El organismo tomó razón de la compra del Serviu de un terreno en Magallanes por $1.130 millones sin licitación pública, pero advirtió que las próximas compras deberán utilizar dicho mecanismo.
Publicado el 29.06.2016
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Tras dos intentos ante  la Contraloría Regional de Magallanes y siete meses de tramitación se concretó el millonario negocio inmobiliario entre los familiares de los diputados Gabriel Boric y Juan Morano, y el Serviu de Magallanes.

La Contraloría aprobó “con alcances” la toma de razón de la compraventa por $1.130 millones de un terreno en Punta Arenas propiedad de Luis Boric Scarpa –papá de Gabriel-, Patricia Büchner –cónyuge de Morano-, Julio López Rodrigo y Rolando Lizana Hartgen, quienes recibieron por partes iguales $376 millones cada uno. 

En el dictamen 0333 del 25 de enero pasado el organismo fiscalizador rechazó la compraventa porque se hizo por trato directo (sin licitación) y sin la debida justificación técnica, con sobreprecio y una tasación que no cumplió mínimas exigencias. Con ello dejaba sin efecto la escritura de compraventa firmada el 18 de noviembre de 2015.

Incluso, en marzo el Serviu  y los vendedores del terreno extendieron por 60 días el contrato de compraventa para lograr conseguir la aprobación del organismo fiscalizador, manteniendo el mismo precio y las mismas condiciones.

Los reparos de la Contraloría al negocio inmobiliario

Sin embargo, el 6 de junio de este mes la propia Contraloría regional emitió el  dictamen número 2326 que autorizó el “trato directo”, pero dejó establecido que “en lo sucesivo” el Serviu de Magallanes “deberá propender a la realización de procesos de adquisición a través de una licitación pública en que se efectúe un llamado a ofertar bienes inmuebles, especificándose detalladamente en las correspondientes bases administrativas y técnicas las características que estos deben cumplir”. (Dictamen de la Contraloría)

Ello, porque en la compraventa de los familiares de los diputados se “efectuó un llamado público sin que existiera una metodología de selección establecida en forma previa ni definición precisa de los requerimientos del bien raíz susceptible de adquirir, como es el caso de la superficie mínima y la necesidad de que el inmueble se encuentre dentro del área urbana, aspecto que será validado por esta Contraloría, en relación con futuras adquisiciones, mediante un procedimiento de auditoría a realizarse en 2016”.

La Contraloría también detectó que la tasación de Arquitectura Magallanes Limitada presentada por el Serviu “contiene datos erróneos” respecto de los valores referenciales de la parcela cinco, supuestamente inscritas en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas como compraventa cuando en realidad era una sucesión por causa de muerte.

Precio pagado por el Serviu es 241 veces superior al avalúo fiscal

El precio de venta de $1.130 millones del terreno superó en 241 veces el avalúo fiscal de $4.725.074 del Servicio de Impuestos Internos.

Sin embargo, pese a que en 2004 se le cambió el uso de suelo de rural a urbano al terreno ubicado en la prolongación de la calle José Martínez de Aldunate, Hijuela número 36, en el sector Sur Poniente, en Punta Arenas,  el SII lo mantiene como “agrícola”, lo que les ha permitido a los dueños no pagar contribuciones al fisco durante 11 años. Ese año el alcalde de Punta Arenas que impulsó el cambio de suelo era Juan Morano, actual diputado.

Adicionalmente, el fisco ha hecho millonarias inversiones en vialidad, iluminación, electricidad y alcantarillado en las zonas aledañas al predio del barrio conocido como Chilote, lo que aumentó considerablemente la plusvalía comercial.

Abogado querellante: “Dictamen de la Contraloría es una vergüenza”

Mario ZumelzuMario Zumelzu, abogado querellante en el caso, calificó el dictamen como “una vergüenza, tremendamente discriminatorio y que transgrede las más elementales normas de probidad”.

Ello, porque pese a que el dictamen reconoce que no hubo llamado público  previo a la operación de compraventa, no hubo varias ofertas entre las cuales elegir, no se señaló cuáles eran las características del inmueble y la superficie que se pretendía adquirir, “igualmente se valida la compra sin dar razón alguna”.

Zumelzu aseguró que la resolución es discriminatoria pues en el mismo caso si se tratare de un alcalde “seguramente estaría destituido e incluso preso. Atenta contra la probidad administrativa porque se eligió a dedo un determinado terreno, sin ver las reales necesidades de Magallanes y su gente”.

El abogado pidió una audiencia para el 5 de julio, en que solicitará una nueva tasación.

Concejal de Magallanes: “Nuevamente las cosas se hacen a la pinta de los poderosos”

juan jose arcosEl concejal de la municipalidad de Punta Arenas, Juan José Arcos (PRI), cuestionó el fallo porque “nuevamente las cosas se hacen a la pinta de los poderosos. No puede ser que los órganos del estado estén comprando terrenos a familiares de parlamentarios. Es un contrasentido, ya que varios parlamentarios hicieron actividades y fomentaron la compra de terrenos fiscales para construir viviendas sociales. Es insólito que los parlamentarios hagan presión mediática para que se compren terrenos y sus familiares le vendan al Serviu. Hay una situación de presión que se ejerce en lo inmoral en el ejercicio de la profesión. Tiene que legislarse para que los parlamentarios y sus familiares no hagan negocio con el Estado”.

Arcos se pregunta por qué el Serviu no optó por otros terrenos mejor ubicados en la zona norte de la ciudad, que tienen mejores equipamientos urbanos como servicios de agua, electricidad y alcantarillado.

Diputado Boric: “Jamás he realizado actuación alguna que tenga que ver con el caso en cuestión”

Cuando estalló el caso, el diputado Gabriel Boric emitió un comunicado público, en que se desligó del negocio de su padre porque había nacido un año antes de la compraventa.

“Entiendo que en tanto funcionario público estoy expuesto a la más acuciosa revisión de mis actuaciones, lo que me parece sumamente deseable para asegurar una total transparencia en el desempeño de mi función. Este examen no debe limitarse solo a la no transgresión de las normas legales, sino que además exige un comportamiento ético que va más allá de ley, cuyo estándar exigible es mayor que el de cualquier ciudadano que no desempeña un cargo público”, dijo el parlamentario en febrero pasado.

El parlamentario aseguró que “jamás he realizado actuación alguna que tenga que ver con el caso en cuestión, ya que estoy plenamente consciente que de hacerlo estaría incurriendo en un flagrante conflicto de interés, pero por sobre todo porque tengo la más profunda convicción que los asuntos privados, propios o de familiares, no pueden interferir ni menos sobreponerse al rol público que hoy desempeño”.