El abogado constitucionalista DC, Patricio Zapata, en conversación con "El Líbero", aclara que hasta no conocer la totalidad de la glosa presupuestaria en educación no se puede afirmar si existe inconstitucionalidad, pero sí advierte problemas que podría generar esta fórmula.
Publicado el 02.10.2015
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“¿Es correcto tratar de manera distinta a dos estudiantes de la misma condición socio económica en razón de la elección de universidad que hicieron en el pasado cuando la regla era desconocida? La respuesta que cualquier abogado formulará es sólo una: no, no es correcto”, afirmó ayer  el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, en El Mercurio, sobre lo planteado por la Presidenta Michelle Bachelet en el anuncio del Presupuesto 2016, que incluyó la propuesta de gratuidad en la educación superior.

Y es que la propuesta del Ejecutivo -que contempla que la educación será sin costo directo para 200 mil estudiantes de educación superior pero siempre y cuando estudien en instituciones “que no tengan lucro y que cumplan criterios de acreditación y participación”- ha generado debate a nivel político y entre los expertos en la materia sobre todo, por incluir gratuidad vía ley de presupuesto.

El abogado constitucionalista DC, Patricio Zapata, en conversación con “El Líbero”, analiza los principales efectos de la propuesta. Si bien aclara que hasta no conocer la totalidad de la glosa presupuestaria en educación no se puede afirmar si existe inconstitucionalidad, sí advierte ciertos problemas que podría generar esta fórmula. Afirma que sí se puede llevar a cabo, pero que será difícil.

“Uno de los problemas de usar este puente transitorio para iniciar la gratuidad, es que tú no debieras alterar o afectar definiciones que están en leyes permanentes, por ejemplo, los aportes fiscales directos a las universidades”, afirma Zapata y agrega que “el gobierno ha puesto mucho énfasis en que aquí estamos frente a un derecho universal, el derecho a la educación gratuita de calidad.  Si es un derecho universal, tiene que estar preparado el legislador a que se hagan las preguntas que hace Carlos Peña”.

En su partido han deslizado críticas con respecto a que se modifique el sistema de financiamiento de la educación superior en la ley de presupuestos. ¿Cuál es su impresión sobre la propuesta del gobierno?

– Hay varias diferencias entre la ley de presupuesto y las demás leyes. Y muchas veces uno pierde de vista esas diferencias. La diferencia básica es que la ley de presupuesto es una ley periódica, dura un año. La segunda diferencia es que su tramitación está regulada como una chaqueta de fuerza, cuando se presenta y hasta cuándo se discute. Las demás leyes no están sujetas a este tipo de restricciones. Entonces, la idea de la Constitución es que uno no use la ley de presupuestos para fijar políticas públicas permanentes. La Presidenta ha dicho que esto es un anticipo porque va a venir la ley que va a fijar la política permanente. Pero ya hay un problema importante, porque tú vas a tener que buscar una especie de puente transitorio hasta que llegue esa ley. Ese puente transitorio no puede aceptar leyes permanentes.

– En ese sentido, ¿cuáles serían los principales efectos que podrían generarse?

– Uno de los problemas de usar este puente transitorio para iniciar la gratuidad es que tú no debieras alterar o afectar definiciones que están en leyes permanentes. Por ejemplo, los aportes fiscales directos a las universidades. Ahí se define qué universidades reciben dineros. Entonces, una pregunta es ¿no se debieran usar los dineros llamados basales o no se debieran fijar porque están fijados en una ley permanente?

– ¿Podría haber inconstitucionalidad?

– No me atrevería a decir que hay una inconstitucionalidad sin ver la glosa.

– ¿Entonces cuáles es el problema en concreto?

– El problema es que aquí estamos hablando de un derecho. El gobierno ha puesto mucho énfasis que aquí estamos frente a un derecho universal, el derecho a la educación gratuita de calidad. Si es un derecho universal, tiene que estar preparado el legislador a que se hagan las preguntas que hace Carlos Peña. ¿Por qué dos estudiantes que son ambos del primer decil van a recibir montos distintos por el sólo hecho de que hace dos años decidieron entrar a una universidad con o sin participación? En ese sentido, el gobierno, al decir que estamos hablando de un derecho universal se autoimpone un nivel de exigencia de igualdad mayor.

– Entonces, ¿es viable la propuesta del gobierno?

– Una ley de presupuesto tienen particularidades propias y hay muchos problemas. Se puede, pero no vas a poder tocar leyes permanentes. Entonces, esto requiere la habilidad de un cirujano, ¿cómo hacer un sistema de apoyo económico, aunque sea sólo por un año, sin tocar leyes vigentes que establecen eventualmente apoyos a las universidades, sistemas de crédito, de becas?  La Presidenta está comprometida a empezar a cumplir, es muy legítimo, la ley de presupuesto se puede usar, pero hay que esperar a ver si se logró ese trabajo quirúrgico.

– ¿Qué debe hacer el gobierno entonces?

– Sí se puede hacer, pero es difícil, exige un enorme nivel de precisión y rigor el hacerlo a través de esta ley periódica y tan peculiar. Hasta que no estudie en detalle la fórmula no puedo responder a la pregunta si se ha logrado ese nivel de precisión.

FOTO: AGENCIA UNO