Poco le duró la alegría del triunfo electoral a los alcaldes de Chile Vamos que ganaron las emblemáticas comunas de Santiago, Felipe Alessandri; Providencia, Evelyn Matthei; y Maipú, Kathy Barriga, tras derrotar a los ediles Carolina Tohá, Josefa Errázuriz y Christián Vittori, respectivamente.
Y es que tan pronto pusieron un pie en el municipio y comenzaron a revisar la situación financiera de dichas alcaldías, aparecieron desagradables sorpresas, ya que en algunos casos no había recursos ni para pagar los sueldos.
Entre los tres municipios, la deuda heredada de las anteriores administraciones suma $53 mil 429 millones, equivalente a US$81 millones. De los tres, Maipú lidera ampliamente la lista con una deuda por el servicio de agua de $34 mil 729 millones (US$53 millones); seguida de Santiago con $13.400 millones y Providencia con $5.300 millones, ambos por no pagos en educación y salud, principalmente. Algunas alcaldías están en Dicom por el no pago a proveedores.
Los alcaldes han estado haciendo “malabares” y reasignaciones de recursos e, incluso, presentaron recursos judiciales y administrativos en los tribunales, la Contraloría y el Tribunal Constitucional en busca de los responsables.
La deuda de US$53 millones de Maipú
Barriga heredó tres juicios, dos en los tribunales tributarios y aduaneros y uno en la Corte de Apelaciones de Santiago, en que la Tesorería General de la República le cobra a Maipú 12 liquidaciones en contra de SMAPA, la empresa sanitaria propiedad del municipio.
SMAPA es un servicio para los vecinos de Maipú con fuentes propias de agua potable, no tiene patrimonio ni personalidad jurídica propia y los dineros percibidos ingresan directamente a las arcas municipales.
La deuda se produjo porque el Servicio de Impuestos Internos (SII) empezó a cobrar un impuesto a la renta sobre las utilidades, que no se ha pagado desde 2005, y las administraciones anteriores no alegaron ante los tribunales.
Por ello, la alcaldesa presentó un recurso de inaplicabilidad ante el TC para cautelar los recursos y el agua de los vecinos. “Llegaremos hasta las máximas instancias en los tribunales de justicia para evitar que estos dineros que nos cobran pierdan su objetivo, el bienestar de los vecinos”, dijo la edil al realizar la diligencia.
El error que se denuncia es que las autoridades anteriores del municipio nunca presentaron las pruebas para mostrar que la base imponible que estaba usando el SII era “totalmente errónea”, según denunció Gonzalo Torres, ex subdirector jurídico del SII.
Alcalde Alessandri le pide a Bachelet pagar deudas de Tohá
En Santiago, la deuda heredada por Carolina Tohá a Alessandri en la Dirección de Educación Municipal (DEM) fue de $13.400 millones, por el no pago de cotizaciones previsionales a los funcionarios públicos y a proveedores. De ese total, se deben $4.300 millones en fondos de la subvención preferencial (SEP), y $3.850 millones en fondos de apoyo a la educación pública, ya que se entregaron para ese objetivo pero se usaron en otros fines.
La compleja situación llevó al alcalde Alessandri a reunirse el pasado martes con la Presidenta Michelle Bachelet, para pedirle que el Ministerio de Educación les traspase $5.600 millones para pagar las deudas previsionales de septiembre, octubre y noviembre de 2016, dejadas por Carolina Tohá.
“Desde que asumí el seis de diciembre, me he preocupado de recuperar la educación en Santiago, para que la comuna vuelva a ser la capital de la educación pública, pero ciertamente que es una tarea muy difícil considerando la deuda de $13.400 millones que arrastra la Dirección de Educación desde la administración anterior”, dijo a este diario ayer el alcalde Alessandri.
La autoridad comunal aseguró que su objetivo es “recuperar la excelencia en los establecimientos que la perdieron, y que todas las escuelas y liceos de la comuna la obtengan en los próximos cuatro años, pero es una tarea difícil si no lo hacemos en conjunto con las comunidades educativas, especialmente con los profesores. Queremos que ellos estén contentos y tranquilos y, para eso, deben tener sus cotizaciones al día y los proveedores tienen que tener sus pagos regularizados, en eso estamos trabajando”.
Josefa Errázuriz recibió la corporación social con superávit de $1.600 millones y la dejó con un déficit de $5.300 millones
Cuando Josefa Errázuriz entregó la alcaldía reconoció que la deuda en la Corporación de Desarrollo Social, al que pertenecen los departamentos de Educación y Salud, era de $800 millones, información que transmitió también al Consejo Comunal.
Sin embargo, la realidad era que ese monto había que multiplicarlo por seis veces, ya que la deuda superaba los $5.300 millones. El municipio, incluso, dejó de pagar a proveedores de la salud, como fármacos y exámenes, y cayó en Dicom. El saldo en la cuenta bancaria era de apenas $11 millones.
El millonario déficit contrasta con el superávit de $1.600 millones que tenía la corporación cuando Errázuriz asumió en octubre de 2012.
Ayer, la edil complementó información ante la PDI de una denuncia por malversación de fondos que había presentado ante la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.
Los antecedentes entregados buscan esclarecer el paradero de más de $2 mil 880 millones de la Corporación de Desarrollo Social destinados a educacional, y cuyo destino se desconoce. Además, tampoco se sabe el destino de $100 millones que aportaron apoderados de dos liceos de la comuna.
“Esto n
os ha afectado enormemente. En este momento tenemos falta de remedios, incluso, porque no nos entregan porque no se ha pagado. Tenemos pymes que están quebrado porque no se les ha pagado desde 2015″, denunció la autoridad.
“Estamos con una situación financiera grave y por eso es importante que se investigue absolutamente a fondo qué sucedió con todos estos dineros, porque son dineros públicos. La ley señala muy claramente en qué se deben usar y en qué no”, agregó Matthei.
Instalar la farmacia popular costó casi $600 millones
Otra de las sorpresas con que se encontró la nueva administración fue que la instalación de la farmacia comunal le costó al municipio $594 millones. Ese monto incluye la instalación, fármacos, insumos, dotación de personal y gastos operacionales.
La farmacia, además, no fue votada en el consejo comunal y no existen antecedentes del modelo de gestión, el presupuesto asignado y los costos de operación.
También se detectó que no existía un orden de los medicamentos solicitados y las subvenciones asignadas, lo que ocasionó despachos por montos superiores al aporte de la subvención, sin que se recuperaran dichos recursos.
Providencia dejó de pagar a proveedores de insumos clínicos y odontológicos en mayo de 2016, lo que significó que muchos laboratorios bloquearon los despachos.
Matthei descartó que se vaya a cerrar la farmacia comunal sino que buscan aplicar un modelo de gestión que sea sustentable, y en que haya una canasta básica de medicamentos de mayor demanda por los vecinos, como los de salud mental, diabetes, hipertensión y patologías cardíacas.