Pese a que la ministra Blanco afirma que la gente “siente ciertos abusos”, en mayo el subsecretario Ignacio Suárez le pidió al órgano contralor que reconsiderara su decisión de rechazar las pensiones que superen el tope imponible de 60 UF más su reajuste ($1.778.189).
Publicado el 13.07.2016
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Una amplia redada contra funcionarios de Gendarmería que estarían cometiendo irregularidades y abusos anunció ayer la ministra de Justicia, Javiera Blanco, ante los cuestionamientos por los millonarios “jubilazos” que ha entregado dicho organismo a varios ex empleados, entre ellos la esposa del diputado socialista, Osvaldo Andrade, Myriam Olate Berríos.

“Lo que corresponde es que quienes sean parte de los abusos no sigan siendo parte de la institución. Es un cúmulo de licencias que se han extendido por un tiempo que no corresponde. Hay un trabajo en torno a eso, lo que nos permite decir que el viernes vamos a anunciar un número importante de desvinculaciones por el mal uso de un derecho que le asiste a la gente y del cual mucha gente hace buen uso y lamentablemente queda con este manto de dudas”, manifestó Blanco.

La secretaria de Estado agregó que si bien hay licencias médicas que cumplen con los requisitos, existen casos en que se registran “patrones de mal uso y no cumplen con los requisitos de la Ley. En esos casos vamos a ser muy severos, en el sentido de que no nos va a temblar la mano sea quien sea y caiga quien caiga”.

Las contradicciones de la ministra Blanco

La ministra de Justicia dijo este lunes tras el consejo de gabinete en La Moneda que la Presidenta Bachelet pidió “hacer causa común con el sentir popular. Es obvio que la gente frente a estas situaciones sienta ciertos abusos”.

Sin embargo, lo paradójico es que su propia cartera envió el 6 de mayo el oficio 3017 a la Contraloría General de la República para que “reconsiderara” la fijación de las pensiones en el tope máximo imponible de 60 UF (($1.778.189), que impedía las millonarias jubilaciones, como la de Olate y otros que superan los $5,2 millones.

El escrito es firmado por el subsecretario de Justicia, Ignacio Suárez, quien pide en “forma respetuosa y conveniente reconsiderar el criterio del órgano contralor expresado en la representación a las resoluciones de la Dirección de Previsión de Carabineros, basadas en el tope imponible de las remuneraciones que sirven de base para el cálculo de la pensión de retiro del personal ya señalado, pues el artículo cinco, inciso uno del DL 3.501 tiene una excepción vigente contenida en su inciso segundo, que se remite al artículo 25 de la ley número 15.386 (norma también vigente), que claramente establece que este tope imponible no regirá respecto de los personales a quienes se aplican los DFL 1 y 2 de 1968, de los Ministerios de Defensa nacional e Interior, respectivamente, y sus modificaciones y aclaraciones, y por sobre todo, porque el artículo 34 del DL 3501 establece que la totalidad de ese cuerpo normativo no se aplicará al personal señalado en el artículo 96 del DL 3.500 norma ya citada”.

Entre los argumentos entregados por el subsecretario de Justicia, señala que “la pensión de retiro se computará sobre la base del 100% de la última remuneración imponible de actividad”, lo que, en su opinión, valida los jubilazos de Gendarmería que utilizaron los meses con mayor sueldo por bonos trimestrales (marzo, junio, septiembre y diciembre) para pensionarse.

Las razones de Contraloría para terminar con los “jubilazos”

El 9 de junio pasado el contralor Jorge Bermúdez emitió un polémico dictamen en que rechazó la mencionada solicitud de reconsideración del Ministerio Justicia que pretendía seguir pagando las jubilaciones por sobre las 60 UF más su reajuste.

El contralor argumentó en su dictamen que  éstas estaban fuera de la ley, reiterando el criterio que ya había planteado la Contraloría en sus oficios de 20 y 21 de abril, en los que rechazó tomar razón de 16 pensiones sobre las 60 UF.

En un segundo dictamen, del 8 de julio pasado, respondió consultas prácticas de las asociaciones de suboficiales y gendarmes y de trabajadores, reiteró que el tope de esas pensiones es de 60 UF y su reajuste, y señaló que se aplica a todos los funcionarios de Gendarmería jubilados por Dipreca sin distinción de estamento, grado, antigüedad o cualquier otra circunstancia.

Ello, porque la ley de 1993 que integró a dichos funcionarios a Dipreca que los dejó sujetos a la Escala Única de Sueldos con tope de los funcionarios públicos civiles, no hizo las debidas distinciones al respecto.

El contralor también estableció que las pensiones cursadas con anterioridad a los oficios de abril no se ven alcanzadas por la aplicación de dicho límite legal, pero ello no impide que otros aspectos de la legalidad de esas pensiones sean revisados, de modo que las pensiones que exceden el tope pueden ser dejadas sin efecto por los tribunales de justicia o bien revisadas administrativamente por la Contraloría, por Dipreca o por Gendarmería, especialmente respecto de situaciones irregulares que puedan advertirse. Ello, además, sin perjuicio de la revisión penal que en algunos casos corresponda.

La jubilación de un técnico de Gendarmería es mayor que la de los ministros de la Corte Suprema

Entre las varias anomalías que encontró la Contraloría, está que un técnico con asignación profesional grado 10 de Gendarmería se jubila con $1 millón 628 mil, monto superior al $1 millón 563 mil con que se retiran los ministros de la Corte Suprema adscritos al Instituto de Previsión Social.

Además, todos los oficiales de Gendarmería liderarían el ranking de los funcionarios mejores pensionados de toda la administración pública, si no se les aplica el tope legal de las 60 UF más su reajuste. Por ejemplo, el director nacional  recibiría $5,6 millones, el subdirector $5,4 millones, y los coroneles $4,5 millones.

En cambio, los ministros de Estado que se retiren a través del ISP recibirían $1,1 millón, casi similar a un sargento de Gendarmería con grado 12.