En julio de 2015 se iniciaron dos sumarios cruzados entre el doctor Rafael Blanco y su ex secretaria, Marcela Soto. Él la acusa de irregularidades financieras, y ella de acoso laboral y hostigamiento. En nueve meses no ha habido ninguna resolución y el académico pasó a retiro hace pocos días.
Publicado el 11.04.2016
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Un nuevo caso de acoso es el que atormenta por estos días a las autoridades de la Universidad de Chile. Si ya hace algunas semanas el diario The Clinic informó que en la Facultad de Humanidades y Filosofía de la casa de estudios una alumna de Historia había denunciado a un profesor por abuso de poder y hostigamiento, la nueva situación ocurre en la Facultad de Medicina. Pero, a diferencia de la otra denuncia, en este caso la afectada es una secretaria del reconocido odontólogo y ex director del Programa de Genética Humana del Instituto de Ciencias Biomédicas, Rafael Blanco Castillo (75).

La acusación se formalizó el 8 de julio de 2015, día en que la secretaria Marcela Soto (28) envió al decano de la Facultad de Medicina, Manuel Kukuljan, una carta solicitando que se iniciara un sumario en contra de Blanco por acoso laboral, hostigamiento y desvinculación injustificada del Programa de Genética Humana.

En el documento, al que tuvo acceso “El Líbero”, Soto relata todos los hechos. Dice que entró a trabajar a la facultad en diciembre de 2013 como secretaria del coordinador académico de Incancer y que en julio de 2014 fue trasladada al Programa de Genética Humana como secretaria de Blanco.

“Cuando entré al programa, el Dr. Rafael Blanco fue muy amable conmigo, siempre considerado en todo ámbito, lo cual me dio confianza. Al par de meses de estar en el programa, me solicitó mi número de teléfono celular, según él para las emergencias. Como primera instancia me comentaba y llamaba a los números de oficina que existían, pero a mediados del mes de noviembre comenzó a llamarme a mi celular, por razones puntuales, solo de trabajo. Jamás vi malas intenciones de su parte, porque no podría imaginarme que un señor de 75 años podía llegar a tener una doble personalidad y malas intenciones”, sostiene en el texto.

Pero luego, según el relato, la relación cambió: “Los problemas suscitados con el doctor Blanco fueron en escalada cuando en el mes de diciembre me solicitó que realizara la memoria anual que los directores debían hacer y presentar”.

En la misiva, Marcela Soto dice que en ese momento comenzó a ser hostigada sistemáticamente por el doctor. Por ejemplo, señala que la obligaba a ir a su oficina a redactarle correos y que él se ponía a fumar delante de ella. “Cuando una vez le solicité que dejara de fumar por las jaquecas intensas (que me provocaba), él con una actitud de castigo no encontró mejor idea que ir a sentarse a mi puesto de trabajo, junto a mí, todos los días, con la excusa de querer ayudarme en la construcción de la memoria. Para decir verdad, era solo una excusa, pues él no manejaba bien el tema y no me ayudaba absolutamente en nada con relación a la construcción de la memoria. Por el contrario, yo me ponía muy nerviosa con su presencia, invadida, pues no podía ni siquiera contestar el teléfono, ya que él en varias oportunidades se negó a que yo contestara (…). Debía soportar que me hablara prácticamente en el oído”, sostiene.

Algunos párrafos más adelante Soto agrega que “en mis días libres, fines de semana, después de la hora de trabajo, me llamaba insistentemente a mi celular, logrando tener en un fin de semana más de 20 llamados. Me mandaba mensajes a mi celular, pidiéndome por favor que lo llamara. Cuando finalmente pensaba que era por algo urgente, lo llamaba y me daba cuenta que solo era por ‘necesidad’ de querer hablar conmigo. Tengo sus mensajes y el detalle de llamados que avalan lo que estoy hablando”.

La cita por $100 mil pesos

Sin hacer ninguna denuncia sobre la situación que estaba viviendo, la secretaria siguió trabajando en la memoria que el doctor Blanco debía exponer en el mes de junio ante todo el Instituto de Ciencias Biomédicas. El jueves 28 de mayo se realizó un ensayo de la presentación final ante académicos del Programa de Genética Humana de la facultad y, según sostiene Marcela Soto en su carta, fue todo un éxito. Sólo recibió observaciones menores respecto del trabajo, como cambiar el color de la presentación, algunos títulos y otros detalles de la misma naturaleza.

Pero al día siguiente todo cambió. Según la declaración que la secretaria prestó el 28 de octubre de 2015 ante el fiscal interno que está llevando el caso –a la que tuvo acceso “El Líbero”-, Blanco le habría ofrecido dinero a cambio de una cita. “Ese viernes (29 de mayo) me dijo: ‘Te pago $100 mil para que salgas conmigo’… quedé impactada, saqué mis cosas y le dije que esto no se iba a quedar así”.

Blanco, quien habría dejado la dirección del programa de Genética Humana del Instituto de Ciencias Biomédicas algunos meses después de que se iniciara el sumario en su contra, al momento de la denuncia llevaba más de 50 años trabajando en la Universidad de Chile. En la actualidad bordea los 75 años, es militante de la DC y es padre de la ministra de Justicia Javiera Blanco. Según la página de transparencia de la casa de estudios, su contrato terminó el 31 de marzo recién pasado.

El día lunes 1 de junio, Marcela Soto llegó a su lugar de trabajo y tuvo escaso contacto con su jefe. A las 13 horas pidió permiso administrativo para ausentarse durante la tarde porque tenía hora al neurólogo, quien la dejó con licencia hasta ese jueves y la derivó a un psiquiatra.

“El día en que tuve que acudir al especialista fue porque no aguantaba más. Esas últimas semanas estaba con crisis de pánico y de angustia. Me angustiaba el solo hecho de pensar que debía ir a trabajar y verle la cara”, relata en el texto.

Al psiquiatra acudió el viernes 5 de junio.  ¿El diagnóstico? “Síntomas ansiosos y depresivos en relación a diferencias laborales que le impiden un buen desempeño (…). Hostigamiento por probable patología de origen laboral”. Le dieron otros 15 días de licencia.

La memoria “inconclusa” y el sumario por “irregularidades financieras”

A fines de junio, cuando regresó a la facultad, se encontró con la sorpresa de que su llave no servía para abrir la puerta de su oficina. Un compañero de trabajo la ayudó a entrar y se dio cuenta que ninguna de sus pertenencias estaba. “Ahí recibí el llamado (del doctor) a mi teléfono celular, indicándome que debía dirigirme a Relaciones Humanas porque debían conversar conmigo. En ese momento me entero que él y la doctora Carmen Larrañaga me habían prohibido el ingreso al Programa. Su justificación fue que no había terminado la memoria anual, culpándome de ser la responsable de que el doctor no la haya presentado ante el Instituto de Ciencias Biomédicas. También me informan que me dejarán por dos meses a prueba en otro departamento de la universidad”, señala Soto en su carta dirigida al decano de Medicina.

En la misiva, la ex secretaria de Blanco se defiende de la acusación: “Tengo pruebas de que la memoria se terminó en el tiempo estipulado, y que quizás los cambios que debían hacerse no los realicé personalmente por la licencia médica, pero debo recordar que además de mi persona, existen dos secretarias que están capacitadas para realizar cambios en Word y Power Point, pues los cambios eran superficiales y no de carácter de contenido”.

El día 3 de julio, el doctor Blanco pidió que la facultad realizara un sumario en contra de Soto por irregularidades financieras y por no haber terminado la memoria.

Según consta en el acta de la declaración que prestó el 28 de octubre de 2015 la secretaria ante el fiscal que lleva la causa, el académico la acusaba por autoasignarse irregularmente productividades (bonos) utilizando su clave personal, lo que fue negado por Soto en el interrogatorio.

En su respuesta señala que el doctor, de forma unilateral, decidió asignarle a ella y a dos personas más del Programa de Genética unos bonos por buen desempeño. En el caso de ella, por el trabajo extra que significaba la confección de la memoria, labor que le correspondía originalmente a Blanco. “Se me ha acusado de robo tanto de claves como de dinero (por las productividades), pero debo aclarar que lo que ocurrió fue un error del mismo señor Blanco al efectuar las productividades”, aclara.

Al ser consultada en ese mismo interrogatorio sobre las razones por las cuales no había dado a conocer los acosos y hostigamientos del doctor Blanco apenas ocurrieron, Soto respondió: “No lo hice por temor. El doctor Blanco con una sonrisa me decía que era un académico, que tenía una vasta trayectoria y que era el papá de la ministra Javiera Blanco”.

En una segunda declaración ante el fiscal del caso, la secretaria dijo que no está dispuesta a someterse a un careo con Blanco porque “el solo hecho de que me lo pueda topar en los pasillos me da miedo”.

Desde la facultad de Medicina confirman a “El Líbero” la existencia de ambos sumarios, pero señalan que los dos casos se encuentran en proceso y, de acuerdo a ley, no es posible entregar información a terceros hasta la resolución.

Rafael Blanco: “No me puedo referir a algo que no está terminado”

Asimismo, este diario se comunicó con el doctor Rafael Blanco para obtener su versión sobre el sumario que él inició contra su secretaria y el que Soto inició en contra de él por acoso. “La verdad es que yo no tengo idea en qué están esas dos cosas, porque eso lo maneja el abogado de la facultad, y los sumarios están a cargo de fiscales. Los fiscales se lo entregan al abogado, y ese abogado se lo entrega al decano. Yo me imagino que después de que esto termine, se hará público o se comunicará algo. A la fecha no hay nada”, dice. Al ser consultado directamente por las acusaciones de acoso y hostigamiento, señala que “no me puedo referir a algo que no está terminado. Una vez que haya un dictamen, yo puedo dar mi opinión, antes no”.

El Líbero” también se comunicó con Soto, quien confirmó la existencia de los sumarios pero no quiso profundizar respecto de ellos.

Fech: “Nuestra idea es que se pueda expulsar a los responsables”

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) no se ha quedado al margen de estos casos. Desde que se supo de la existencia del sumario iniciado en octubre de 2015 por acoso y hostigamiento en contra del profesor Fernando Ramírez en la Facultad de Humanidades y Filosofía –quien despidió a la alumna María Ignacia León de la ayudantía de su ramo cuando se enteró que estaba pololeando-, la Fech ha jugado un activo rol para exigir que las autoridades apuren los sumarios y sancione a los responsables. Incluso la “funa” de los estudiantes de esa facultad generó la renuncia del director del departamento de Ciencias Históricas de la universidad, Leonardo León, y del miembro del Consejo del Departamento, Sergio Grez. Finalmente, la semana pasada se resolvió destituir al profesor Ramírez.

En el caso del sumario en contra del doctor Rafael Blanco, quienes están al tanto del tema señalan que el proceso se ha dilatado en demasía –en nueve meses recién estaría en la fase de citación para declaración- y deslizan que ha habido una suerte de “blindaje” hacia el académico, quien pasó a retiro el pasado 31 de marzo sin que se hubiera finalizado la investigación interna.

En tanto, en el sumario que Blanco inició contra su secretaria, fuentes que conocen la investigación sostienen que ha habido cambio de fiscales sin notificación a las partes y citaciones a declarar irregulares, entre otras posibles irregularidades.

El Líbero” consultó sobre el caso registrado en la Facultad de Medicina a la presidenta de la Fech, Camila Rojas, quien en general cuestionó la lentitud con que la casa de estudios ha actuado en esta y en otras denuncias.

“Lo que hemos hecho es trabajar desde la federación medidas de corto plazo para este tipo de casos, porque durante el año 2015 supimos de varios y, claramente, la universidad, por una serie de burocracias internas, da muy lenta resolución o, simplemente, no da resolución a estos casos. Por lo tanto, nuestra mirada es crítica frente a este tema. Para el largo plazo la idea es tener una política institucional para los casos de acoso en la universidad”, señala.

La líder de la Fech dice que han recibido antecedentes de varias situaciones similares que no han salido a la luz pública, que dan cuenta de que esta es una realidad dentro de la universidad de la que hay que hacerse cargo. “Pero estas situaciones no sólo pasan al interior de nuestra universidad. Entonces, la idea de generar una política es porque sabemos que podemos marcar un precedente y que eso se pueda extender a otras universidades”, sostiene.

Respecto de las sanciones, agrega que si después de los sumarios se estima la culpabilidad de las personas acusadas, “nuestra idea es que se pueda expulsar a los responsables, como ocurrió con el profesor de la Facultad de Humanidades y Filosofía”.