Debido a las graves falencias de implementación, el Gobierno ha tenido que presentar dos proyectos de ley para realizar una decena de modificaciones a la emblemática iniciativa que prohíbe el lucro, la selección y el copago. "Cuando se enseñe en las facultades de Derecho ejemplos de leyes con mayor desconocimiento de la realidad que regulan, la de inclusión ocupará el primer lugar", denuncian los sostenedores.
Publicado el 12.11.2017
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Como un auto nuevo que vuelve y vuelve al taller por distintas fallas. Eso es lo que le ha pasado a la “ley de inclusión” escolar que elimina el lucro, la selección y el copago en los colegios subvencionados, desde que fue promulgada en mayo de 2015 por la Presidenta Michelle Bachelet como un “logro de todo Chile”.

Esa ley, que para la Mandataria permitiría dar el “paso al acceso universal de la educación que financiamos todos con nuestros impuestos”, y que terminaría con la educación como un “bien de consumo”, ha tenido graves fallas en su implementación, las que han obligado al Gobierno a presentar “reformas a la reforma de la reforma”.

En dos años se han presentado tres proyectos de ley, dos del Ministerio de Educación y uno de un grupo de senadores, que han propuesto 10 cambios relevantes.

Son las mismas fallas que durante toda la tramitación de la ley advirtieron los sostenedores de los colegios y los parlamentarios de oposición, pero que fueron desechadas por el Ejecutivo, ya que tenía los votos suficientes para aprobarla en el Congreso.

Los cambios que hizo la primera reforma a la reforma

Es así como el año pasado el propio Ministerio de Educación presentó un proyecto que se aprobó en marzo pasado como “ley miscelánea”, y que contempló cuatro cambios relevantes.

Por ejemplo, se extendió el plazo para que los sostenedores fueran dueños de la infraestructura y se estableció un plazo adicional para aquellos que se organizaran como personas jurídicas sin fines de lucro (SFL) antes del 1 de julio del 2017.

También se crearon incentivos para la adquisición de la infraestructura por parte de los sostenedores y se modificó la fórmula para calcular el monto máximo de copago que pueden cobrar los establecimientos que siguen funcionando bajo la modalidad de financiamiento compartido. Específicamente se establece que los incrementos de subvención originados a partir de la promulgación de la ley de carrera docente, no serán considerados en el cálculo.

Por último, se modificaron los “fines educativos” establecidos en la ley con el objeto de facilitar la contratación de personas o entidades técnicas pedagógicas (ATEs) reconocidas por el Estado.

“Esto ratifica que las críticas levantadas durante toda la tramitación de la Ley de Inclusión no correspondían a una ‘campaña del terror’, sino que a una legítima preocupación por parte de diversos actores de la comunidad educativa y de la sociedad civil, cuestiones que este Gobierno prefirió en su momento ignorar”, señala Cristina Tupper, investigadora de Libertad y Desarrollo.

Los nuevos cambios que se discuten en el Congreso

Sin embargo, esos cambios no fueron suficientes, y un grupo de senadores de la Nueva Mayoría presentó otro proyecto de ley para facilitar la implementación, ante lo cual el Mineduc se sumó con un proyecto propio que fusionó ambas iniciativas.

Dentro de los cambios propuestos, destaca un cambio fundamental y al que el Gobierno siempre se opuso: eliminar la obligatoriedad de que los sostenedores sean dueños de la infraestructura donde funcionan los establecimientos educacionales.

“Finalmente el tiempo le ha demostrado que la ‘compra de fierros’ no era más que un capricho ideológico tremendamente perjudicial para nuestro sistema, y el propio gobierno ha propuesto permitir el arriendo de inmuebles de forma permanente y a condiciones de mercado. Sin embargo, difícilmente se podrá reparar el daño hecho por estas normas durante los últimos dos años”, señala la investigadora.

Además, hay otros cuatro cambios en curso en el Congreso, como aumentar el monto máximo que los sostenedores pueden pagar por concepto de arriendo de la infraestructura, ya que actualmente el monto máximo anual corresponde a un 11% del avalúo fiscal. El problema es que se demostró que en más de la mitad de los casos, el avalúo fiscal es inferior al 50% del valor comercial, por lo que el tope establecido en la ley es demasiado bajo.

Se propone, entonces, autorizar que en determinados casos el valor anual del arriendo pueda superar el 11% del avalúo fiscal siempre que la operación se realice en términos y condiciones de mercado.

También se buscan crear una serie de excepciones al nuevo sistema de admisión con el fin de adecuarlo a la realidad de la diversidad de modalidades educativas con que cuenta nuestro sistema educativo. Específicamente, se busca excluir del proceso de admisión establecido en la ley a la modalidad de adultos, a las aulas hospitalarias y a las escuelas cárceles.

La ampliación del plazo de los sostenedores que reciben subvención del Estado para cumplir con la obligación de organizarse como personas jurídicas sin fines de lucro es otra modificación propuesta. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2018, y hasta que cumplan con el mencionado requisito, se le suspenderían los pagos de subvención a estos sostenedores.

Sostenedores: “Cuando se enseñe en las facultades de Derecho ejemplos de leyes con mayor desconocimiento de la realidad que regulan, la de inclusión ocupará el primer lugar

Hernán Herrera, presidente del gremio de colegios particulares (Conacep), ha sido un fuerte crítico de dicha ley de inclusión, pero confiesa seguir “esperanzado en que algún día se harán en Chile las cosas bien en educación, planificando los efectos de las iniciativas, respetando la libertad de enseñanza y buscando el bien común, por sobre los desvaríos ideológicos”.

Herrera agrega que “en el futuro, cuando se enseñe en las facultades de Derecho ejemplos de leyes con mayor desconocimiento de la realidad que regulan, la de inclusión ocupará el primer lugar”.

En la misma línea, Raúl Figueroa, director ejecutivo de la fundación Acción Educar, destaca los cambios a la ley pero dice que reflejan la “improvisación y el voluntarismo del gobierno en insistir con una reforma escolar, sin considerar ni atender los fundados reclamos que se hicieron de sus falencias y los negativos impactos que tendría. Ahora vemos un cúmulo de iniciativas parceladas que apuntan a corregir en parte las dificultades de la ley”.