La querella del SII en contra de la nuera de Bachelet por un perjuicio fiscal de $160 millones de la empresa Caval está amparada en la misma tipificación de delito tributario de emisión de facturas y boletas falsas y declaraciones de renta maliciosas que afectó a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.
Publicado el 06.01.2016
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La querella por delitos tributarios que presentó este lunes el Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra de los socios de la empresa Caval, Natalia Compagnon y Mauricio Valero, podría significarles, incluso, la prisión preventiva una vez que sean formalizados ante el Tribunal de Garantía de Rancagua en las próximas semanas.

Ello, porque el juez Alejandro Vilches acogió el recurso judicial del SII que establece que la nuera de Bachelet y su socio serían autores del delito tributario previsto y sancionado en el inciso primero del artículo 97, N° 4 del Código Tributario, que sanciona las declaraciones maliciosamente falsas al incorporar facturas ideológicamente falsas por trabajos no realizados en la contabilidad de Caval, “rebajando indebidamente la base imponible del impuesto a la renta que le correspondía pagar”.

Según la denuncia, hay nueve facturas ideológicamente falsas que emitió Inversiones y Asesorías Lo Beltrán Limitada a Caval, y que habrían sido incorporadas a su contabilidad durante el 22 de agosto de 2012 y el 7 de marzo de 2014, por $160 millones. Cuatro de esas facturas son por $20 millones cada una, otras cuatro por $5 millones y una por $60 millones.

Las penas que arriesgan los dueños de Caval

El denominador común en los casos Penta, SQM y Caval es que declararon gastos fraudulentos en las declaraciones anuales de renta para pagar menos impuestos al Fisco.

Y es que precisamente el artículo 97 numeral 4 del Código Tributario ha sido usado por Impuestos Internos en contra de los entonces ejecutivos de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano y Hugo Bravo, y también en contra del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, Pablo Zalaquett y Jovino Novia, entre otros formalizados en esa causa.

El SII también se querelló por el mismo delito en contra del recaudador de la campaña de Michelle Bachelet, Giorgio Martelli, y de la contadora de la DC Clara Bensan por sus labores de recaudación en la campaña presidencial de 2009, aunque no lo ha hecho por la campaña de 2013 en la que trabajaron el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, entre otras ex autoridades y asesores del Gobierno, lo que ha desatado las críticas de la oposición.

En los casos de Penta y SQM, los tribunales dictaron medidas cautelares que fueron desde la prisión preventiva para Lavín, Délano, Wagner e Iván Álvarez, hasta arresto domiciliario para Martelli y Zalaquett, y firma mensual y arraigo nacional para el propio Zalaquett y Clara Bensan.

El delito invocado contempla para los infractores una pena de presidio menor en sus grados medio a máximo –entre tres años y un día a cinco años- y con una multa de hasta 40 unidades tributarias anuales.

Pero según abogados tributaristas consulados por este medio, los representantes de la empresa Caval podrían recibir teóricamente hasta 10 años de cárcel en caso de que la Fiscalía invoque la causal de que los “los contribuyentes afectos al Impuesto a las Ventas y Servicios u otros impuestos sujetos a retención o recargo, que realicen maliciosamente cualquiera maniobra tendiente a aumentar el verdadero monto de los créditos o imputaciones que tengan derecho a hacer valer, en relación con las cantidades que deban pagar, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y con multa del cien por ciento al trescientos por ciento de lo defraudado”.

El cambio de discurso del director del SII

fernando barrazaLa presentación de la querella en contra de Caval del director del SII, Fernando Barraza, nombrado en el cargo por Bachelet en agosto pasado tras la renuncia en mayo de Michel Jorrat, se hizo menos de un mes y medio después de que en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados señalara que “aún no tenemos los elementos de juicio necesarios para efectos de poder determinar la eventual interposición de una querella o denuncia“.

Incluso, Barraza admitió en esa citación del 24 de noviembre de 2015 que Impuestos Internos cambió su estrategia de interponer acciones judiciales en contra de los contribuyentes ya que “no corresponde presentar querellas bajo la forma ‘contra quienes resulten responsables’. Estamos retomando el criterio del SII en que las querellas siempre han sido cuando llegamos a la convicción de que hay delito. Las querellas son serias, son acciones que hay que definir con la mayor responsabilidad y cantidad de antecedentes”.

Sin embargo, el director del SII recibió las críticas y los cuestionamientos de varios actores del propio Ministerio Público, como el entonces fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien le respondió que “como Fiscalía he dicho varias veces que siempre nos interesan las querellas y las denuncias porque cooperan en la persecución penal”.

Luis Toledo, fiscal O'HigginsEl propio fiscal de Rancagua que investiga el caso Caval, Luis Toledo, se reunió varias veces durante el año pasado con directivos del SII para entregar antecedentes que permitieran fundamentar la querella, y el abogado querellante, Mario Zumelzu, amenazó con presentar un recurso judicial en contra de Barraza. “Si existe delito y Barraza no presenta querella está defraudando al Estado, y el funcionario público que actuando en razón de su cargo defrauda al Estado es culpable de fraude al fisco según el artículo 239 del Código Penal”, señaló a este medio el mes pasado.

Las inconsistencias tributarias de Caval

Los antecedentes sobre los que se fundamenta la querella del SII son de conocimiento público, al menos, desde abril pasado cuando una  auditoría de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público –publicada por este medio- detectó que Caval presentó “inconsistencias” en su declaración de renta ante el Servicio de Impuestos Internos en 2012, año en que obtuvo ingresos por más de $1.531 millones.

Se observan inconsistencias en los datos declarados del patrimonio financiero y el capital propio tributario, debido a que ambos presentan el mismo valor y son negativos, lo cual no es concordante con el ingreso de $1.531 millones, ni el resultado tributario (utilidad), ni el total de pasivos y activos”, concluye el informe de tres páginas que tiene en su carpeta de Caval la Fiscalía de Rancagua.

Ello significa que los socios de la empresa, Natalia Compagnon y Mauricio Valero, sacaron las utilidades devengadas por la sociedad y se las repartieron o gastaron, dejando a la empresa en una precaria situación financiera. Las deudas, además, sumaron $517 millones, quedando un patrimonio financiero de -$69 millones.

Dicha  “anomalía tributaria” detectada por la Fiscalía  y las “inconsistencias” encontradas por el SII llevaron a Compagnon y a Valero a ir a la sede en Teatinos 120 para realizar una rectificación en su declaración de renta de 2012, y devolverle al fisco $121 millones que habían sido declarados erróneamente como gasto.

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