proceso, afirman que existirían tres que pudiesen ser discutidos en el TC sobre una posible inconstitucionalidad, de acuerdo a la información a la que tuvo acceso “El Líbero”.

En primer lugar, sobre la prohibición de la selección, dicen que pudiese ser contraria a la libertad de enseñanza descrita en el artículo 19 número 11 de la Constitución, que establece que la libertad de enseñanza incluye el derecho de los sostenedores  a “abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna. Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos”.

De esta manera, explican personas ligadas al derecho constitucional,  la forma de selección es parte de organizar, pero “organizar no implica que no haya regulación”.  Sin embargo, aclaran que tampoco la regulación puede ser tan estricta que lleve al sostenedor a no tener “margen de libertad” para organizar. Por esto, podría ser discutible una eventual  inconstitucionalidad en la prohibición de la selección.

En segundo lugar, otro elemento que pudiese estar en el requerimiento, tendría relación con el arriendo de colegios. Fuentes que conocen el proceso, explican que prohibir el arriendo de inmuebles también “atenta contra la libertad de enseñanza”. Esto, debido a que la forma en que se organizan los establecimientos educacionales es una decisión que pertenece a los sostenedores y no al Estado, afirman.

Finalmente, con respecto a la norma del proyecto que prohíbe a los establecimientos cobrar una retribución, la que están dispuestos a pagar quienes demandan estos servicios, también sería discutible que fuese en contra del mismo artículo que establece la libertad de enseñanza. Esto, debido a que los sostenedores tienen el “derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”.

 Las “cuatro causales” en la reforma electoral

Luego del despacho del proyecto electoral que termina con el actual sistema binominal, la oposición tomó la decisión de concretar este mediodía un requerimiento ante el TC, el que venían anunciando hace algunos meses.

El senador UDI, Hernán Larraín, fue el encargado de presentar el escrito en las oficinas de Apoquindo y señaló que el requerimiento está basado en “cuatro causales”. En primer lugar, el “rompimiento de principio de igualdad del voto establecido por la constitución por la forma en cómo están estructurados los distritos”; en segundo lugar, se “establecen normas diferentes en perjuicio de la participación de los candidatos independientes”; en tercer lugar, la “limitación de las primarias, en cuanto a que sólo se puede someter a primarias el 40% de los candidatos o cupos que se presentan a las elecciones”; y finalmente, la falta de financiamiento para las asignaciones de los nuevos parlamentarios.

Frente a estos elementos, personas que conocen el proceso explican que, a diferencia de la reforma educacional, en el ámbito electoral los argumentos serían “menos nítidos” sobre dónde estarían los problemas inconstitucionales.

Los efectos que pudiesen generar la sentencia del TC

Una vez que las reformas fueron aprobadas en el Congreso, son promulgadas después de su paso por el Tribunal Constitucional. Según explican personas ligadas al derecho constitucional, el TC desde que recibe el requerimiento tiene 10 días para la sentencia. Mientras que para el control preventivo obligatorio de las normas que son ley orgánica constitucional, no hay un plazo definido. En el caso del proyecto electoral, como ya fue despachado, ya ingresó a control preventivo obligatorio según informó el Tribunal Constitucional en su página web el pasado viernes. Y hoy recibió el requerimiento de la Alianza.

En el caso de que el TC declare inconstitucionales ciertas normas, éstas no entran en vigencia y se reemplazan por la legislación anterior.

 

FOTO: AGENCIA UNO