Los delitos imputados por el fiscal de Rancagua, Luis Toledo, en el negocio de los terrenos de Machalí dicen relación con tres grandes aristas: la tributaria, el cohecho-soborno y la prevaricación.
Publicado el 29.01.2016
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Tras casi un año de investigación en el caso Caval, el fiscal regional de Rancagua, Luis Toledo, formalizará hoy a 13 personas vinculadas al negocio de los terrenos en Machalí que orquestaron, entre otros, los socios de la empresa, Mauricio Valero y Natalia Compagnon, cónyuge de Sebastián Dávalos, y nuera de la Presidenta Michelle Bachelet.

Los delitos imputados dicen relación con tres grandes aristas: la tributaria, cohecho-soborno y la prevaricación. La primera es por declaraciones de renta maliciosas que buscaron evadir el pago de impuestos, según está contemplado en el artículo 97, números cuatro y cinco del Código Tributario.

En tanto, los delitos de cohecho y soborno se imputan por el supuesto pago a funcionarios públicos de la Municipalidad de Machalí para cambiar el uso de suelo de los terrenos, lo que aumentaría explosivamente su valor comercial, generando millonarias ganancias para los involucrados.

La acusación de prevaricación y encubrimiento de ventajas indebidas del síndico es contra dos abogados del estudio Ovalle y Cia, Pablo Ovalle Andrade y Daniel Huerta; a María Clara González Lozano se le imputa ser encubridora del delito contemplado en la Ley de Quiebras; y se incluye también por ventajas indebidas al ingeniero comercial del bufete de Herman Chadwick, Andrés Orchard.

Los acusados por delitos tributarios son Natalia Compagnon y Mauricio Valero; el gestor inmobiliario Juan Díaz Sepúlveda –quien fue el contacto entre el síndico de quiebras, Herman Chadwick Larraín y Caval-, el propio Chadwick, Patricio Cordero Barrera y Paulina Besserer Esquerre, representantes de la sociedad Inversiones Lo Beltrán Limitada

Mientras por cohecho están formalizados el ex director de Obras de la Municipalidad de Machalí, Jorge Silva, su cónyuge Marisol Navarrete, y la arquitecta y ex funcionaria del mismo departamento, Cynthia Ross Weismer, a quienes se les acusa de supuestamente haber realizado presiones para acelerar el proceso de cambio de uso de suelo del plan regulador de Machalí.

El fiscal imputó como autores de soborno a Compagnon y Valero, en tanto su condición de representantes legales de Caval.

Tribunal acoge ampliación de querella por cohecho contra Compagnon

Precisamente por esta arista, ayer el Juzgado de Garantía de Rancagua acogió la ampliación de querella por soborno presentada por el abogado querellante Claudio Sepúlveda en contra de los socios de Caval, entre otros involucrados.

El escrito se fundamenta en que la empresa pagó $20 millones al gestor inmobiliario, Juan Díaz,  quien, a su vez, le transfirió recursos a los funcionarios de la municipalidad de Machalí, Cynthia Ross y Jorge Silva, “a fin de que los referidos, incumpliendo deberes propios de su cargo, y beneficiándose con su acción, influyeran en el cambio del plan regulador de la comuna de Machalí y favorecían así los intereses comerciales del querellado.

13 formalizados por Caval