Casi el 70% de las personas invitadas no han concurrido a la comisión, entre los que están Sebastián Dávalos, Natalia Compagnon, Mauricio Valero, los empresarios que compraron y vendieron los terrenos y los ejecutivos del Banco de Chile.
Publicado el 19.07.2015
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El 6 de mayo pasado, la Cámara de Diputados aprobó la constitución de una comisión investigadora  para indagar los “actos de gobierno que se vinculan directa e indirectamente con los negocios y actividades del ex director sociocultural de la Presidencia de la República, Sebastián Dávalos Bachelet –hijo de la Presidenta Michelle Bachelet-, con motivo de su participación en la obtención de un crédito bancario en favor de la empresa Caval, orientado al financiamiento de la adquisición de terrenos ubicados en Machalí para la realización de negocios inmobiliarios”.

Al siguiente día se suspendió la primera sesión, y dos semanas después, el 18 de mayo, se volvió a suspender porque los cuatro invitados no asistieron: la superintendente  de Insolvencia y Reemprendimiento, Josefina Montenegro, el seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de O’Higgins, Wilfredo Valdés, el síndico de quiebras, Herman Chadwick y el ex propietario de los predios que compró Caval, Patricio Weisner.

Este accidentado comienzo ha marcado los más de dos meses de la comisión, que ha suspendido tres de sus nueve sesiones -un tercio- y que de las 45 invitaciones y citaciones que ha cursado, 30 han sido rechazadas, lo que indica que da una alta tasa del 66%.

Ninguno de los involucrados en el negocio ha asistido a la comisión

Incluso, ocho personas que son claves en la investigación ni siquiera se pudieron invitar porque se desconocen datos elementales como dirección, correo electrónico o postal, como los casos de Patricio Cordero, Pedro Heimpell, de la sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Groppo Limitada, Carlos Jiménez, Hugo Silva, empresario de Rancagua que compró los predios a Caval, Javier Levine, ex abogado de Caval, y Victorino Arrepol, ex asesor de la empresa de la nuera de la Mandataria, entre otros.

Estas personas ausentes se suman al hijo de la Mandataria, por quien se creó la comisión, quien tampoco asistió, así como su cónyuge y socia de Caval, Natalia Compagnon, y su socio Mauricio Valero. Del Banco de Chile, que otorgó el préstamo de $6.500 millones a la empresa, con los que pudo comprar 44 hectáreas en Machalí y luego revenderlas en $9.500  millones, tampoco asistieron el presidente del directorio, Pablo Granifo, el vicepresidente, Andrónico Luksic, y el subgerente de grandes empresas, José Manuel Carvacho.

Esa sesión del 6 de julio también se suspendió porque no concurrieron la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Jaime Romero, y los arquitectos Álvaro Covacevich y Sergio Covacevich.

Entre los ausentes están los senadores Guido Girardi y Juan Pablo Letelier –parlamentario de la región de O’Higgins- quienes aparecen mencionados en un correo del arquitecto chileno radicado en México, Álvaro Covacevich, quien manifestó su intención de participar en el negocio a nombre de algunos inversionistas mexicanos.

Girardi mandó una excusa a la comisión aclarando que no tiene información sobre los negocios de Caval, porque desconoce los hechos y  no tiene ninguna vinculación, pero la diputada miembro de la comisión, Marcela Sabat, cuestiona dichas ausencias.

“Le pedimos al senador Girardi que dé de la cara, porque así como puede emitir opiniones sobre los empresarios tabacaleros y tratarlos de indecentes, le pido que tenga  opinión sobre participar en un negociado tan fuerte en términos de lo que ha significado para la ciudadanía el caso Caval, y que él, según estos correos, juega un rol  importante en ese negocio y sería bueno que él lo aclare. Es una obligación ética más que otra cosa, y que deje de excusarse en su fuero parlamentario o en excusas”, señaló Sabat.

La parlamentaria de RN también cuestionó a Dávalos por no asistir, dado que ha sido funcionario público por muchos años, es el hijo de la Presidenta y debe tener un comportamiento cívico ejemplar.

Diputado buscará hacer obligatoria asistencia a comisión

El presidente de la comisión investigadora, Gabriel Silber (DC), señaló a este medio que “siempre advirtió la inconveniencia de generar una investigación paralela a la que lleva la justicia. No obstante, considero pertinente revisar nuestras facultades de obligatoriedad en la concurrencia al término de esta comisión”.

Ello se refiere a la investigación que realiza el fiscal regional de Rancagua, Luis Toledo,  sobre eventuales delitos por tráfico de influencia, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociación incompatible y violación de secretos en el denominado.

Las masivas ausencias complican, además, los otros objetivos de la comisión y que dicen relación con investigar la eventual participación de funcionarios públicos en el negocio, en la obtención del crédito; los vínculos y operaciones desarrolladas o verificadas por las fundaciones que estaban a cargo de Sebastián Dávalos como director sociocultural de La Moneda.

También pretende evaluar la aprobación que hizo la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras del crédito a una empresa que tenía una millonaria deuda y muy pocas “espaldas” financieras; e indagar la veracidad de lo señalado por el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, respecto del desconocimiento  del Gobierno de los contratos complementarios entre Caval y Silca, y que generarían $1.300 millones adicionales de utilidad a la empresa de la nuera de la Mandataria.

FOTO: FRANCISCO LONGA/AGENCIA UNO