Mientras los cinco colabores del senador que le facilitaron boletas para su campaña están con medidas cautelares, no ha ocurrido lo mismo con los hijos del ex timonel DC Jorge Pizarro y con los “boleteros” del PRSD, investigados por situaciones similares.
Publicado el 16.04.2016
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El martes el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella en contra de 30 personas que habrían entregado boletas ideológicamente falsas a SQM, denuncia que dejó fuera a varios políticos y familiares de éstos que están siendo investigados desde hace meses por el Ministerio Público.

De hecho, al día siguiente de que el SII presentara la querella, el fiscal encargado del caso SQM, Pablo Gómez (en la foto), señaló que en la lista “faltaban nombres importantes”. Y pocas horas después de sus declaraciones concretó lo que se venía esperando desde hace semanas: pidió una nueva ronda de formalizaciones. Sin embargo, esta apuntó al recaudador de la campaña de Michelle Bachelet, Giorgio Martelli, y al ex gerente de la minera no metálica, Patricio Contesse, ambos ya formalizados por otros delitos tributarios.

Pablo Gomez Fiscal de SQM llego al Congreso NacionalTambién pidió al Octavo Juzgado de Garantía que se formalizara a Patricio Purcell Avendaño (cercano al fallecido ex senador Adolfo Zaldívar, que entregó una boleta por $16 millones a SQM) y a Andrés Campos Rojas, quien habría emitido una boleta por trabajos no realizados que ascendería a $3 millones.

Pero tanto en la querella del SII como en la petición de formalización del Ministerio Público se dejó fuera a personas, principalmente ligadas a la Nueva Mayoría, que recibieron pagos que en su momento fueron rectificados por SQM.

La situación ha llevado a parlamentarios de Chile Vamos y a reputados abogados a reclamar a través de distintos medios que ha habido una suerte de sesgo político por parte del SII y la fiscalía a la hora de perseguir a eventuales culpables.

“Creo que la fiscalía ha tenido una mano derecha mucho más rigurosa, y eso se debe a la falta de equilibrios políticos en el Ministerio Público que siempre he denunciado” señaló hace un par de semanas a “El Líbero” el abogado querellante de los casos Penta, SQM y Corpesca Pedro Orthusteguy, cuando por esos días el fiscal nacional Jorge Abbott deslizaba que quería dar un “pronto término” a los casos.

Lo mismo hizo el abogado Fernando Barros, quien en carta al diario El Mercurio sostuvo que la formalización en contra de Pablo Longueira por el caso SQM era “injusta”: “Desde una perspectiva estrictamente jurídica, llaman la atención la premura del fiscal con el proceso que afecta al ex senador y ex ministro de Estado y la tardanza incomprensible en tramitar con igual celo y diligencia otros hechos que vienen siendo investigados desde mucho tiempo antes. Sería muy negativo que en una sociedad democrática los ciudadanos fueran juzgados con mayor o menor rigor dependiendo de sus ideas políticas o religiosas. Resulta incomprensible que una investigación que comenzó en febrero pasado, según lo ha informado el propio fiscal a cargo de la causa, tenga ya una solicitud de formalización, y otros casos que llevan más de un año se encuentren paralizados”.

Tomando como base estas declaraciones, “El Líbero” hizo el ejercicio de hacer un zoom en los casos de personas vinculadas a la Nueva Mayoría que aún no han sido formalizadas ni querelladas –a pesar de que sus causas son investigadas desde hace varios meses- y ver cómo ha actuado la fiscalía y el SII a la hora de perseguir delitos aparentemente similares en el caso Penta.

Los hijos de Jorge Pizarro

Los hermanos Sebastián, Jorge y Benjamín Pizarro Cristi, hijos del senador y ex timonel de la DC, Jorge Pizarro, crearon en 2010 la empresa Ventus Consulting. Entre 2011 y 2013 recibieron $45 millones de SQM por supuestas asesorías comunicacionales que, según declaró Sebastián Pizarro, fueron “verbales”. Sin embargo, en agosto de 2015 –cuatro meses después de que se diera a conocer el vínculo entre la minera no metálica y la empresa-, SQM desconoció ante la fiscalía el contrato con Ventus. La vicepresidenta de personal y comunicaciones, Pauline de Vidts, dijo que la relación no había sido visada por ella y que nunca supo de la existencia de esas asesorías.

Ha pasado más de un año desde que el caso salió a la luz pública y a principios de este mes el senador Jorge Pizarro renunció a la presidencia de su partido por la inminente formalización que vendría en contra de sus hijos. Pero hasta el momento no ha habido ninguna acción en ese sentido por parte del Ministerio Público. Tampoco ha habido una querella del SII.

Al analizar a los involucrados en el caso Penta y SQM, aparecen varias personas que han sido formalizadas por boletas “ideológicamente falsas”, mismo delito que se imputaría en el caso de los hermanos Pizarro Cristi.

Por ejemplo, en la arista del senador Iván Moreira, que recibió dineros irregulares para financiar su campaña, en octubre de 2015 se formalizó a su pareja y a cuatro asesores que habrían emitido boletas ideológicamente falsas a Penta por un monto cercano a los $39 millones en total. El tribunal los dejó con medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual y el Servicio de Impuestos Internos presentó ese mismo día querellas en contra de todos ellos.

Los radicales: ex subsecretario Baier y dos asesores

El ex subsecretario de la Segegob en el actual período de la Presidenta Michelle Bachelet, Rodolfo Baier (en la foto), renunció a su cargo en junio de 2015 luego que su nombre apareciera en el caso SQM. Y es que él y otros personeros del PRSD, como el periodista Ignacio Rojas y el abogado Carlos Descalzi, figuraron en las indagatorias de la fiscalía emitiendo boletas a la minera por trabajos no realizados.

24 de Marzo de 2015/SANTIAGO_. El subsecretario de la Secretaria General de Gobierno, Rodolfo Baier, baja de su despacho para emitir declaraciones y ratificar su cargo a raiz del cuestionamiento por emision de boletas a SQM_. FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIAUNO_.

A pesar de que en un principio la ex autoridad dijo que sí había hecho trabajos para la empresa, una vez fuera del cargo admitió que entregó una boleta por $6 millones a SQM, dineros que habrían ido a parar a la campaña a diputado de su correligionario Alejandro Sule, quien no logró llegar al Congreso. Lo mismo ocurrió con Rojas, que entregó una boleta por otros $6 millones, y Descalzi, que emitió una por $10 millones.

En este caso, la fiscalía decidió formalizar a Alejandro Sule en septiembre de 2015, dejándolo con arraigo nacional y firma mensual. Pero hasta el momento no ha anunciado formalizaciones en contra de los “boleteros” del PRSD. De hecho, en su última querella de esta semana, el SII decidió exculpar a los tres por “bajo número de documentos emitidos” y “exiguos montos” de sus boletas.

Según abogados consultados por “El Líbero”, el caso es casi idéntico al de Moreira y salta a la vista la diferencia de criterio que se ha aplicado. El senador fue formalizado en junio por delito tributario y recibió querella del SII, al igual que Sule. Sin embargo, a diferencia de los asesores de Moreira, los cercanos al dirigente radical no han sufrido ninguna acción de la fiscalía o del SII. Por ejemplo, el chofer del parlamentario de la UDI, Rodrigo Molina, emitió dos boletas a Penta por un total de $7 millones (un monto inferior al del radical Descalzi) y recibió querella del SII y fue formalizado, quedando con arraigo nacional y firma mensual.

 

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