El rector de la Universidad San Sebastián y ex ministro de Economía de Bachelet, afirma que el proyecto de ley está diseñado en base a "eslóganes y prejuicios" y que es muy "controlista". Además, pide que se apruebe con el mayor consenso político posible para evitar nuevos cambios que dañen la estabilidad normativa que requiere la educación.
Publicado el 24.04.2017
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Por una montaña rusa ha transitado en el Congreso la reforma de gratuidad universal en educación que prometió en campaña la Presidenta Michelle Bachelet, y que quiere dejar como uno de sus principales legados políticos.

El Ministerio de Educación tuvo que retirar el proyecto original ante el vendaval de críticas, e ingresó otro texto que fue rechazado en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, con la abstención de la diputada comunista Camila Vallejo.

Ello encendió las alarmas en La Moneda y la propia Mandataria pidió el apoyo de los parlamentarios de la Nueva Mayoría, quienes terminaron aprobando el lunes pasado la idea de legislar en general en la Sala por 67 votos a favor y 41 rechazos. Uno de los compromisos del Ejecutivo, bajo la exigencia de la bancada comunista, fue eliminar el Crédito con Aval del Estado (CAE).

Dicho proyecto es analizado por el rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados (DC), quien fue ministro de Economía durante el primer mandato de Bachelet.

– ¿Cuál es su evaluación sobre el proyecto de gratuidad que se aprobó en general en la Sala?

– Si me pregunta si necesitamos modificaciones en el sistema de educación superior mi respuesta es sí. Si este proyecto apunta en la dirección correcta de esas modificaciones, mi respuesta es no.

– ¿Por qué?

-Esencialmente porque es un proyecto muy institucionalista. Solo ve el tema de creación de instituciones, introduce demasiadas atribuciones de supervisión, fiscalización y planificación, algunas que no son posibles de cumplir bien, y creo que carece de una mirada de mediano y largo plazo respecto de lo que querría como horizonte, hacia donde debe caminar el sistema. Ese debate no se ha dado porque en general hemos estado enredados en eslóganes, muchos eslóganes, mucho debate sobre prejuicios, sin analizar bien los datos de la realidad, y muy enfrascados en discusiones presupuestarias.

– ¿Cree que el proyecto hará el paso de los eslóganes al contenido o se legislarán sólo eslóganes?

– No sé, pero no es que el proyecto contenga eslóganes, sino que algunas de las disposiciones están basadas en ‘postverdades’ que se han ido construyendo en torno a la educación superior, y esos eslóganes se derivan de un muy mal diagnóstico. Mi impresión es que en este proyecto no está claro lo que les gustaría lograr, y aún más oscuro, hay malos diagnósticos respecto de la situación existente.

– ¿Por qué cree que hay malos diagnósticos?

– Por ejemplo, la mirada que tiene es extremadamente “controlista” sobre la base que han ocurrido gran cantidad de problemas en las instituciones privadas, lo cual si uno mira la realidad no es cierto. Ha habido problemas. Las acreditaciones actuales reflejan bastante bien la realidad de las instituciones, y creemos que el sistema de acreditación requiere drásticas modificaciones, porque lo que pasó hace siete u ocho años, partir de un episodio muy negativo se ha construido y no se ha mirado lo que ha pasado entre medio. Creo que de verdad hay una sobrevaloración del rol potencial de las universidades estatales y una subvaloración del rol potencial, y que han cumplido, las universidades privadas.

– ¿Se daña a las universidades privadas con este proyecto?

– Mientras nadie conozca el proyecto de las universidades estatales, es difícil argumentar en su conjunto. Ahora, si trato de analizar el proyecto que conocemos, puedo decir algunas cosas.  Las facultades que se entregan a las superintendencias son excesivamente amplias y pueden ser motivo de cambios de criterio, dependiendo del gobierno de turno, lo cual es pésimo para un sistema que por definición requiere estabilidad. A veces se olvida que los jóvenes que han ingresado este año en la educación superior estarán trabajando en 2023 o 2024, y algunos después. Hay una confianza, más bien ingenua, respecto de las capacidades de planificar cosas en el sistema. Eso no es ni posible ni sensato, porque están cambiando tanto las tecnologías, contextos políticos, económicos y sociales, que predecir lo que pasará en tres o cuatro años es difícil, en cinco, 10 años, muy difícil. No se puede definir con precisión como para después determinar cupos de admisión o cosas de ese tipo, que plantea el proyecto. Cuando hay cosas que una institución pública debe hacer y es muy difícil que las haga, no cumple sus funciones o se cumple con arbitrariedades. Ese es un problema del proyecto. Hay mucho exceso de facultades y obligaciones y responsabilidades que se les imponen a la subsecretaría y a la superintendencia.

– ¿Cuál es su postura sobre la eliminación del CAE?

– Es evidente que el apoyo para el financiamiento de los estudiantes es decisivo y sin eso no es posible avanzar en generar oportunidades. La gratuidad completa es muy negativa para el país. Hay sectores que pueden financiar total o parcialmente los aranceles y no veo razón alguna, ni de eficiencia ni redistributivas, para que no lo hagan. Perjudica a los sectores de menores ingresos que se le cargue la mano al estado para financiar a sectores que pueden pagar. Si no hay gratuidad total, hay que tener mecanismos de apoyo para quienes tengan más dificultades de los grupos que no están, y aparece el mecanismo de acceso a fórmulas con pagos posteriores, contingente al ingreso, en que está el CAE, con fondos solidarios o de apoyo estudiantil. Una fórmula que permite pagar después de estudiar, y que se pague con un tope por ingreso. En el CAE actual los estudiantes tienen un tope del 10%. El mismo mecanismo que opera para el CRUCh, pagan 5%. Hay que llegar a un acuerdo justo. Hay una mezcla de financiamiento que el país requiere, no creo que las familias gasten más pero el estado tiene que invertir más. La paradoja es que en materia del CAE lo que se ha estado discutiendo es que el estado no ponga más plata o redistribuya la que tiene. Disminuir los recursos va a afectar la calidad de las instituciones, y se ha visto con universidades que han protestado. Hay que analizar cómo estas modificaciones van a lograr mejorar la calidad. No hay mayores análisis al respecto, porque sin mayores recursos es imposible mejorar la calidad.

– ¿Cómo se puede estimar el impacto real de esta reforma en las universidades privadas?

– Lo que hay son los cálculos de un año de operación de la gratuidad de los menores ingresos que han tenido. Hay dos impactos importantes; dejó de existir el aporte fiscal indirecto (AFI), y existe una diferencia entre el arancel que las instituciones cobraban y el que ahora reciben el Mineduc.

– ¿Qué mensaje daría a los parlamentarios que deben votar el proyecto?

– Este es un tema que requiere estabilidad, que es necesario que lo que finalmente se apruebe como ley surja de un acuerdo sobre temas básicos, porque de lo contrario en un futuro gobierno con otra composición del parlamento querrá modificarlo. Por tanto, requiere acuerdo y análisis a fondo. No veo, como se señaló, que se despache en un mes, eso significa seis sesiones. Son temas difíciles, complejos, de profundidad. Un artículo mal redactado puede generar problemas grandes. Además, me parece una incongruencia con la realidad que el proyecto sobre el ministerio de ciencia y tecnología no se trate en conjunto con la educación superior, ya que las que investigan son las universidades.

– ¿Ve voluntad en el gobierno de buscar acuerdos  o de imponer su proyecto?

– El proyecto anterior se retiró. En realidad, hay grupos de actores que han sido más escuchados para hacer esos cambios, como los estudiantes de las universidades estatales y grupos del consejo de rectores. Espero que haya el convencimiento de que si no hay una legislación que surja del análisis sobre lo que existe realmente no va a funcionar bien y eso habrá que cambiarlo. Eso sería muy malo.