Tomás Henríquez es abogado de la UC, master en derecho y director de una ONG. En la entrevista de selección para el cargo le preguntaron por su posición respecto del aborto y del libro “Nicolás tiene dos papás”. A otro abogado le preguntaron si simpatizaba con algún sector político.
Publicado el 01.04.2016
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Ad portas de que el servicio civil entregue la nómina final con los 216 elegidos para ser coordinadores del llamado “proceso constituyente”, el abogado Patricio Zapata, quien es presidente del consejo de observadores nombrado por la Presidenta Michelle Bachelet, destacó la alta convocatoria que tuvo el concurso y la rigurosidad con que se desarrolló el proceso, en el que participaron ocho consultoras externas para escoger entre más de ocho mil candidatos.

Pero lo cierto es que varios postulantes que fueron marginados en alguna de las fases de reclutamiento han acusado, en público y en privado, que las entrevistas a las que fueron sometidos contenían preguntas sesgadas que no correspondían a un proceso de selección de ese tipo.

Uno de ellos es Tomás Henríquez, abogado de la UC, master en derecho, académico y director de la ONG Comunidad y Justicia. El 25 de febrero fue contactado por la consultora Target DDI para que al día siguiente fuera a una entrevista en Santiago para desempeñarse por cinco meses en el cargo de “facilitador” de los cabildos ciudadanos por un sueldo total de $3.3 millones.

“Durante la conversación que tuve con la psicóloga laboral le empecé a explicar en qué había hecho mis estudios de postgrados. Le conté que habían sido en materia de derechos humanos y que había hecho una investigación sobre la relación que existía entre la convención de los derechos de las personas con discapacidad y los abortos selectivos en razón de la discapacidad. A partir de eso ella empezó con una línea de preguntas en esa dirección. Me preguntó qué pensaba respecto del aborto. Yo no quería responder porque sabía que era un tema complejo y me parecía raro que me lo estuviera preguntando ahí. Le dije mi posición clara, que yo pensaba que no existía tal cosa como un derecho al aborto y ella tomó nota respecto de eso”, relata Henríquez en diálogo con “El Líbero”.

El abogado señala que en otra parte de la entrevista tuvo que hablar sobre su rol de director de Comunidad y Justicia, momento en que recibió otra pregunta que a su juicio fue inadecuada. “Le conté que me tocaba asesorar a colegios en temas que tenían que ver con la defensa de los derechos de los padres a educar a sus hijos. Ahí ella me preguntó específicamente mi postura sobre la entrega del libro “Nicolás tiene dos papás”. Yo le expliqué que estaba en contra de la entrega indiscriminada del texto sin haberles preguntado a los padres qué opinaban al respecto. Ella nuevamente tomó nota de mi respuesta” dice.

“Lo que me preocupa, y es la razón por la que finalmente creo que me excluyeron del proceso, fue que se tomó nota de esto y que quedó en el acta de la entrevista. Según dice la misma página del proceso de selección, la entrevista se iba a transformar en un informe confidencial que se iba a mandar a los seleccionadores y, si efectivamente esta información estaba reflejada ahí, tengo al menos una presunción fundada de que se me terminó por excluir por las posiciones que fijé”, reclama.

Henríquez contó su experiencia a un miembro del grupo de observadores que preside Zapata y el reclamo incluso llegó a ser discutido dentro del consejo.

De hecho, sin decir su nombre, Zapata reconoció ayer, en entrevista con radio Infinita, que estaba al tanto del tema.

“Yo conozco una denuncia que me parece digna de atención, porque es una denuncia con nombre y apellido, muy responsable. Nosotros se la transmitimos inmediatamente al director del servicio civil para que se haga la revisión que corresponda y, si eso fue así, y no tengo por qué pensar que no fue así, es súper grave y va en contra de la instrucción que se dio (…). Esto se inscribe en el margen de descriterio que puede ocurrir en ocho mil entrevistas y, lo importante, es que lo corrijamos”, dijo.

El director de la ONG Comunidad y Justicia señala que el mismo día que fue notificado de que había quedado fuera del proceso, pidió vía ley de transparencia a la Segpres que le enviaran el acta manuscrita que entregó la psicóloga que lo entrevistó y el informe que se elaboró a partir de eso.

“Si me muestran que existió una decisión racional y fundada en que habían candidatos mejor calificados que yo, excelente. Pero hasta el momento lo único que tengo como antecedente es que se me hicieron preguntas que no tenían absolutamente nada que ver con mi aptitud profesional para el cargo”, sostiene.

Christian Alarcón: “Me preguntaron si simpatizaba con algún sector político”

Otro caso es el del abogado Christian Alarcón, quien postulaba al cargo de “experto legal” y que también fue sometido a preguntas inadecuadas. Fue citado a una entrevista en la ciudad de Talca los primeros días de marzo y luego fue notificado de que había quedado fuera del proceso.

“La entrevista fluía con normalidad hasta los últimos cinco minutos. Tras preguntarme por una eventual participación en alguna directiva de alguna agrupación, pasó, derechamente, a consultar si pertenecía a la directiva de algún partido político. Inmediatamente la pregunta me pareció sospechosa, pues había tenido conocimiento de que a amigos, vinculados a la oposición, les había pasado algo semejante. Insistió en el mismo tema, preguntando por simple militancia y posteriormente por simpatía a un sector político. Estas preguntas fueron incómodas y mis respuestas fueron más bien evasivas, pero se dejó entrever molestia o nerviosismo ante las mismas. En ningún caso es aceptable que en una entrevista de trabajo de este tipo se tome nota respecto de la militancia o afinidad política de un postulante, pues no depende de ello la capacidad para desarrollar adecuadamente el cargo de experto legal”, señala a “El Líbero”.

“Tras las preguntas anteriores, el remate a esta situación compleja se dio ante dos preguntas profundamente discriminatorias. La primera es si me considero perteneciente a alguna minoría. Cabe ser enfático, dado que esa pregunta se estila en referencia a aspectos de índole sexual, que la condición de homosexual o de heterosexual no es razón para ser beneficiado o perjudicado en un proceso como el actual. Tampoco lo es la pertenencia a cualquier otra minoría, en cualquier categoría a que pueda referirse el término. Por último, se me preguntó por pertenencia a etnia indígena. Se aplica a este caso lo mismo dicho en la pregunta anterior. La pregunta es absurdamente discriminatoria, sospechosa por sí misma, y carente de posibilidad alguna de que la información obtenida se aplique de modo lícito a fines que propendan al recto desarrollo de la función a la que se aspiraba (…). La existencia de dudas al respecto de un proceso del que saldrá una propuesta de Constitución para nuestro país resulta aberrante y le resta legitimidad al mismo”, finaliza.