El rector de la Universidad San Sebastián es un fuerte crítico de la decisión del Ejecutivo de aprobar este mes el proyecto de ley, que ha sido modificado tres veces en dos años y tiene 600 indicaciones. Además, advierte que llevaría a las universidades “hacia la mediocridad, con menos recursos, diversidad y más regulaciones".
Publicado el 07.01.2018
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Durante los dos primeros años del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, el foco en educación estuvo en la reforma que eliminaba el lucro, el copago y la selección en los colegios subvencionados.

En los dos últimos años puso el foco en una vasta y completa reforma a la educación superior, para lo cual ha presentado tres proyectos de ley.

El último proyecto del Ministerio de Educación que se discute en el Congreso tiene más de 600 indicaciones, pero la instrucción de Bachelet es aprobarlo este mes con suma urgencia, lo cual ha generado una amplia polémica por lo inconveniente de discutir con apuro reformas tan profundas. La iniciativa es uno de los 28 proyectos que quiere aprobar el gobierno antes de que en marzo deje La Moneda y la mayoría en el Congreso.

En el debate entra el rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados, quien fue ministro de Economía de la Presidenta Michelle Bachelet durante su anterior mandato.

El economista hizo noticia el pasado viernes, además, porque trascendió que renunció junto a un grupo de 30 destacados militantes de la DC, como Mariana Aylwin y Alvaro Clarke. Días atrás habían hecho lo mismo ex ministros como Pedro García y Eduardo Aninat. Consultado por este medio sobre su renuncia, Lavados optó por no profundizar más allá de lo que se expresó en la carta de renuncia presentada el viernes 5.

Pero el rector sí quiere hablar en profundidad sobre el intento del actual gobierno de dejar aprobado el proyecto de reforma a la educación superior. Advierte los daños que generará en el sistema legislar de manera apurada y, a su juicio, de manera irresponsable y poco seria. Además, hace una crítica política al Gobierno en su conjunto por el “diagnóstico errado de la situación del país, con una obsesión con encontrar malo lo que pasó en los años de la Concertación. Esta idea de refundación del modelo que al final se demostró que era una fantasía más que algo posible”.

– ¿Cuál es su opinión del proyecto de educación que se debate en el Congreso?

-Si lo miramos desde la perspectiva de las indicaciones del gobierno, es el tercer proyecto que envía. No lo digo como una crítica, sino que es un reflejo de la complejidad del tema, de la multitud de aspectos y de la gran cantidad de aristas que tiene la educación superior, distintas instituciones, disciplinas, la investigación, las diferencias entre estatales y privadas, lo difícil que es modificar el Consejo de Rectores. Si en los últimos dos años, cuando se presentaron los proyectos, el gobierno ha tenido que cambiar y se han discutido tres proyectos, es poco criterioso que se pretenda una aprobación en dos semanas y media. Creo que la solución al complejo problema del desarrollo de la educación superior chilena tiene una respuesta errada, equivocada.

– ¿Por qué cree que está errado el proyecto del Gobierno?

-Porque no considera la diversidad de instituciones, y algunos temas como las facultades de la Subsecretaría y la Superintendencia, el sistema de acreditación y los mecanismos de determinación de aranceles están planteados desde la óptica de tipología de instituciones, que se agruparían en forma más simple que la diversidad que existe. Eso, al final, genera incentivos para que las instituciones se parezcan, y se pierde la riqueza de los distintos proyectos educativos, la diversidad y la capacidad de innovar. En el proyecto se mantiene una visión extremadamente “reglamentista”, reguladora, sin considerar que todas las regulaciones tienen costos. Este es un sector que requiere regulaciones, nadie puede plantear autonomía irrestricta. Tiene que haber una autonomía regulada de las instituciones. Si uno mira las facultades de la Subsecretaría, que se hace cargo de un sistema único de admisión a las universidades, es desconocer las complejidades del tema. Se pierde un conjunto de elementos que, al estar en manos de las universidades, son más especializados y fáciles de enriquecer. Un gobierno nunca va a saber más sobre las universidades que las propias universidades. Según este proyecto, existe el concepto de que funcionarios de la Subsecretaría deben ser grandes pronosticadores del futuro, que conozcan al dedillo y por dentro todo lo que pasa en todas las instituciones, que puedan estimar bien los costos, que no tengan sesgos, que no haya discriminaciones. La realidad internacional y la chilena muestran que eso no existe. En temas como acreditación las universidades pasan a ser dependientes completamente del Gobierno.

Rector: “Un gobierno nunca va a saber más sobre las universidades que las propias universidades. Según este proyecto, existe el concepto de que funcionarios de la Subsecretaría deben ser grandes pronosticadores del futuro, que conozcan al dedillo y por dentro todo lo que pasa en todas las instituciones. La realidad muestra que eso no existe”

– ¿Qué tipo de educación universitaria dejará esta reforma?

– Creo que si se aprueba el proyecto con las indicaciones del gobierno, lo que pasará es que habrá un conjunto de instituciones que irán más hacia la mediocridad que hacia el desarrollo, con menos recursos, más regulaciones y tendencias a parecerse unas a otras. Se perderá la diversidad. Al estar separado del Ministerio de Ciencias y Tecnología es un problema, porque las universidades son las que hacen investigación.

Rector: “Habrá un conjunto de instituciones que irán más hacia la mediocridad que hacia el desarrollo, con menos recursos, más regulaciones y tendencias a aparecerse unas a otras”

– ¿Cuál es el impacto de la gratuidad en el financiamiento de las universidades?

-Antes de la gratuidad, de cada $10 que ingresaban a las universidades seis provenían del sector privado, aranceles, donaciones, ventas de servicios, y cuatro provenían del Estado como aportes directos, becas, el CAE. Con la gratuidad estemos llegando a mitad y mitad, $5 provienen del sector privado y $5 del Estado. El problema no es la proporción, sino que si antes el total de recursos que recibían las instituciones era $10, como ha bajado el aporte de los aranceles porque muchos estudiantes están en gratuidad, ahora reciben $9. El Estado devuelve menos de lo que pagaban antes los aranceles. Con $10 las universidades se desarrollaban con dificultades, con $9 es casi imposible el desarrollo y ese es uno de los grandes talones de Aquiles de la gratuidad, que reduce los recursos disponibles de las universidades. Desgraciadamente, para mejorar en docencia, creación de conocimiento y vinculación con el medio, no se ha inventado ninguna otra fórmula que disponer de más recursos. Uno puede hacer todo lo que quiera en eficiencia y en menores costos, pero igual se requieren recursos adicionales.

-La gratuidad está dejando un déficit de $20 mil millones al año, que en cinco años superaría los $100 mil millones. ¿Es sostenible?

-Los impactos son en el largo plazo, porque al principio si bajan los ingresos se pueden cortar ciertos proyectos, pero después como se aumenta el número de estudiantes en gratuidad siguen bajando los ingresos. Por lo tanto, no corta solo grasa sino músculo, y el problema es que esas universidades que pierden músculo se quedan con menos fuerza, iniciativas e innovan menos porque tienen que adaptarse a más regulaciones. Creo que el resultado sería muy negativo. He estado analizado y debatiendo esto desde hace tiempo. En la coyuntura actual, me parece poco razonable y responsable que se plantee que se puede terminar a fin del mes de enero un proyecto que tiene más de 600 indicaciones, donde si uno mira alguna de las indicaciones tienen un impacto muy grande, como las que presentó el senador Carlos Montes.

Rector: “Me parece poco razonable y responsable que se plantee que se puede terminar a fin de mes un proyecto que tiene más de 600 indicaciones”

– ¿Qué impacto tendrían esas indicaciones?

-Sin hacer juicio de valor, analizo cuál es el efecto. Cuestiones de esa envergadura no se pueden discutir en 5-10 minutos. Independiente de los gobiernos, tiene que haber tiempo y espacio para discutir los proyectos. Cuando el Senado escuchó a distintas personas y organizaciones invitadas, solo una estaba de acuerdo con el gobierno, y todas las demás resaltaron elementos negativos. Por ejemplo, el CNA resaltó los temas negativos, el Consejo Nacional de Educación resaltó lo que va en contra de las tendencias internacionales. Creo que hay un cierto voluntarismo y empecinamiento que merecen un mejor destino. No corresponde, de verdad. Estamos frente a una cuestión poco seria. Si uno piensa en el proyecto como está, las indicaciones, los temas importantes que toca, aunque se trabaje viernes y sábado y todas las horas, no hay capacidad para poder reflexionar, porque son temas complejos. Eso no es responsable. Se propone en un plazo corto terminar la PSU, cómo se reemplazará o no se requiere una prueba de admisión. Si se hace una ley para el desarrollo de uno de los temas más importantes del país, requiere pensamiento. Ojalá no se repita el triste espectáculo de la Cámara de Diputados trabajando 22 horas.

– ¿Cuál es el legado de Bachelet en gratuidad?

-Eso no se podrá cambiar. Queda como una de las obras que para la comunidad es positiva. Creo que gratuidad al 60%, siendo políticamente incorrecto, es demasiado. Habría llegado hasta el 40% porque hay mecanismos para estudiar gratis que son mejores, más solidarios y que no les dan recursos regalados a los sectores de mayores ingresos. Estudiar gratis para quien no puede pagar lo entiendo como no pagar durante los estudios, no tener que hacer ese esfuerzo, pero no significa no pagar nunca nada. No estoy de acuerdo. Es una decisión doctrinaria. Creo que en un país como Chile, con la pobreza y desigualdad de los ingresos que tiene, es injusto que se le regale plata a las personas de mayores ingresos en lugar de destinarlo a otras cosas. Los derechos sociales no significan no pagar.

– ¿Y qué legado deja Bachelet en educación?

-La palabra legado no sé si es creación de los medios o del gobierno, la encuentro de una gran elocuencia fantástica, con un toque materialista que parece una herencia. Valoro los aportes del Gobierno al desarrollo del país, como temas de mayor libertad de elección para las mujeres, el avance en beneficios sociales pero en educación creo que desgraciadamente se partió con la cola. Lo lógico habría sido fortalecer la calidad de la educación pública en todos los niveles, mucho más de los recién nacidos, los más chicos. Siempre me pareció curioso que la primera reforma en educación partiera con tres NO (al lucro, selección y el copago). Creo que es mejor hablar de algo respecto de lo que se está a favor y no en contra. Se ha demostrado que técnicamente la solución no ha sido buena, porque se ha tenido que estar cambiando constantemente. Creo que no se ve el mejoramiento de la calidad en la educación y se mantienen las diferencias. Para demostrar que se disminuyen las diferencias cuando se dan las cifras del Simce, la PISA y la PSU, hay que amasar los datos. La información se puede manejar de una forma u otra. Hay un tema existencial en el gobierno, el diagnóstico errado de la situación del país, una obsesión con encontrar malo lo que pasó en los años de la Concertación, y esta idea de refundación del modelo creo que al final se demostró que era una fantasía más que algo posible.