La presidenta del sindicato del Registro Civil asegura que el gobierno está obligando a los funcionarios públicos a realizar el Censo porque no consiguieron voluntarios, y que se expondrá a las funcionarias mujeres a situaciones de inseguridad. Además, el sindicato de empleados a honorarios del Mineduc denuncia que les están exigiendo participar pese a que están eximidos por la ley.
Publicado el 16.02.2017
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La falta de voluntarios para el Censo del próximo 19 de abril llevó al gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet a tomar la inédita decisión de obligar a los funcionarios públicos a realizar labores de censistas y supervisores.

De las 538 mil personas que se necesitan, aún faltan 212 mil por reclutar para realizar la compleja encuesta que prometió la Mandataria durante su campaña. Los censos anteriores -a excepción del de 2012- se realizaron con el 70% de estudiantes de tercero y cuarto medio.

La directora del Instituto Nacional de Estadísticas, Ximena Clark, dijo que si bien “los servicios públicos han mostrado su compromiso con el Censo 2017 entregando una importante dotación de inscritos, aún hay espacios para seguir sumando funcionarios públicos, ya sea de planta, contrata y honorarios”.

Las voces que se levantan contra la obligatoriedad

Sin embargo, ya empiezan a asomar las primeras voces críticas contra la obligatoriedad que impone el gobierno, como la del Sindicato de Trabajadores a Honorarios del Ministerio de Educación (Sinthe), que denunció que inscribieron a empleados a honorarios pese a que la ley sólo obliga a los que están a contrata o planta.

“La participación voluntaria es una decisión individual de cada uno de los trabajadores a honorarios, por lo tanto no podemos ser obligados por la autoridad a asistir a capacitaciones u otras actividades derivadas de la preparación, ni menos a participar ese día como censistas, superiores o ayudantes”, afirmó la agrupación.

Además, lamentaron la actuación del Mineduc y denunciaron la “falta de claridad con que la autoridad ha abordado el tema. Las confusiones no sólo profundizan nuestro menoscabo, sino que enlodan un proceso republicano en el que se debe cautelar la participación voluntaria”.

El gerente de asuntos públicos de la encuestadora Cadem, Roberto Izikson, también tuvo reparos con la medida. En su cuenta de Twitter sostuvo que realizar un Censo con “miles de voluntarios-obligados sin experiencia en aplicar encuestas corre el riesgo de que vuelva a quedar un despelote altísimo”.

Nelly Díaz: “Van a ir mujeres solas a poblaciones, a exponerse. ¿Qué garantías nos ofrece el Estado?”

A los cuestionamientos se suma Nelly Díaz, presidenta de los funcionarios del Registro Civil, quien aborda para “El Líbero” los temores que tienen los empleados de esa repartición pública, en su mayoría mujeres.

– ¿Qué opina de la obligación de ir a censar?

– Al principio iba a ser voluntario, pero como no consiguieron funcionarios públicos ahora nos están obligando. Lo malo es que se nos está obligando y nos van a pagar con horas compensadas con día de trabajo, y se supone que es feriado irrenunciable para todos los trabajadores. Faltan 200 mil cupos de censistas por llenar.

– ¿Cuáles son sus aprehensiones?

– Van a ir mujeres solas a poblaciones, a exponerse. ¿Qué garantías nos ofrece el Estado? Somos un servicio esencialmente femenino. Una vez que lleguemos de vacaciones vamos a conversar con el director nacional para ver qué garantías nos dan, y si no hay garantías de seguridad para nuestras funcionarias, no estaremos en condiciones de mandarlas a la calle. No es por estigmatizar, pero el otro día una funcionaria me decía ‘¿qué pasa si me mandan a cierta comuna? Porque me dará miedo ir’. Hay que preocupase de las garantías que dará el gobierno para trabajar ese día.

– ¿Habían participado antes en algún Censo de forma obligada?

– Generalmente eran voluntarios. Lo lamentable es que hoy no hay muchos interesados. Antiguamente uno iba a los Censos pero eran otras las condiciones del país, de más seguridad. No salíamos con temor a censar, pero hoy tienen que darse ciertas garantías.

– ¿El INE ha capacitado a los funcionarios?

– No se ha hecho ninguna capacitación. Solo han pasado un cuestionario que debe responder la gente, pero no ha habido capacitación real para censar.

– ¿Qué sanciones habrá contra los funcionarios que se nieguen a censar?

– Somos funcionarios públicos y debemos hacer la pega. Distinto es que nos den garantías, sobre todo a las mujeres. En estas condiciones que se han dicho creo que no hay garantías.