Especialista detalla los problemas que una arbitraria fijación de costos por parte del Estado significaría para las universidades, los estudiantes y la calidad de la educación.
Publicado el 01.06.2015
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Mientras la opinión pública, los parlamentarios y los rectores debaten acaloradamente sobre la discriminación que significaría dejar fuera de la gratuidad en la educación superior a los alumnos vulnerables de las universidades privadas, de Institutos Profesionales y de Centros de Formación Técnica (CFT), el Ministerio de Educación avanza sigilosamente en el complejo proceso de fijar los precios a las carreras que serán gratuitas.

Según información que tuvo “El Líbero”, el proceso en el Mineduc está en pleno desarrollo, está siendo liderado por la subsecretaria Valentina Quiroga y se están consultando experiencias internacionales que permitan ponerle un mismo precio a las carreras y programas educativos que se imparten desde Arica a Punta Arenas.

Y es que según un estudio de Acción Educar al que tuvo acceso este medio, darle gratuidad al 60% de los alumnos más vulnerables de las universidades del Consejo de Rectores (CRUCh) y a los CFT e IP que sean fundaciones sin fines de lucro  -como anunció la Presidenta Michelle Bachelet en la Cuenta Pública-, significa fijar los precios de 2.727 carreras o programas educativos para marzo de 2016.

En cambio, dar gratuidad universal a los 1,2 millones de estudiantes de educación superior, como plantea el Gobierno en el largo plazo, significaría fijar los precios de 12.037 carreras.

Esta cifra se desglosa en las 2.399 carreras que imparten los CFT del país, las 4.572 de los Institutos Profesionales, las 1.925 carreras o programas del CRUCh y 3.141 de universidades privadas.

Rector Benítez, el primero en renunciar a eventual gratuidad

Andrés Benítez, rector de la UAILa fijación de precios tiene una serie de complejidades y de impactos en las universidades, como la eventual pérdida de autonomía y de calidad, que llevaron al rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez, a ser el primero en manifestar públicamente que no se adscribirá a dicho programa de gratuidad cuando sea extendido a las universidades privadas.

Prefiero estar fuera, porque no tiene sentido estar en un sistema en que cada año tenga que mendigar plata. Prefiero ser independiente y demostrar que tengo más calidad”, afirmó Benítez, transparentando una preocupación común en los rectores del Consorcio de Universidades Privadas (CUP).

En la misma línea, el rector de la universidad Andrés Bello, José Rodríguez, manifestó que  cualquier “nuevo modelo de financiamiento debe seguir, necesariamente, respetando el principio de diversidad y los proyectos educativos de cada institución”.

Presidente de Acción Educar: “Fijar precios tiene una serie de efectos negativos”

Raúl FigueroRaúl Figueroa, presidente de Acción Educara, presidente de Acción Educar, detalla los problemas y el negativo impacto que tendría en las universidades, la calidad de la educación y en los alumnos la fijación de precios en las carreras por parte del Estado.

-¿Cuál es su análisis general sobre la fijación de precios anunciada?

-Al margen de la importante discusión de si las políticas de gratuidad implican discriminación arbitraria a un grupo de alumnos, lo que debe ser corregido, hay un anuncio que hizo la Presidenta Bachelet en la Cuenta Pública sobre la gratuidad universal que es también preocupante, y dice relación con el mecanismo para llevar adelante esa gratuidad. Mecanismo que pasa esencialmente por la fijación de aranceles de parte del Estado a las instituciones de educación superior.

-¿Por qué considera que es preocupante?

-Porque el financiamiento dejará de ser a los estudiantes y pasará directo a las instituciones.  El programa del  Gobierno y las autoridades de Educación señalan que es fundamental establecer los aranceles de cada una de las carreras para, por esa vía, entregarles los recursos que necesitan para funcionar las instituciones.

-¿Cuáles son los impactos de la fijación de precios para las universidades?

-Fijar precio tiene una serie de efectos negativos. El primero es que le pone un techo al desarrollo de las instituciones, que no podrán desarrollarse más allá de lo que el presupuesto del estado les permita. Implica un freno al desarrollo institucional. El segundo efecto es que como establece una estructura de costo que homogeniza a las universidades, se presume que los costos son todos iguales para las instituciones. Por ejemplo, los programas que hoy tienen aranceles más altos por mayores costos, si la fórmula no le reconoce esos mayores costos, tendrán que bajar la calidad para adecuarse al financiamiento del estado. Un tercer efecto negativo es que las instituciones desarrollaran los programas con aranceles fijos que le aseguren que no tendrán pérdidas. A lo mejor hay carreras interesantes que salen caras o que el arancel no le financia todos los costos y la institución decida cerrarlas. Otro elemento grave dice relación a que junto con fijar los precios el estado establecerá cuotas de alumnos por carrera,  y eso afecta particularmente a los alumnos más vulnerables porque al limitar las vacantes se llenan primero con los puntajes más altos. La limitación de cupos afecta no al alumno destacado, que generalmente es de sectores socioeconómico mayores, sino al alumno de familias más vulnerables. Fijar los precios implica para la institución acotar sus gastos y fijar ciertos precios internos dentro de cada institución. Como la universidad tiene que adecuar sus costos al precio del estado, los servicios y bienes que debe adquirir o contratar para las carreras deben ajustarse al precio fijado. Podría ocurrir que tiendan a bajar los sueldos de los profesores porque, de alguna manera, las universidades tendrán que ajustar sus costos en aspectos donde aún tienen cierto margen de negociación.

-¿Cómo se fija el precio de una carrera?

-Hoy las instituciones son las que establecen los aranceles de las carreras, y lo hacen de acuerdo a sus costos y al nivel de calidad que le quieren dar a ese programa. Por eso no es raro encontrar que carreras en el papel similares son más caras en una institución que en otra, porque el costo puede ser más alto si se contratan profesores con honorarios más elevados, laboratorios más sofisticados o se entregan beneficios o acceso a los estudiantes. Hoy existe una amplia diversidad de oferta académica, y ésa es una de las cosas que hace muy difícil la fijación de aranceles de parte del Estado. El Gobierno ha dicho que para fijar los aranceles se establecerá un modelo de costos, y se convocará a una comisión de expertos que tendrán que diseñar una universidad modelo con carreras modelos, y atribuirle una estructura de costos que ellos consideran adecuado para una determinada carrera. Tal como se hace hoy en los mercados con monopolios regulados como el sanitario. Pero eso se entiende en esos casos monopólicos, pero no cuando en educación hay una enorme diversidad, y además, las universidades no son empresas. La aplicación de un modelo único es contradictorio con las características esenciales del sistema universitario, porque cuando hay modelo único para fijar costos de educación superior desconoces la diversidad, y obligas a todas las instituciones que se parezcan unas a otras para adecuarse a una estructura de costo que se fija desde el aparato estatal. El Mineduc diseñará una fórmula que al estado le parece razonable, y por esa vía establece la estructura de costo de cada carrera e institución.

-¿Cómo se incorpora la variación de precios y costos en una economía de mercado?

-No hay claridad aún. Se ha dicho que se fijarán los precios y que será a través de una universidad modelo, pero no conocemos la manera concreta que se llevará a cabo. Es grave porque la gratuidad que comenzará en marzo de 2016.

-Los estudiantes de la misma carrera que sí pagarán, ¿cuál precio tendrán, el del Estado o el de la Universidad?

-Eso se debe despejar lo antes posible. Si vemos lo que dice el programa, que tiene la mayor cantidad de detalles, plantea que cuando haya gratuidad las universidades deberán firmar convenio para adherirse, deben someterse a las condiciones que ese convenio imponga. Significa que, entre otras cosas, las universidades deben permitir que el estado le fije los aranceles, admitir a determinados alumnos de cierta condición socioeconómica y modificar sus mecanismos de gobierno interno. Al firmar el convenio la institución pierde autonomía en su gobierno interno, en sus mecanismos de admisión y no puede hacer nada que el presupuesto no le permita realizar. Esa universidad no podría cobrarle a ningún alumno más allá de lo establecido por el Estado. En este proceso de transición creo que lo razonable es que a los alumnos que se le pueda cobrar sea arancel libre, pero es una de las cosas que el Mineduc debe despejar pronto. No es lo mismo para una institución fijar su presupuesto con el arancel que le fija el gobierno, que sobre la base del arancel que libremente puede establecer.

-¿Qué costos tiene una carrera?

-Uno puede entender que hay insumos mínimos necesarios, como el capital humano, los profesores, asistentes y funcionarios administrativos, que en algunos casos se distribuyen en todas las carreras y otros en algunas carreras determinadas. Los otros gastos tienen que ver con infraestructura, algunas son compartidas y otras son específicas de cada carrera. Depende de la carrera, equipamiento, laboratorios en las carreras médicas, por ejemplo. Hay que identificar todos los costos de cada carrera, lo que tiene una dificultad porque no todas necesitan lo mismo.

¿Cuál es la diferencia de esta fijación de precios con la de aranceles que ya realiza el Mineduc?

Los aranceles de referencia tienen por finalidad establecer el monto máximo  que el Estado entrega por concepto de créditos y algunas becas para financiar los estudios de educación superior y, por lo tanto, no implican ni pretenden ser una fijación de precios para cada carrera.  El mecanismo de cálculo de los aranceles de referencia no considera los costos de cada carrera, sino que se hace sobre la base de criterios históricos de los aranceles de las instituciones, y ciertos indicadores académicos y de eficiencia docente.  En parte, la diferencia que se aprecia entre los aranceles reales de las instituciones y el arancel de referencia que cada año se determina obedece, precisamente, a la dificultad para determinar aranceles y a captar, por esa vía, las características y diferencias de cada proyecto. La fijación de aranceles propiamente tal implica acotar los ingresos de las instituciones al monto que se determine, lo que no ocurre con los aranceles de referencia.

Comisión de Diputados cita al ministro Eyzaguirre

Hoy durante la mañana, la comisión de Educación de la Cámara de Diputados acordó por unanimidad y, pese a la inicial reticencia de su presidenta, Camila Vallejo, citar al ministro de Educación Nicolas Eyzaguirre.

El secretario de Estado deberá responder las críticas de discriminación e inconstitucionalidad que ha recibido el proyecto de gratuidad para el 60% de los alumnos que estudian en las universidades del Consejo de Rectores y de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales sin fines de lucro, medida que deja a 420 mil alumnos sin el beneficio, es decir, el 62% de los alumnos vulnerables del país.

A Eyzaguirre también se le indagará por el mecanismo para aplicar dicha gratuidad, y cómo se fijarán los precios para casi 2.800 carreras del país, con las complejidades que ello tiene.

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI /AGENCIA UNO