A juicio de Rubén Covarrubias lo que se debe hacer con el dinero destinado a la gratuidad es aumentar el sistema de becas, pues es un sistema probado, que se estableció durante el gobierno de Aylwin, cuando el ministro de Educación era Ricardo Lagos.
Publicado el 13.12.2015
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A pesar de que la casa de estudios que él dirige no está considerada en el programa de gratuidad, el rector de la Universidad Mayor, Rubén Covarrubias, cree que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) es una gran noticia pues pone el acento en las personas y no en las instituciones.

Desde que el Ejecutivo lo anunció el 21 de mayo que Covarrubias dio la alerta de que el sistema para entregar la gratuidad por parte del gobierno era discriminatorio y en contra de los jóvenes más vulnerables del país.

Lo que ahora le preocupa al rector es cómo reaccionó la Presidenta Michelle Bachelet la noche en que se conoció la sentencia del TC. “Si bien es cierto que planteó que iba a cumplir y acatar el fallo, no es menos cierto que de alguna manera lo que sí sugirió fue una serie de amenazas. Y eso es complejo”, explica a “El Líbero“.

– ¿Qué le pareció el fallo del TC?

– Primero, es sano que en el país funcionen, primero que nada, las instituciones. Segundo, es más sano aún que existan los equilibrios de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y obviamente el TC, que custodia la constitucionalidad de los actos administrativos de Chile.

– Pero el fallo propiamente tal…

– Es un fallo que acoge algo que veníamos planteando desde los inicios del anuncio presidencial: que era discriminacional y arbitrario. Ya a partir del 21 de mayo, cuando hace su anuncio la Presidenta, nosotros planteamos que era discriminatorio en contra de los jóvenes de mayor vulnerabilidad del país. Desde esa perspectiva, es un gran fallo, porque de alguna manera pone el acento en las personas y no en las instituciones, que es lo que estaba tratando de propiciar el Ministerio de Educación. Por lo tanto, eso es tremendamente relevante para resguardar la igualdad ante la ley de los ciudadanos chilenos.

– Tras conocerse la resolución del TC la Presidenta Bachelet señaló que: “Algunos quieren impedir que cumpla mi palabra. No me conocen. Quieren frenar la gratuidad, no lo van a lograr…”. ¿Cuál es su opinión de las declaraciones de la Mandataria?

– Yo creo que a la Presidenta la pilló en un mal momento, por la reacción que tuvo. Si bien es cierto planteó que iba a cumplir y acatar el fallo, no es menos cierto que de alguna manera lo que sí sugirió fue una serie de amenazas. Y eso es complejo. Una reacción de esa naturaleza, en la forma que lo hizo, no es sano para la convivencia del país.

– ¿Cree que el resultado del fallo tomó por sorpresa a la Presidenta y al gobierno?

– La verdad que no tengo claro el porqué de esa reacción, pero sí creo que la gratuidad en Chile por parte de la Presidenta y de la ministra de Educación se ha transformado casi en un dogma fe. Partidarios de la Nueva Mayoría recordaban que hace mucho tiempo ya habían efectuado críticas a la constitucionalidad de esta medida. Sin embargo, el Mineduc insistió reiteradamente en utilizar esta metodología discriminatoria para tratar de lograr el objetivo de la gratuidad. La insistencia del Mineduc creo, sinceramente, que ratifica la reiterada improvisación con la que han venido realizando las políticas públicas en materia de educación en este país. Eso no es sano. La educación superior chilena es un bien superior que tenemos la obligación -todos y más aún las autoridades- de resguardarla. Y lo que estaba tratando de hacer con estas políticas es intervenirlas y en el mediano plazo con una baja en la calidad que yo creo que nadie quiere.

– En el diario La Segunda, la ministra Delpiano indicó que: “…lo más probable es que en vez de ampliar el número de alumnos (beneficiados), por este año nos obligue a reducir el número de alumnos a algún tipo de universidad con las cuales ya hay fórmulas para transferir recursos”.

– Ahí está en un zapato chino la ministra y el gobierno, porque lo que no tienen es recursos. En consecuencia, me parece realmente insólito que hayan partido con una política pública que en estado de régimen cuesta sobre los US$ 4.500 millones, disponiendo para tal efecto sólo US$ 200 millones fresco. Ahí no está la consecuencia. Por otra parte, con esa declaración la ministra en lo único que está insistiendo es que la fuente de financiamiento va sobre las instituciones y no la vulnerabilidad de las personas. Eso es grave, porque de alguna manera está incurriendo en un desacatamiento del fallo -no sabemos la sentencia- del Tribunal Constitucional. Eso no es posible. Lo que tiene que hacer el Estado de Chile si quiere lograr la gratuidad, en definitiva, es bajar la cobertura en materia de deciles y aplicar la ley pareja.

– ¿Cómo se debería utilizar el dinero que estaba destino a la gratuidad?

– Tal como dice el senador (Ignacio) Walker, lo que hay que aumentar -incluso la cobertura- es el sistema de becas. Es un sistema probado, generado el año 90 cuando el ex Presidente Lagos era ministro de Educación en el gobierno de Aylwin. Ahí se generó el sistema de becas que se fueron perfeccionando y aumentando. En consecuencia, ya todo el mundo sabe cómo funciona, la beca es sin retorno, por lo tanto -para efectos prácticos- se logra el mismo efecto de gratuidad vía becas. La segunda alternativa que tienen, en virtud que tienen recursos finitos, es entregar esta gratuidad -desconozco a cuántos deciles a estas alturas- sólo a las universidades del Cruch. Sin embargo, en ese punto van a tener mucho cuidado, porque de alguna manera estarían nuevamente ante un vicio de inconstitucionalidad. Se caería nuevamente en lo mismo que fue fallado por el TC en término de que la vulnerabilidad es de las personas y no de las instituciones.

– ¿Cambia el escenario para los institutos profesionales y centros de formación técnica?

– Quienes ya teníamos la certeza, por lo menos lo que habían anunciado a través de la prensa, que los alumnos del DUOC iban a ser beneficiados con esta política; obviamente no van a poder ser beneficiados, porque el Estado una vez más va a privilegiar a las instituciones del Consejo de Rectores. Es curioso, debido a que apareció una declaración del vicepresidente del Consejo de Rectores diciendo que las universidades agrupadas en ese organismo son sinónimo de calidad. Eso no es verdad. Uno de los cuestionamientos es que hay tres instituciones que ni siquiera cumplen con los requisitos que impone el propio Estado.

– ¿Qué ocurre en el caso de la Universidad Mayor?

– Primero, nosotros jamás hemos sido invitados. La Universidad Mayor sigue exactamente igual que en estos 28 años de vida. No nos afecta una política de esta naturaleza.