Arturo Alessandri explica las razones que tuvo el gremio para emitir un comunicado en que acusa al recién asumido titular de Justicia de conflicto de interés por haber sido socio de un bufete que asesoró a empresa del Registro Civil, cuestionada por el #PadrónGate.
Publicado el 31.10.2016
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El miércoles 19 de octubre Jaime Campos reemplazó a la cuestionada ministra Javiera Blanco como ministro de Justicia, pero menos de 24 horas después fue acusado de tener un  conflicto de interés en la crisis del padrón electoral, donde a casi medio millón de personas se les cambió el domicilio electoral.

El diputado Nicolás Monckeberg acusó al ex ministro de Agricultura de ser socio del  estudio “Zúñiga, Matus y Campos Abogados“, que asesoró a la compañía francesa de la empresa francesa Morpho, acusada por el Registro Civil de generar el problema informático.

Pero Campos se defendió diciendo que sólo tenía una “comunidad de techo”,  que tenían clientes diferentes y “no tengo mayor conocimiento de quiénes son las personas que él atiende (su socio Francisco Zúñiga), como él tampoco sabe quiénes son mis propios clientes”.

Los reproches del Colegio de Abogados

Sin embargo, el Colegio de Abogados entró al debate y en un comunicado público recordó que el artículo 71 del Código de Ética Profesional indica que el abogado que ingrese a un servicio público “no podrá intervenir en ningún asunto en el cual haya asesorado o representado intereses de clientes”. Lo que se complementa con el artículo 88, en relación a que cuando varios abogados “integran un mismo estudio profesional, cualquiera sea la forma asociativa, las reglas que inhabilitan a uno de ellos para actuar en un asunto por razones de conflicto de funciones o de intereses también inhabilitarán a los restantes”.

Por ende, para aplicar esta inhabilidad “no requiere la existencia de una sociedad profesional entre ellos”, y que la “comunidad de techo” es “indudablemente una forma asociativa suficiente para extender la inhabilidad de un abogado a los demás profesionales de un estudio, cuando esa vinculación profesional supone compartir gastos, utilizar un nombre común, publicitar al estudio profesional como una entidad a través de su página web y copatrocinar, aunque sea ocasionalmente, la defensa jurídica de ciertos clientes”.

La polémica continuó en la sección de Cartas a El Mercurio, en que tres abogados miembros del consejo del gremio, María de los Ángeles Coddou,  Jorge Correa S. y Luis Ortiz dejaron “constancia que no concurrimos al acuerdo relativo a eventuales inhabilidades del ministro de Justicia por considerar impropio que el organismo emitiera una opinión en un asunto de evidente connotación política”.

Otro abogado con 60 años de profesión, Alejandro Jara, cuestionó la decisión ya que supone que “todos los abogados que compartimos comunidad de techo con otros colegas debemos estar permanentemente informados de los clientes que atienden los demás colegas y sus respectivas causas, que están en constante evolución, lo cual es un absurdo desde todo punto de vista”.

En este contexto, el presidente del Colegio de Abogados, Arturo Alessandri, aborda la polémica con “El Líbero” y explica por qué decidieron emitir la declaración contra el ministro Campos.

-¿Por qué el Colegio de Abogados decidió emitir la declaración?

-Porque estimamos que podemos aportar al debate que se ha originado a raíz del caso del ministro de Justicia y su estudio profesional. Nos interesa aportar un punto de vista objetivo y, naturalmente, dar a conocer nuestras normas y disposiciones en el código de ética. Para nosotros es muy importante, porque refleja la confianza que debe existir entre los clientes y los abogados. Nuestra profesión está fundada sobre el pilar fundamental  de la confianza, porque los clientes depositan en los abogados información muy reservada acerca de sus relaciones familiares, vida privada, sus bienes y negocios. En consecuencia, existe el secreto profesional. Como contrapartida deben existir los resguardos para evitar los conflictos de interés. En este código de buenas prácticas existen varias normas relativas a los conflictos de interés y de funciones. Existe una tendencia mundial en que hay personas del sector privado que pasan al sector público y viceversa, y cuando se producen esos cambios de funciones y roles hay que tener muy presente la posibilidad de que puedan surgir conflictos de interés, como en este caso. Aquí nosotros vemos que existe el riesgo de que haya conflicto de interés porque hay ciertas inhabilidades que trae consigo desde su estudio el ministro de Justicia.

Pdte del Colegio de Abogados: “Aquí nosotros vemos que existe el riesgo de que haya conflicto de interés porque hay ciertas inhabilidades que trae consigo desde su estudio el ministro de Justicia”

-¿Por qué ve conflicto de interés en el ministro de Justicia?

-Porque el estudio del ministro de Justicia no solo se dice llamar estudio, no solo tiene una página web con tres socios, sino que además  hay antecedentes objetivos de que ellos han codemandado atendiendo a distintos clientes. No hay separación absoluta de clientes y probablemente se comparten gastos y cierta información. De allí la existencia del artículo 88 de nuestro código de ética que dice que da lo mismo cómo están organizados internamente, porque cuando llega un cliente a un estudio el cliente no le va a pedir que le muestre el pacto de accionistas o de la sociedad, sino que depositará su confianza en uno o más abogados de ese estudio. Entonces surge esta posibilidad de las inhabilidades. En el caso de esta empresa francesa Morpho, que es clienta del estudio, vemos allí que hay un riesgo y lo hicimos presente como colegio. Nos interesa que la ciudadanía y los abogados conozcan y revisen nuestras normas éticas. En aras de la transparencia y de tener buenas prácticas es importante tener presente las normas, y como colegio decidimos hacer la declaración.

-El ministro dice que él solo compartía techo con otros abogados.

-Esa es su visión. No quiero polemizar con él. Lo que nos interesa es que estas normas se tengan presentes y se cumplan. Si mañana hay una situación puntual no seremos nosotros los que andaremos preocupados de supervisar y controlar sus actos. Estas son normas que todos los abogados deben cumplir, formen o no parte del colegio. La Corte Suprema lo ha dicho reiteradamente. Si mañana alguien estima que esta inhabilidad o conflicto de interés ha sido infringido tendrá que recurrir al colegio correspondiente y presentar la denuncia. Pero nosotros para prevenir quisimos hacer presente estas normas.

Pdte del Colegio de Abogados: “El colegio solo quiso recordarle que él acarrea una inhabilidad desde su estudio. Ese es nuestro punto de vista. Ahora, como se aterriza eso en  lo particular y como se aplica a cada caso es un tema que tendrá que verlo él”

-¿El ministro debe inhabilitarse en los casos del Registro Civil?

-Manifesté que no había incompetencia de ser ministro, lo que sí en determinadas actuaciones en materias vinculadas a esa empresa nos parece que no podría participar. El Registro Civil hace muchas cosas, pero en este momento hay una preocupación central y un problema muy importante que ha surgido, y desconozco cuál es el rol que ha jugado la empresa francesa y qué contratos se han firmado. Hay una serie de pormenores que tendrá que ver el ministro, como aterriza las normas. El colegio solo quiso recordarle que él acarrea una inhabilidad desde su estudio. Ese es nuestro punto de vista. Ahora, cómo se aterriza eso en lo particular y cómo se aplica a cada caso es un tema que tendrá que verlo él, y si alguien estima que debe ser denunciado tendrá que verlo el colegio de abogados que corresponda.