La educación gratuita que quiere implementar el gobierno costaría al año US$3.500 millones (dinero que no está en las arcas fiscales), recursos con los cuales se podrían construir más de 132 mil viviendas sociales, 16 hospitales de 400 camas o aumentar en 50% el presupuesto destinado a subvenciones educacionales.
Publicado el 12.07.2016
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¿Se puede pagar la gratuidad universal en la educación universitaria, tal como prometió la Presidenta Michelle Bachelet?

Es la pregunta que se ha tomado el debate sobre la reforma educacional que ingresó el Ministerio de Educación al Congreso la semana pasada, y que estima en US$3.500 millones el costo anual de darles gratuidad total a los 1,2 millones de alumnos de educación superior del país.

Pero el problema radica en que el gobierno no tiene esos recursos, que sólo podrían estar, hipotéticamente, en 2036 cuando se cumplan los supuestos contemplados en dicha reforma: que los ingresos fiscales lleguen al 29,7% del PIB.

Por ello, el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, ironizó en su columna de este domingo en El Mercurio con que  “ha surgido, pues, en esta época carente de utopías, un invento que las sustituye: las leyes contrafácticas. Las leyes contrafácticas son relativamente sencillas. Consisten en conceder algo sin reserva pero bajo la condición de una realidad actualmente inexistente. ¿Prometió usted gratuidad universal y acaba de descubrir que los recursos no alcanzan? Sencillo. Establezca en la ley el derecho universal a la educación gratuita y prevea que se ejercerá cuando el PIB sea equivalente al de Japón”.

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, es más optimista, y que cree que la gratuidad es viable, aunque deslindó dicha responsabilidad en el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien expone hoy ante el Congreso sobre la disponibilidad de recursos en educación.

Ministro Valdés: “¿Queremos usar toda la plata en educación superior o hay otras necesidades?”

Sin embargo, el propio Valdés se ha encargado de bajar las expectativas y se preguntó si -en el hipotético caso de que Chile tenga esos recursos- el país los quiere gastar íntegramente en educación superior gratuita para el 100% de los alumnos, cuando hay también otras necesidades.

“La pregunta que tiene que hacerse la sociedad, y que el proyecto de ley pone sobre la mesa, es ¿queremos usar toda la plata en educación superior o hay otras necesidades que compiten con ésta, como salud, educación no terciaria, pensiones?”, inquirió el ministro Valdés.

El economista Sebastián Edwards plantea que con dichos recursos se podrían haber duplicado las pensiones del 60% más pobre, por lo que considera que la reforma educacional “entra por el lado que no corresponde, de cómo se paga. Pasamos de tener universidades malitas y caras a tener universidades malitas y un poco menos caras. Esa plata se podría haber gastado de otra manera”.

Sin embargo, para la ex directora de Presupuesto del pasado gobierno, Rosanna Costa, el “tema de fondo es que no están los US$3.500 millones. Esa plata no está disponible y no se puede saber en 30 o 40 años, más cuando esté, cuáles serán las necesidades del país. Hoy hay otras urgencias y no hay recursos suficientes. Además, lo importante ahora es reducir el alto déficit público y no ver cómo lo seguimos aumentando”.

En la misma línea, el académico de la Universidad Mayor, Tomás Flores,  explica que la “esencia de la economía es priorizar las necesidades con recursos escasos. Y aún son muchas las necesidades que existen en Chile en materia de salud, vivienda y pensiones que deben ser consideradas en el momento en que se analiza si se deben destinar tantos ingresos a la gratuidad universal”.

Lo que se podría hacer con el costo de la gratuidad

Un análisis de Libertad y Desarrollo plantea que los US$3.500 millones de la gratuidad equivalen, por ejemplo, a construir 132 mil viviendas sociales para las familias más vulnerables, o pagar por un año 2,5 millones de subsidios de arriendo habitacional de 3 UF mensuales ($78 mil), o a aumentar el presupuesto anual de subvenciones en un 50%.

Adicionalmente, la gratuidad equivale a entregar una pensión básica solidaria de $93.399 mensuales (valor vigente a julio de 2016) durante un año a 2,1 millones de adultos mayores en condición de pobreza, a construir 16 hospitales de alta complejidad y 400 camas o casi 27 mil salas cunas.

Para la directora del programa social de LyD, Alejandra Candia, “si bien los recursos señalados no están disponibles, vale la pena tener a la vista cuál sería hoy su costo alternativo. Tal como señaló el ministro Valdés, lo relevante es preguntarnos como país qué necesidades queremos atender primero.”