Desde que el 20 de enero la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad el informe de la Comisión Caval que considera “inadecuada la permanencia del Sr. Cristián Riquelme como Director Administrativo de la Presidencia de la República”, tanto desde el oficialismo como desde la Nueva Mayoría distintos parlamentarios han iniciado una fuerte ofensiva para que La Moneda le pida la renuncia al cuestionado militante del PPD, quien aparte de ser mencionado en el caso que involucra a la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, también ha figurado en la arista SQM y en decenas de casos de millonarias licitaciones a dedo que ha asignado desde su actual cargo.
Dentro del gobierno también son varios los que, de forma discreta, quieren que Riquelme salga, pero la Mandataria –que se encuentra actualmente de vacaciones- en ningún momento ha dado señales al respecto. Y el ministro del Interior, Jorge Burgos, quien ha sido consultado por el tema durante los últimos días, se ha mantenido al margen. “La decisión de mantener al señor Riquelme no es una cuestión que me corresponda a mí, depende de otra orgánica y si se mantiene es porque se considera que hace bien su función», señaló el jueves.
Entonces ¿en quién recae la responsabilidad de, eventualmente, desvincular a Riquelme del gobierno? Un abogado entendido en estos temas señala a “El Líbero” que el administrador de La Moneda se encuentra en una suerte de “zona gris” que facilita que “todos los que no quieren cargar con la responsabilidad de echarlo se pasen la pelota de un lado a otro”.
Y es que Riquelme fue nombrado el 11 de marzo de 2014 vía decreto N° 738 del Ministerio del Interior, firmado por el entonces titular de la cartera, Rodrigo Peñailillo, y también por Bachelet. Es por eso que algunas fuentes consultadas señalan que sólo ese hecho faculta al actual ministro Burgos para pedirle la renuncia al militante del PPD.
Sin embargo, otras fuentes señalan lo contrario. Dicen que Riquelme ocupa el cargo de más alta jerarquía dentro de la Presidencia de la República –técnicamente Bachelet es funcionaria del Estado de Chile, y sólo recibe su sueldo del presupuesto de Presidencia-, que por un asunto “histórico” el decreto de nombramiento lo hace Interior y que, por esas razones, Burgos no puede interferir en sus funciones pues no es su jefe ni su superior jerárquico. En ese sentido, Riquelme ocuparía un cargo de exclusiva confianza de la Presidenta y es ella la que tendría que determinar su continuidad.
Pero también hay expertos en el tema, consultados por “El Líbero”, que sostienen que Bachelet, si bien puede dar las instrucción de remover a quién se le antoje entre los miles de funcionarios públicos, tampoco es la jefa directa de Riquelme, por lo que lo lógico es que debe haber alguien entre ella y el administrador de La Moneda que tendría que pedirle la renuncia, si así se determinara.
Las mismas fuentes señalan que esta confusión debe ser aclarada por algún organismo como la Contraloría pues la ley, por sí sola, no resolvería el tema.