A diferencia de la actual legislación, hace cinco años se estableció 30 minutos gratis, acceso liberado a los baños y que las empresas se hicieran responsables por los daños y robos de los autos.
Publicado el 17.02.2017
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“La memoria es frágil, porque la nueva ley es un retroceso respecto del acuerdo que se suscribió en 2012”.

Así de enfático fue el ex director del Sernac, Juan Antonio Peribonio, en una carta publicada ayer en “El Mercurio” respecto de la nueva ley de estacionamientos que comenzó a operar en el país el miércoles pasado, y que establece nuevas tarifas y formas de cobranza.

Para Peribonio, es un retroceso porque en junio de 2012 se logró un acuerdo entre el Sernac, los ministerios de Economía y de Vivienda y Urbanismo y la Cámara Chilena de Centros Comerciales, que entregaba más beneficios a los clientes respecto de la actual ley, que fue impulsada por diputados de la Nueva Mayoría.

De hecho, en los últimos días han aparecido en la prensa las primeras denuncias de que los estacionamientos cobran más caro que antes, como ocurre en el aparcadero subterráneo de Plaza de Armas, donde la tarifa diurna máxima pasó de $9.100 a $12 mil, y en el Parking de Agustinas subió en $1.500.

Los beneficios acordados en 2012

Las negociaciones de 2012 duraron un mes y fueron especialmente arduas, incluso al interior de gobierno de Sebastián Piñera, debido a la exigencia inicial de Peribonio de que los estacionamientos fueran gratuitos. “Los estacionamientos, a nuestra interpretación, son parte del giro principal y por eso que estimamos que los clientes que los utilizan deben hacerlo en forma gratuita”, señalaba el director del Sernac, postura que era fuertemente rechazada por diversos ministros de Estado, incluido el propio Mandatario que zanjó el conflicto.

Finalmente, el 16 de junio se firmó un acuerdo entre el gobierno y siete de los principales centros comerciales del país: Parque Arauco, el Grupo Plaza, D&S Walmart Chile Inmobiliaria, Rentas Falabella, Grupo Pasamar, Corp Activos Inmobiliarios y Cencosud.

El acuerdo contemplaba gratuidad durante los primeros 30 minutos, no cobrar el acceso a los baños y que las empresas debían responsabilizarse por los robos o accidentes al interior de los recintos, beneficios que no contempla la actual legislación.

También se estableció la mejora de los sistemas de información a los consumidores sobre tarifas y modalidades de cobro, mejorar los accesos a los centros comerciales, retirar los letreros que señalaban la exención absoluta de responsabilidad por daños, hurtos y robos que tengan lugar en los establecimientos, establecer protocolos de emergencia y asistencia para casos de catástrofe a fin de resguardar la seguridad de las personas.

Además, se contempló un sistema de consultas y reclamos para el caso de pérdida, hurtos, robos y otras situaciones que afectaran a los clientes. Tras la firma, Peribonio dijo que era “menos de lo que queríamos pero más de lo que había”, y pidió ver el “vaso medio lleno” ante las críticas de que no hubo gratuidad total.

La ley que buscaba gratuidad durante dos horas

Pero dos años después, ocho diputados de la DC liderados por Fuad Chahín, disconformes con dicho acuerdo, redactaron un proyecto de ley que buscaba instalar la gratuidad en forma permanente durante la primera media hora, y hasta dos horas siempre que se hubiera realizado alguna compra en el centro comercial.

La iniciativa incluía a clínicas, hospitales, centros comerciales, malls, strips center y supermercado, y se tramitó durante más de dos años en el Congreso.

Sin embargo, en el Senado se hicieron una serie de cambios, que eliminaron la gratuidad a todo evento de la media hora y le permitió a las empresas elegir entre dos mecanismos de cobro, por minuto o tramo horario.

Ahora sólo se podrá cobrar por tramo de tiempo a partir de la primera media hora (que se cobra fraccionada). Luego, los tramos sólo podrán ser de 10 minutos cada uno. Y el proveedor podrá redondear sólo si se hace en favor del usuario.

De esta manera, si un auto está 27 minutos, se le cobran esos 27 minutos y no un tramo de “primeros 30 minutos” como podía ocurrir con la legislación antigua.

Además, si el consumidor pierde el comprobante de ingreso, el proveedor deberá consultar sus registros para determinar de manera fehaciente el tiempo efectivo de utilización del servicio y cobrar la tarifa correspondiente. También, se prohíbe el cobro de una tarifa prefijada, multas o recargos.

Las clínicas y hospitales no podrán realizar cobro por los servicios de estacionamiento, cuando éstos sean utilizados en urgencias o emergencias y durante el tiempo que duren éstas o por pacientes que presenten dificultad física permanente o transitoria para su desplazamiento.