Al 30 de junio, los 5.742 establecimientos deberán decidir si continuarán, cerrarán o se convertirán en particulares pagados. Cifras preliminares del Mineduc muestran que 113 ya decidieron cerrar sus puertas y otros 106 serán pagados, pero la enorme mayoría aún no toma la decisión.
Publicado el 28.04.2017
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La polémica ley de inclusión, que elimina el copago, el lucro y la selección en la educación particular subvencionada, está ad portas de entrar en una fase clave, que se cumple el 30 de junio.

Ese día es el plazo fatal que tienen los 5.742 establecimientos del país para informar al Ministerio de Educación si seguirán como particulares subvencionados, si cerrarán o si pasarán a particular privado. Los que opten por la primera opción estarán obligados a constituirse en corporaciones sin fines de lucro, para lo cual requerirán ser titulares de la propiedad, situación que no tienen todos, ya que al menos el 20% arrienda las sedes.

Esta semana, La Tercera informó que ya 113 colegios han decidido cerrar para este año escolar y otros 106 ya decidieron pasarse a particulares pagados, pero el Mineduc replica que es una cifra preliminar y que el número es similar al promedio de años anteriores.

Erika Muñoz, presidenta de la agrupación de apoderados de colegios subvencionados, Confepa, afirma a este medio que tienen una “decepción grande, porque el gobierno quiso hacernos creer que estábamos todos equivocados, que los colegios no iban a cerrar y que no se iban a traspasar a particulares. Pero tal como advertimos, los colegios sí se están cerrando y pasando a ser particulares pagados. Hay muchos reglamentos que no se pueden cumplir”.

Sobre este debate, “El Líbero” conversó con el presidente de la agrupación de colegios particulares subvencionados (Conacep)Hernán Herrera.

– ¿En qué fase de aplicación está la ley de inclusión?

– En que cada uno de los sostenedores están viendo qué decisión tomará respecto de una de las tres alternativas, si seguirán como subvencionados, si cerrarán o si pasarán a particular pagado. Pero los sostenedores todavía están en etapa de evaluación dentro de la incertidumbre que ha generado la ley.

– ¿Cómo hay que leer la cifra de cierres de colegios?

– El tema no está en los números, sino en que por primera vez los cierres de colegios están directamente relacionados con la ley de inclusión. Las veces anteriores fueron por otras razones, pero ahora es por la nueva ley. Podemos presumir que se debe a la incertidumbre que existe con la propiedad de los establecimientos. Hay que separar aguas entre quienes son dueños de la propiedad y quienes le arriendan a un tercero.

– ¿Cómo se vislumbra lo que pasará con los colegios en junio?

– Creo que vamos a tener distintas decisiones de los sostenedores, dependiendo de sus realidades particulares. Sin duda habrá algunos que se convertirán en entidades sin fines de lucro, y otros la van a extender hasta diciembre, pero no parece lógico que los sostenedores tengan que tomar esta decisión de convertirse en entidades sin fines de lucro, cuando todavía no está claro un sin número de cosas, como por ejemplo, si la banca otorgará los créditos necesarios para comprar, o si se podrá seguir pagando un crédito hipotecario o arrendando a una entidad no relacionada. Poner el foco en que algunos se convertirán y otros no es una irresponsabilidad del gobierno, porque la verdadera preocupación debe ser que todos los que quieran seguir puedan seguir.

– ¿Qué cambios se debieran hacer a la ley?

– Nadie puede decir que un arriendo regulado al 11% del avalúo fiscal efectivo sea lucro. Por lo tanto, los parlamentarios deberían legislar con suma urgencia que el arriendo por plazo sea indefinido. Que se cumpla con el compromiso del ministro de Hacienda de que las propiedades van a tener un avalúo fiscal con el 60% de su valor comercial. Eso es fundamental para que funcione el tema de los arriendos. Y mientras estemos en esta incertidumbre, debe estudiarse la posibilidad de que convertirse en entidad sin fines de lucro no tenga fecha de junio o diciembre, siempre que se cumpla lo mencionado del avalúo fiscal.

– La decisión de cierre se dará en medio de una campaña electoral. ¿Cómo podría afectarles?

– Lo que más me preocupa es que muchos proyectos educativos terminen por morir antes de las elecciones. No estamos pensando si habrá un efecto para el próximo gobierno, ya que la urgencia está instalada hoy. De qué nos sirve especular que un candidato u otro va a beneficiar al sector en los próximos cuatro años, cuando a lo mejor muchos sostenedores no podrán sobrevivir este año. La responsabilidad de los parlamentarios es legislar ahora.