La Mandataria prometió regular la contratación de parientes en el Gobierno, terminar con la "puerta giratoria" entre autoridades y empresas, prohibir la especulación con los cambios de usos de suelo y sancionar emisiones de boletas falsas.
Publicado el 30.04.2015
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La Presidenta Michelle Bachelet realizó este martes en la noche una cadena nacional para anunciar un paquete de reformas que buscan regular el financiamiento de la política, mejorar la transparencia pública y prevenir y castigar la corrupción y los conflictos de interés, entre otros objetivos contenidos en el informe del consejo asesor presidido por el economista Eduardo Engel.

Según anunció, en los próximos 15 días deberán estar operativas las medidas administrativas que involucren a los funcionarios del Gobierno, mientras que los proyectos de ley deberán ingresar al Congreso en un plazo de 45 días.

En su discurso, la Mandataria justificó los futuros cambios legales y administrativos haciendo alusión  indirectamente a los escándalos que han sacudido al país durante los últimos años, y que el “El Líbero” cotejó con dichos anuncios para ver quiénes serían afectados de aplicarse hoy.

Sanción por facturas y boletas ideológicamente falsas

MB: “Superaremos los vacíos de la ley actual para asegurar sanciones efectivas a la facilitación y aprovechamiento de facturas y boletas ideológicamente falsas”.

Bachelet  dijo esta frase al comienzo de su alocución, dando cuenta de los denominados casos Penta y SQM, que involucran, en la primera empresa, a líderes políticos de la oposición, como los senadores Iván Moreira y el ex alcalde Pablo Zalaquett, entre otros. Mientras que las boletas y facturas pagadas por SQM salpican directamente a Giorgio Martelli,  administrador electoral de la primera campaña presidencial de Bachelet en 2005 y financista en la pasada de 2013.

Martelli, a su vez, pagó millonarias asesorías en 2012 y 2013 a través de su sociedad AyN  a miembros del futuro comando de Bachelet y actuales autoridades del Gobierno, como el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, su actual jefe de asesores, Robinson Pérez,  el coordinador de actividades, Héctor Cucumides; Harold Correa, ex jefe de gabinete de la Mandataria y actualmente del ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, y Flavio Candia, encargado de Unidad de Análisis Estratégico del Ministerio del Interior, entre otros.

Reinscripción de militantes de partidos

MB: “Será el Estado el que financie el trabajo de los partidos. Para eso tendrán que cumplir con exigencias y controles claros. Tendrán que reinscribir a todos sus militantes para sincerar los registros”.

El último escándalo de firmas falsas fue en las campañas presidenciales de la elección pasada de los candidatos Tomás Jocelyn-Holt y Franco Parisi, que terminó con la expulsión de los notarios Gloria Acharán y Roberto Mosquera, tras un fallo de la Corte de Apelaciones de la semana pasada. En ambos casos se confirmó que los notarios no estuvieron presentes al momento de registrar a todos los adherentes de los candidatos, como establece la ley de manera explícita.

Además, el Ministerio Público realiza otra investigación que podría acreditar posibles delitos porque se detectaron que dos personas fallecidas adhirieron a la campaña de Jocelyn-Holt.

Cambios en la Alta Dirección Pública

MB: “Vamos a ampliar el rango de aplicación del sistema de Alta Dirección Pública (ADP) para trabajar en el Estado, para que los que lleguen ahí lo hagan por mérito y vocación. Y regularemos la capacidad del Gobierno de turno para designarlos y removerlos”.

Su declaración contrasta con que en apenas un año de Gobierno se hayan despedido al 63% de los cargos elegidos por ADP durante la pasada administración. De hecho, el fisco gasta $82,5 millones, en promedio, al mes por la búsqueda de los candidatos, proceso que demora casi tres meses, y que realizan empresas especializadas de selección de personas. Para este año, el presupuesto público contempla más de $17 mil millones a dicho item.

Se regulará la contratación de parientes de autoridades públicas

MB: “Vamos a ampliar y reforzar las inhabilidades e incompatibilidades para ingresar a la función pública. Ampliaremos el ámbito de la prohibición de contratación en el Estado a parientes de las autoridades”.

Un artículo publicado en este diario en octubre pasado daba cuenta de que, al menos, 43 funcionarios públicos contratados por el gobierno de Bachelet  son parientes de ocho ministros, dos subsecretarios, siete senadores y 16 diputados de la Nueva Mayoría.

El sueldo promedio es de $4,4 millones y la función principal que realizan es de jefaturas. Los que tienen mayores ingresos son las subsecretarias de Economía, Katia Trisich, cónyuge del senador del PPD, Felipe Harboe, y de Turismo, Javiera Montes, hija del senador socialista Carlos Montes.

En cambio, la autoridad de Gobierno que más parientes tiene en la Administración Pública es el ministro vocero Álvaro Elizalde Soto, quien tiene a sus  hermanas María Eugenia y María Soledad como directora del centro de salud Capredena, y jefa del departamento de recursos humanos del Instituto de Seguridad Social, respectivamente. Además, José Roa, director del programa Estadio Seguro, es su cuñado.

Promete terminar la “puerta giratoria” entre gobierno y empresa

MB: “Regularemos la “puerta giratoria” entre empresas y el servicio público, para impedir que autoridades y ejecutivos circulen sin límites entre ellas”.

Entre los diferentes políticos que han salido de cargos directivos del Gobierno directamente a empresas del mismo rubro está la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ximena Rincón, quien tras ejercer como superintendenta de Seguridad Social hasta enero de 2005 ingresó un año después –abril de 2006- como directora de la AFP Provida, la más grande del país en ese entonces. Ello, ad portas de que se tramitara la reforma previsional que ejecutó la Presidenta Bachelet durante su primer gobierno.

Su contratación, que se mantuvo hasta 2010 y por la que obtuvo $234 millones, llevó a la diputada y entonces DC, Alejandra Sepúlveda, a señalar que “no es adecuado ni bueno que gente que estuvo en cargos importantes en el Gobierno se pase a la vereda de enfrente, de defender los intereses de la gente, a los de los accionistas. Menos aún con el grado de información y vínculos que posee”.

Terminar con especulación con cambios de planes reguladores

MB: “Tenemos que evitar los negocios irregulares y especulativos. Nadie podrá sacar ventajas indebidas con los cambios de los planos reguladores”.

El escándalo reciente más conocido sobre especulación y enriquecimiento con un cambio de uso de suelo está relacionado con la empresa Caval, propiedad de la nuera de la Presidenta, Natalia Compagnon, quien obtuvo un crédito del Banco de Chile por $6.500 millones, que le permitió comprar 44 hectáreas en Machalí y revenderlas al empresario Hugo Silva en $9.500 millones. El crédito, además, se obtuvo pese a que la empresa tenía un capital de $6 millones y una deuda de $808 millones.

Toda la operación está siendo investigada por el fiscal Luis Toledo, dado que hay cuatro querellas por estafa, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito que involucran directamente a Sebastián Dávalos Bachelet, el hijo de la Mandataria, quien tuvo que renunciar a su cargo de director sociocultural de la Presidencia.

Extender las declaraciones de intereses y patrimonio

MB: “Como lo he impulsado en el Parlamento, ampliaremos significativamente la aplicación y el detalle de las declaraciones de bienes, intereses y patrimonio de los servidores del Estado”.

Una de las más duras críticas que debió enfrentar el gobierno en el caso Caval fue debido a la negativa de Dávalos Bachelet de no realizar las declaraciones de intereses y patrimonio,  pese a tener un importante cargo ad honoren en el Ejecutivo. Sólo hizo dichas declaraciones pocos días antes de renunciar, que fueron calificadas de insuficientes, incompletas y tardías.

Sueldos de familiares de autoridades del Gobierno y la  NM